MEMORIA DEMOCRÁTICA
Un juzgado de Madrid admite a trámite una nueva querella por crímenes contra la humanidad durante el franquismo
El magistrado reclama como diligencia previa que la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior facilite los datos de identidad y la filiación completa de las cinco personas contra las que se dirige la querella

Juzgados de Madrid. / EFE
EFE
Un Juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por Carlos Serrano Suárez contra cinco miembros de la Brigada Político Social franquista, a los que acusa de crímenes contra la humanidad por las torturas que sufrió en el año 1975.
Así lo ha informado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), que recuerda que recientemente fueron admitidas otras dos querellas por crímenes contra la humanidad durante la dictadura de Francisco Franco, una de ellas en un Juzgado de Elda (Alicante) por el asesinato de Teófilo del Valle en 1976, en la que entre los querellados figura el que fuera ministro de Relaciones Sindicales de la época, Rodolfo Martín Villa.
Además un Juzgado de Paterna (Valencia) admitió a trámite otra querella por el de Fausto Viana Cañada en 1942.
Ahora, en un auto al que ha tenido acceso EFE, el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, determina que los hechos a los que alude la querella de Carlos Serrano Suárez presentan características que "hacen presumir" la existencia de delitos de torturas.
Por ello da por iniciado el procedimiento judicial para comenzar con la fase de investigación y da parte de ello al Ministerio Fiscal.
El magistrado reclama como diligencia previa que la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior facilite los datos de identidad y la filiación completa de las cinco personas contra las que se dirige la querella, pertenecientes en 1975 a la rama regional en Madrid de la Brigada Político Social.
En un comunicado CEAQUA valora la admisión a trámite de la querella si bien puntualiza que las autoridades son las que deben revertir las "políticas de impunidad" de las que a su juicio goza el franquismo, por lo que defiende medidas legislativas que garanticen el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron violaciones de derechos humanos en este periodo y en la transición.
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