Investigación en el Supremo

La pareja de Ayuso carga contra el fiscal general ante el Supremo: "Ha abandonado la misión de promover la justicia"

Argumenta en contra del recurso que la Abogacía del Estado presentó contra las primeras conclusiones del juez del Supremo y acusa a García Ortiz de "boicotear" la instrucción

García Ortiz es increpado a su llegada al Tribunal Supremo

PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Alberto González Amador, que ejerce la acusación particular en la causa que se instruye en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, ha presentado un escrito de alegaciones contra el recurso con el que Álvaro García Ortiz trata de invalidar los indicios apuntados contra él por el instructor de la causa.

En términos muy duros, el texto que firma el letrad que representa a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, apunta a que a través de las argumentaciones de su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, el fiscal general "ha abandonado la misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad hasta convertirse en el mayor enemigo de la función jurisdiccional" que ejerce el Tribunal Supremo en este asunto. A lo largo de 60 páginas de escrito, a los que ha tenido acceso este diario, les acusa de "boicotear" la instrucción del juez Ángel Hurtado.

El recurso del fiscal general trataba de combatir un auto en el que el juez justificaba su decisión de llamarle a declarar este miércoles en calidad de investigado, lo que supuso su imputación formal en la causa. En este auto, Hurtado también aludía a gestiones realizadas desde Moncloa para filtrar a un medio digital afín el correo en el que desde la defensa de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso se proponía a la Fiscalía un pacto para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda.

Borrado de mensajes

Incide, entre otros asuntos, en el hecho de que García Ortiz procediera a deshacerse del teléfono móvil que contenía "información y comunicaciones relativos a los hechos que se investigan" y ello después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo hiciera pública su decisión de asumir la causa contra él, "haciendo uso para ello de su cargo público". Según esta parte, la aportación de los citados mensajes hubiera permitido "el descubrimiento de la verdad de lo sucedido", pero frente a ello se ha obligado al tribunal a "acordar diligencias alternativas" que además son recurridas por su defensa "a través del uso de recursos públicos".

Afirmaciones falsas

En otra parte del escrito, la acusación ejercida por Alberto González Amador acusa al fiscal general de mentir en sus declaraciones públicas sobre este asunto. También acusa de faltar a la verdad a la otra investigada en la causa, la jefa provincial Pilar Rodríguez, cuando declaró ante el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia, antes de que el caso llegara al alto tribunal. Para ello, la acusación se basa en el contenido de los mensajes de su teléfono móvil.

Por otra parte, la acusación insiste ante Hurtado que desde el 14 de marzo de 2024, fecha de la publicación de la nota de prensa con datos de González Amador que dio origen a este procedimiento, "y antes de que ningún proceso penal se dirigiera frente a Alberto González Amador", el empresario "pasó a ser denominado de forma pública delincuente confeso por todos los políticos de grupos rivales al de su pareja sentimental" y por algunos medios de comunicación, "con la lesión de forma absoluta y definitiva de sus derechos fundamentales" a la intimidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa. 

Estas manifestaciones se producen después de que, el pasado lunes, Hurtado afirmara que el hecho de que la defensa de González Amador hiciera un reconocimiento expreso de dos delitos tributarios de cara a alcanzar un pacto con Hacienda dio pie a que se le considere "un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva".

Finalmente, la representación letrada de la pareja de Ayuso también alega que el "boicot" a la instrucción de esta causa llegue a través de la propia Fiscalía, representada por la número dos de la Fiscalía y teniente fiscal del Supremo, Maria Ángeles Sánchez Conde.  

Para ello relata un episodio ocurrido al inicio de la causa, cuando la fiscal asignada inicialmente al asunto ante el Tribunal Superior de Madrid , María de la O Silva, se encontró en una reunión "sorpresa" a la que asistió la denunciada Pilar Rodríguez y se le ordenó "cambiar el sentido de su informe que promovía la investigación de los hechos, por un informe en el que se solicitara la inadmisión de la querella". El asunto fue finalmente asumido por el fiscal jefe de Extremadura.

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