Investigación política sobre las ramificaciones canarias del ‘caso Koldo’
Víctor de Aldama se calla en Canarias
El empresario presunto cabecilla de la trama del ‘caso Koldo’ había acusado al expresidente Torres de haber pedido una ‘mordida’ de 50.000 euros

El empresario Víctor de Aldama a su salida de la sala en la que se reunió la comisión de investigación del Parlamento de Canarias. / Andrés Gutiérrez
Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama corrupta de mordidas en las compras de material sanitario durante la pandemia que es el germen del llamado 'caso Koldo' y defraudador confeso del 'caso hidrocarburos', se ha quedado mudo en el Parlamento de Canarias. En libertad provisional decretada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y asistido por su letrada, De Aldama se acogió a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación sobre las presuntas compras irregulares de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia.
En el caso de Canarias, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluyó que la empresa Soluciones de Gestión S.L. se hizo con contratos del Servicio Canario de Salud (SCS) por un montante de 12,3 millones de euros en mascarillas, lo que supone el mayor volumen de negocios de esta mercantil de la ‘trama Koldo’ en todo el país. Sin embargo, el de las mascarillas no fue el único negocio que los empresarios De Aldama, Javier Serrano, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia -grupo denominado por ellos mismos como ‘los cuatro mosqueteros’- hicieron en el Archipiélago, ya que la UCO afirmó que también "se lucraron con la realización de test para la detección del covid". En este caso las empresas fueron Fertinvest Consulting y Eurofins Megalab, sociedad que promovía un protocolo que garantizaba los vuelos libres de coronavirus, algo en lo que el Gobierno canario estaba muy interesado para promover el regreso de los isleños por Navidad en 2020, para los que se habilitaron test PCR gratuitos a cambio de 5,3 millones de euros.
Por ello, la gran expectación mediática y política que había despertado la comparecencia de De Aldama convirtió en frustración las intervenciones de los diputados, que se quedaron sin conocer más detalles sobre anteriores afirmaciones del empresario, que señaló de manera directa al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, además de máximo dirigente de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. Y es que, pese a su silencio de este jueves, en varios medios de comunicación De Aldama señaló la reforma del edificio Royal, en Las Palmas de Gran Canaria, como una de las adjudicaciones a las constructoras próximas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, además de asegurar que Torres solicitó una ‘mordida’ de 50.000 euros que él se negó a abonar y que puso a disposición del ahora ministro de Política Territorial un inmueble en la calle Atocha "para encuentros de diversa naturaleza". Acusaciones que fueron negadas por Torres, que interpuso varias demandas al empresario: "Mi agenda era pública y ahí están todas mis salidas para venir a Madrid y mis entradas y mis salidas de los hoteles pertinentes".
"No es lo mismo hablar en un plató de televisión o en los micrófonos de una radio que en una comisión de investigación, donde está obligado a decir verdad", resumió el diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez.
Una tesis que fue compartida por la socialista Nira Fierro, cuando recordó que “si usted aquí continúa diciendo las calumnias e infamias que ha dicho en todos los lados sobre Torres estaría incurriendo en un delito tipificado en el artículo 502.3 del Código Penal porque usted no ha aportado ni una sola prueba de sus acusaciones”. Un artículo que reza que cualquier convocado ante una comisión parlamentaria de investigación que "faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".
En el limbo ha quedado desvelar si el presunto comisionista conocía al ministro Torres, si el exministro Ábalos facilitó el contacto con el Gobierno canario que permitió al delegado de Soluciones de Gestión S.L., Íñigo Rotaetxe, contactar con el entonces director del SCS, Antonio Olivera, para un primer envío de mascarillas en abril de 2020. Tampoco se sabrá si tuvo relación en el contrato con Megalab ni a qué se refería cuando mandó un mensaje por whatsapp a Koldo -incluido en el informe de la UCO- en el que se aseguraba que Torres "nos debe una grandísima", lo que a juicio del conservador Fernando Enseñat y del nacionalista Díaz-Estébanez significa que el empresario habría utilizado al ex asesor de Ábalos como intermediario para agilizar los pagos por las mascarillas por parte del gabinete del ‘pacto de las flores’
Tampoco se sabrá a qué se refería cuando mandó un mensaje por WhatsApp a Koldo -incluido en el informe de la UCO- en el que se aseguraba que Torres "nos debe una grandísima", lo que a juicio del conservador Fernando Enseñat y del nacionalista Díaz-Estébanez significa que el empresario habría utilizado al ex asesor de Ábalos como intermediario para agilizar los pagos por las mascarillas por parte del gabinete del ‘pacto de las flores’.
"Hay silencios muy reveladores, y el suyo lo es", concluyó Díaz-Estébanez.
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