El Gobierno aprovecha el nuevo clima con Junts para negociar cuanto antes los Presupuestos

El Gobierno se mueve con los Presupuestos en el terreno de las expectativas. A veces suben, a veces bajan. Ahora mismo, tras el pacto con Junts que permitió sacar adelante el decreto con la subida de las pensiones y el escudo social, cotizan al alza. Los principales colaboradores de Pedro Sánchez creen que se ha abierto el camino para aprobar, aunque sea con mucho retraso, las cuentas públicas de este año. Pero no dan nada por seguro. Ni con la formación de Carles Puigdemont, ni con el resto de aliados parlamentarios, un grupo heterogéneo y a menudo mal avenido donde conviven formaciones de izquierda y derecha.

Fuentes de la Moncloa llevan tiempo señalando que los dos partidos menos proclives a respaldar los Presupuestos son Junts y Podemos, que primero puso como condición para aprobarlos la ruptura de relaciones con Israel y la bajada por ley de los alquileres. Después, cuando decayó el impuesto a las energéticas en el Congreso con los votos en contra del PP, Vox, el PNV y los posconvergentes, la fuerza que lidera Ione Belarra anunció que directamente renunciaba a negociarlos. Pero el PSOE cree que los morados no se expondrán a quedar como los responsables de que no haya cuentas públicas, mientras que la formación independentista tendría menos dudas a la hora de descolgarse, como ya ha hecho varias veces, del bloque que permitió la investidura de Sánchez. 

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Así que los esfuerzos se sitúan en Junts. Antes de entrar en materia presupuestaria, el Gobierno reconoce que debe pactar con los posconvergentes el prometido traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, un complejo asunto que continúa encallado, tras casi un año de negociaciones, en el control de las fronteras y la tramitación del NIE (el número de identificación de extranjeros), como avanzó EL PERIÓDICO en diciembre. Pero ambas partes, que volverán a reunirse próximamente en Suiza ante el mediador internacional, confían en llegar a una solución a corto plazo. “La negociación está bastante avanzada, pero no cerrada”, dijo el pasado miércoles el ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

La reunión con las autonomías

La siguiente pantalla, a abordar cuanto antes, será la de la senda de déficit, el paso previo a las cuentas públicas, que tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El organismo, que reúne a la ministra de Hacienda (la también vicepresidenta primera, María Jesús Montero) junto a los consejeros autonómicos del mismo ramo, se citará el 26 de febrero. Allí se discutirá la quita de la deuda de las comunidades que Sánchez anunció a mediados de diciembre, pero también es posible que se aborde la senda de estabilidad, que el Gobierno trató sin éxito de aprobar en dos ocasiones el año pasado. En una sufrió una derrota parlamentaria, mientras que la segunda fue retirada en el último momento ante la certeza de que se encaminaba de nuevo a un seguro varapalo. En todo caso, en la Moncloa señalan que la nueva senda, que otorga más margen a las autonomías, solo se llevará si sus aliados, empezando por Junts, han mostrado una clara disposición a respaldar los Presupuestos.

A partir de ahí comenzaría una difícil negociación a varias bandas. Si el Gobierno tiene éxito, las cuentas estarían aprobadas como pronto en mayo. Pero nadie tiene ninguna certeza. Ni en el Ejecutivo, ni entre sus socios en la Cámara baja. En ERC, por ejemplo, albergan serias dudas de que vaya a haber Presupuestos este año. 

Mientras tanto, Junts reconoce que ahora hay más posibilidades de abordar las cuentas públicas, pero siempre que se desatasquen otras carpetas: inmigración, oficialidad del catalán en la UE y una reunión entre Sánchez y Puigdemont que el jefe del Ejecutivo está dispuesto a celebrar pero fuentes de la Moncloa retrasan hasta comprobar la voluntad negociadora del expresident de la Generalitat. “Antes de grandes cosas nuevas, primero lo pendiente”, señalan fuentes de la cúpula posconvergente, donde cunde la sensación de haber ganado un pulso al Gobierno. A cambio del apoyo al recién aprobado decreto de escudo social, los socialistas han aceptado tramitar en el Congreso la proposición del partido independentista que insta a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, si bien con cambios para que quede claro que se trata de una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo.  

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Las “posibilidades”

Un moderado optimismo sobre las cuentas públicas recorre el Gobierno tras el pacto con Junts. Para Montero, “siempre que hay un acuerdo se pone de manifiesto que hay posibilidades de seguir encontrándose”. Según la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, “todo lleva a pensar que esa negociación [de Presupuestos] se va a poner encima de la mesa”. 

Aun así, en la Moncloa llevan tiempo argumentando que no sería “un drama” no aprobar las cuentas para este año, pese a que Sánchez sostenía cuando estaba en la oposición que “sin Presupuestos no se puede gobernar”. Los actuales, en vigor desde enero de 2023, son lo suficientemente “expansivos”, explican los colaboradores del presidente, para adaptarse a la coyuntura actual, como prueba el hecho de que la economía española crezca muy por encima de la media europea y el empleo esté batiendo récords. Hay ministros que defienden que sería mejor no gastar ahora esfuerzos y reservarlos para aprobar las cuentas de 2026. La importancia de sacar adelante el proyecto es sobre todo política. Como reconoce incluso el PP, serviría para blindar la legislatura, llevándola hasta finales de 2027. Pero pase lo que pase, concluyen en el Ejecutivo, no habrá adelanto electoral. 

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