Viaje al centro del caso de Alberto González Amador y la estrategia de Isabel Díaz Ayuso

Quizá por haber frecuentado durante un largo año y medio los tribunales británicos durante el caso de extradición del general-dictador Augusto Pinochet (1998, 1999, 2000) y, más recientemente, en la demanda civil de Corinna zu Sayn-Wittgenstein contra Juan Carlos I, me ha quedado la idea del test del hombre razonable ('the reasonable man'), un concepto que suelen utilizar tanto jueces como abogados para defender sus casos.

Es una idea del derecho anglosajón, que plantea la cuestión de cómo se habría comportado una persona razonable, una persona en circunstancias similares a las que se le presentaron a un demandado, imputado o acusado, en el momento de cometer una presunta negligencia o delito. Un acusado no puede eludir su responsabilidad alegando que personalmente desconocía los peligros de su conducta. Si el test, o prueba, arroja que una persona razonablemente prudente hubiera sido consciente de esos peligros en una situación similar, entonces el acusado puede ser considerado responsable de los hechos.

Vayamos al principio. El 12 de marzo de 2024, un periódico digital -eldiario.es- informó de que la Fiscalía de Madrid había denunciado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal de 350.951 euros a Hacienda en los ejercicios 2020 y 2021, a través de dos delitos y una trama de empresas que emitieron facturas falsas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se encontraba haciendo una visita en Catalunya, en un encuentro de hostelería en Castelldefels. "Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo 'más madera' y generar una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano", declaró nada más llegar, tratando de rebajar la magnitud de la denuncia, refiriéndose a ella como una inspección rutinaria de Hacienda.

"Yo sabía que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y van a intentar [Hacienda] que es una trama, aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo 'más madera' y generar una trama donde hay más que una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid", aseveró Díaz Ayuso: "Primero se te acusa y después te defiendes", dijo en una denuncia ante los medios sobre que su pareja no estaba recibiendo "un trato normal", ni se le estaba "preservando su intimidad".

Y agregó: "Desde hace cinco años, todos los días tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, después fue mi hermano, después mi madre, primos, después mi pueblo. Ahora tocaba al novio, esto es parte de lo que vengo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él ahora está haciendo es afrontar una inspección de Hacienda".   

Según Ayuso, cualquier ciudadano que haya sido sometido a una inspección de Hacienda "sabe cómo funciona. Esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid".

Al tiempo, Díaz Ayuso ponía el siguiente mensaje en su cuenta de X: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero”. Se refería a la jefa de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, lo que, según la presidenta, reforzaba la idea de que su pareja era objeto de un acoso político.

Aunque como había dicho un día antes, el martes 12, “esto [la inspección fiscal de su pareja] no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, el miércoles 13 de marzo de 2024 volvió sobre el asunto. Aquella noche, Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, alias MAR, decidieron un plan de choque que, según fuentes consultadas por este periódico. Contemplaba ese plan un endurecimiento de sus declaraciones, por un lado, y una campaña agresiva con su círculo de medios más próximo, por el otro, con munición de grueso calibre. La idea: abortar lo que consideraban la campaña iniciada con la noticia del martes 12. 

En una rueda de prensa, después de celebrar una reunión extraordinaria del consejo de la Comunidad de Madrid en el municipio madrileño de Leganés, señaló Díaz Ayuso el 13 de marzo que su pareja era víctima de una "inspección fiscal salvaje y sacada de quicio"; asegurando que el consultor estaba siendo "asediado" por "todos los poderes del Estado" solo por ser su novio y negando que empleara facturas falsas o sociedades pantalla para no tributar 351.000 euros entre 2020 y 2021, como afirmaba la inspección. 

Habida cuenta de que la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero invocara el contrato de compraventa de mascarillas de su pareja para pedir explicaciones sobre la compra del piso en que ambos viven, y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitaba su dimisión, a Díaz Ayuso cavó la trinchera y atacó. Afirmó que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja (cifra que se correspondería a la multa, ya pagada, por los hechos investigados, que abarcarían de 2018-2022).

"Si, después de toda una vida trabajando, esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprar una casa, un coche o siete, mientras esté legal, mientras esté todo en 'A', mientras esté ante notario, soy libre de subirme en ese coche o de meterme en esa cama”, dijo Díaz Ayuso sobre las preguntas relacionadas con el el piso de Chamberi y el deportivo de alta gama [Maserati] que compró González mientras su empresa, Maxwell Cremona, gracias a su labor como comisionista en la venta de mascarillas, guantes o gafas de protección durante la pandemia, multiplicaba varias veces sus ingresos.

“Mi responsabilidad estaría si el dinero de la Comunidad, el de los contribuyentes, o mi cargo, se hubieran usado para conseguir algo de eso, que es lo que está sucediendo en Moncloa”, siguió Díaz Ayudo. “Buscan desestabilizarme a través de mi destrucción personal”, añadió. "Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar", remató.

El otro punto del plan de actuación fue la difusión de un correo reservado que le había enviado el fiscal Julián Salto, encargado de la denuncia contra González Amador, a Carlos Neira, abogado del empresario, en el cual le contestaba afirmativamente el 12 de marzo de 2024 a que era posible, en efecto, negociar una propuesta que le había enviado el 2 de febrero para evitar el juicio una vez judicializada la denuncia por fraude fiscal y falsedad. Aquí Díaz Ayuso, González Amador, Carlos Neira y MAR presentaban como iniciativa del fiscal lo que era la propuesta de Neira. 

Y, además, la guinda del argumentario: “Desde arriba se echaron atrás” sobre el pacto de conformidad ideado para a cambio de admitir los delitos; librar a González Amador de cuatro meses de cárcel por cada uno de los delitos mediante el pago de 500.000 euros (cantidad defraudada y multa e intereses). 

Dejemos exprofeso lo que vino después a caballo de una hábil cortina de humo: la filtración el correo inicial del 2 de febrero, la nota informativa del 14 de marzo de la Fiscalía de Madrid, la apertura de diligencias y la casi segura intención del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de enjuiciar al fiscal general del Estado y demás.

La buena disposición judicial hacia Díaz Ayuso está acreditada. La magistrada Inmaculada Iglesias, titular del juzgado 41 de Madrid lleva cuatro aplazamientos, una por causa ajena a González Amador, y acababa de citar por quinta vez a quien ha sido denunciado por doble fraude fiscal y creación de facturas falsas a través de empresas fantasma para declarar como imputado/investigado el próximo 24 de febrero, y a su vez el juez Hurtado se disponía a procesar al FGE después de defender a González Amador contra quienes le llaman defraudador confeso.

Por tanto, el test del hombre razonable diría: si se trata de un montaje contra González Amador para castigar a Díaz Ayuso, ¿por qué no ir a juicio y defenderse contra la presunta arbitrariedad de inspectores tributarios y fiscales de lo penal?

¿Por qué ya está en marcha la conformidad? No. Que haya un correo en el que el abogado Neira haya propuesto la conformidad no tiene valor alguno.

Lo ha explicado el fiscal Salto ante el juez Hurtado.

"Esta supuesta conformidad era un poco conformidad 'sui géneris', dado que no está judicializado el asunto, no había declarado todavía el señor González Amador como investigado en esa causa y no estaban pagadas las responsabilidades civiles o consignadas o pagadas las eventuales responsables civiles derivadas del presunto delito tributario. Lo único que había es unas, es que no son ni conversaciones, o sea, es un intercambio de mail que no tienen ningún tipo de validez. O sea, eso yo no lo puedo hacer valer como una supuesta conformidad el día del juicio porque en ese correo no hay ninguna información privada, no hay ningún secreto. Es simplemente una toma de negociaciones".

Pues eso, a juicio.

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