Junts asegura que Cataluña podrá cerrar los CIE con el traspaso de inmigración

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este miércoles en una entrevista en TVE que las negociaciones con el Gobierno para el traspaso de inmigración a Cataluña están "encalladas" en tres cuestiones que su partido exige para que se materialice cualquier acuerdo definitivo: que la Generalitat sea la institución de referencia para cualquier persona que llegue del extranjero y deba hacer los trámites de llegada (lo que incluye que la expedición de los NIE se haga desde Cataluña); que la comunidad autónoma tenga la potestad de tramitar todos los expedientes sancionadores (también los de expulsión); y que sean los Mossos los que se encarguen de controlar las fronteras y "hacer cumplir la ley".

No es ninguna exigencia nueva, ya que los posconvergentes llevan meses defendiendo que el traspaso debe ser "integral" y no de "gestión". Eso sí, Turull ha reconocido que, más allá de esto, hay otros puntos en los que sí se han podido encontrar ambas partes, que llevan más de un año negociando esta carpeta. Ejemplo de ello es que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pasen a ser gestionados desde Cataluña, un asunto que el dirigente posconvergente ha asegurado que está prácticamente cerrado con el Ejecutivo central.

Junts hace años que reclama que se cierren estos centros, ya que consideran que son espacios que "vulneran los derechos humanos", una petición que fue especialmente reivindicada durante el Covid, con la entonces presidenta posconvergente, Laura Borràs. Aunque en los últimos meses otros asuntos han tomado el protagonismo del traspaso en inmigración, Turull ha recordado que esta demanda, la de bajar la persiana a estos centros, sigue siendo una voluntad del partido, por lo que tener la gestión desde Cataluña de este instrumento abre la puerta a que se puedan eliminar.

"Si los gestionamos, los podemos cerrar y ofrecer una alternativa más humana", ha comentado el secretario general de Junts, quien además ha recordado que en 2015 el Parlament ya aprobó una resolución para instar al Estado a su cierre. Pese a eso, se trató entonces de una petición simbólica y, en caso de hacerse efectivo el traspaso, la Cámara deberá volver a avalar si apuesta por suprimirlos y qué alternativas propone.