La asociación de fiscales que acusa a García Ortiz atribuye las filtraciones a su entorno y le tacha de "saboteador" de la justicia

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado, en la causa en la que se le investiga por presunta revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado sus alegaciones al expediente abierto en el Consejo General del Poder Judicial por haber trascendido datos personales del imputado. En ellas la acusación atribuye filtraciones que se han producido en el procedimiento al entorno de Álvaro García Ortiz y le tacha de "saboteador" de la justicia.

El fiscal general niega filtraciones y denuncia vulneración de derechos por el "allanamiento" de su despacho

En un escrito de cuatro páginas al que ha tenido acceso este diario, la acusación popular se suma a las alegaciones presentadas por la acusación que ejerce el propio Alberto González Amador, por la difusión del correo de su abogado en el que asumía haber cometido dos delitos fiscales, y se muestra muy crítico con la actuación de García Ortiz. Asegura que "el fiscal general del Estado considera que el Tribunal Supremo es un instrumento de persecución política que actúa movido por razones extrajurídicas, lo que siembra dudas sobre la legitimidad de la justicia española". Durante su declaración como imputado, García Ortiz se negó a responder a las preguntas del instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, al considerar que partía de una premisa que le impedía ver "la verdad de lo sucedido".

"Consideramos que no se puede ser parte del sistema (ejerciendo el cargo que aún hoy en día ejerce) y simultáneamente su saboteador. Y no es esta la única conducta impropia en una autoridad de semejante peso institucional. ¿Es razonable que la cabeza del ministerio fiscal, órgano encargado de defender la legalidad, elimine intencionalmente los mensajes de su teléfono móvil el mismo día en el que el Tribunal Supremo abre contra él una causa penal? Que Álvaro García Ortiz decidiera actuar de este modo, nos conduce a una paradoja inexplicable: quien dirige el ministerio fiscal, en vez de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, se dedica a hacer todo lo posible por frustrarla y boicotearla. La contradicción es patente", asegura la asociación. 

La UCO revela que el fiscal general eliminó dos veces sus mensajes telefónicos tras abrirle causa el Supremo y también su cuenta de Google

La APIF aprovecha su escrito para criticar también a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del propio fiscal general y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, y sostiene que "está actuando en esta causa de un modo que debe censurarse" y que constituyen "un abuso de derecho". En este sentido, argumenta que "sus representantes están utilizando sistemáticamente los recursos que les ofrece la ley, no para centrarse en combatir las resoluciones concretas que se impugnan, sino para enumerar toda una retahíla de vulneraciones, nulidades, ilegalidades… que no vienen al caso (además, siempre son las mismas) en escritos innecesariamente extensos". La asociación sostiene que está actuando de este modo "precisamente para intentar lograr que el Supremo no tramite alguno de sus recursos y después poder denunciar esta omisión".

En cuanto a las filtraciones de datos personales denunciadas ante el CGPJ por el fiscal general, la APIF afirma que la iniciativa "carece de todo sustento legal, toda vez que la fuerza policial investigadora no tiene ninguna base legal para cercenar contenidos a su antojo, sino que debe hacer, precisamente, como ha hecho la UCO, incluir todos los datos que no afecten a la esfera más personal del investigado", como ocurre en todos los procesos judiciales con intervención de comunicaciones.

Sostiene que el objetivo es "evadir el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes, con una queja que, en realidad, lo que pretende es afectar a la independencia judicial" y atribuye las filtraciones que se han producido en el procedimiento a la propia fiscalía, de la que dice que "como institución ha entablado contacto con los medios de comunicación para trasladarles datos que no estaban a disposición ni del tribunal ni de las acusaciones".