Investigación
Europa investiga el desvío de fondos públicos a centros de menores migrantes
La Fiscalía Europea analiza si la Fundación Siglo XXI recibiódinero de los Next Generation a la atención de niños migrantes, durante la presidencia de Ángel VíctorTorres

Varios menores migrantes en las terrazas del complejo Puerto Bello, en Puerto Rico, en una imagen de 2021. / Jose Carlos Guerra
Isabel Durán
La Fiscalía Europea inicia una investigación sobre el desvío de fondos de la Unión Europea destinados a la atención de menores migrantes en Canarias entre 2020 y 2022, periodo en el que Ángel Víctor Torres presidía el Gobierno regional. La investigación se centra en determinar si 1,9 millones de los 12 que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió para gestionar varios centros de acogida en Gran Canaria y Lanzarote, provinieron de los fondos Next Generation. Además, la entidad está siendo investigada por, presuntamente, haber desviado parte de ese dinero hacia los bolsillos de sus directivos, quienes lo habrían utilizado para cubrir gastos personales como tratamientos de belleza, estancias en hoteles de lujo, viagra, cenas en restaurantes, parches para dejar de fumar y compras de ropa.
El caso lo denunció la Fiscalía Anticorrupción que, en 2023, vio indicios de delitos de falsedad documental, administración desleal y malversación de fondos públicos. El pasado 30 de agosto, el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria se inhibió en favor de la justicia europea. Según el auto del juez instructor, los investigados "utilizaron diferentes procedimientos para lograr el enriquecimiento personal y el disfrute particular de parte de los fondos públicos que estaban vinculados al mantenimiento de los centros de menores que dirigían". Además, según adelanta El Confidencial, el magistrado denuncia que los fondos con los que debían procurar a los niños y jóvenes migrantes no acompañados una atención y formación integral se derivaban a gastos personales, mientras los menores vivían en condiciones "lamentables".
El juez, tras analizar los movimientos bancarios y la justificación de gasto, concluye estar ante "un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito beneficio personal económico". Durante la instrucción, también se pudo constatar el traspaso de dinero a cuentas personales de los directivos investigados o de sus familiares. Se sospecha que el dinero que recibía la Fundación Siglo XXI se pudo haber destinado al pago de alquileres de inmuebles muy por encima del valor de mercado o incluso inexistentes, para después distribuir las ganancias.
Los fondos para sufragar los gastos derivados de la gestión de los centros y la atención de los menores proceden de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias –dirigida entonces por la ahora diputada nacional de Podemos Noemí Santana–. En concreto, se destinó 1,2 millones al centro Puerto Rico; 306.615 al centro Acorán; y 379.621 euros al centro Guiniguada. Este último recurso estaba dirigido entonces por María de los Ángeles Barroso, quien simultaneaba esa responsabilidad con la de vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas. Barroso fue acusada por sus trabajadores de hacer comentarios racistas a los menores.
Repunte migratorio
El Gobierno de Torres contó con la Fundación Siglo XXI para gestionar los centros de emergencia en pleno repunte migratorio y su gestión se vio envuelta en la polémica por la mala atención que recibían los menores. También cuenta con varias denuncias por malos tratos y vejaciones a los jóvenes y actualmente siguen gestionando diferentes centros de menores en Canarias. Una vez analizada la documentación, el magistrado instructor no solo vio un manejo inadecuado de las funciones públicas encomendadas a los responsables de la fundación, sino que confirmó comportamientos ilícitos que "afectan directa y esencialmente a intereses financieros europeos".
Este no es el primer caso de desviación de fondos europeos durante la pandemia que termina en manos de la Fiscalía Europea, que ya examina el expediente del conocido como caso mascarillas, en el que se investiga la compra de un millón de mascarillas por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) por un valor de cuatro millones de euros a la empresa RR7, una mercancía que nunca llegaron a los hospitales del Archipiélago.
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