Pardo de Vera afirma en el Supremo que Ábalos y Koldo le preguntaron por contrataciones en Ineco y dos obras de Adif

La que fuera presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha afirmado este miércoles en el Tribunal Supremo que tanto el exministro José Luis Ábalos como su asistente, Koldo García, se interesaron por cómo debía contratarse a personal administrativo en Ineco, la empresa pública en la que trabajaba el hermano de Koldo y en la que acabó siendo contratada Jésica R. la que fuera pareja del actual diputado del grupo mixto. Ella les explicó el procedimiento de contratación mediante la web de la empresa y ya no hizo ninguna gestión más al respecto, según ha aclarado a presuntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El representante del Ministerio Público pidió concreción a la testigo sobre este asunto concreto, y Pardo de Vera señaló entonces que esta consulta se la realizaron "Koldo y Ábalos". "Ellos yo creo que no tenían conocimiento de la Administración Pública y yo les dije que había ofertas públicas y oposiciones y que era la única forma de contratar. Me refiero que yo no puedo contratar a una persona que no haya pasado por una oferta", ha explicado ante el magistrado instructor Leopoldo Puente, que instruye la causa contra el exministro Ábalos en el alto tribunal.

Así lo han señalado fuentes presentes en la declaración prestada como testigo de la exdirectiva, que ha puesto distancia con los imputados y también ha apuntado a que ambos se habrían interesado por dos adjudicaciones que Adif habría realizado a las empresas Levantina y el grupo Murias (en una UTE). La primera de estas empresas aparece en el listado aportado por el comisionista Víctor de Aldama, mientras que la segunda también aparece manuscrita y tachada. Según fuentes presentes en la declaración el motivo de la consulta era que los contratistas se quejaban de que se les debía dinero, si bien la responsable de Adif comprobó dichos contratos y les respondió que todo estaba bien.

"Yo recuerdo que Koldo y el Ministro una vez me llamaron y me dijeron que había dos empresas contratadas por Adif que no se les estaba abonando de forma objetiva las obras que estaban… y yo le dije “lo dudo mucho”, porque no teníamos problemas de tesorería", señaló expresamente durante el interrogatorio, según las fuentes a las que ha accedido esta redacción. Después de ello, Pardo de Vera preguntó y respondió al ministro que "esa queja era infundada, que fuesen al contencioso si querían".

Pardo de Vera, según las mismas fuentes, también habría relatado ante el instructor de la causa, Leopoldo Puente, que se quejó a Ábalos sobre la continua presencia de Aldama en las zonas del ministerio cercanas al despacho del ministro en la tercera planta del edificio. "Y normalmente estaba en ese hall de entrada, que esa entrada era restringida, hay que identificarse", puntualizó, para añadir que su curiosidad pasaba por conocer "a qué se dedicaba ese señor para estar en el Ministerio", lo que preguntó directamente a Ábalos. Tras esta llamada de atención, el comisionista dejó de aparecer por allí.

Cuando compareció ante la comisión Koldo en el Senado, Pardo de Vera explicó que no conocía la empresa de Aldama antes de la contratación del material sanitario, que ella no eligió dicha sociedad y que se limitó a firmar la "declaración de emergencia" del contrato en base a sus competencias. La misma versión ha dado en el alto tribunal, asegurando además que Ábalos no le dio nunca ninguna indicación. Momentos antes de comparecer señaló a las puertas del alto tribunal, cuando los periodistas le preguntaron si iba a ratificarse en estas manifestaciones, señaló con rotundidad: "Yo no miento".

Sobre el contrato de las mascarillas, Pardo de Vera ha reconocido a preguntas del magistrado instructor que ella le expresó su "incomodidad" a Ábalos por el hecho de que el segundo contrato de Soluciones de Gestión para las mascarillas --5 millones de tapabocas por 12,5 millones de euros-- se realizase a través de Adif. "Nosotros nos dedicamos a infraestructuras críticas. Ya teníamos problemas y esto a mayores era un extra que prefería no...", ha explicado al respecto. A preguntas de la Fiscalía señaló en otro momento del interrogatorio que dicha oferta le "vino impuesta", ella la asumió y le enviaron la orden ministerial correspondiente.

Carreteras

Por su parte, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero ha descartado la existencia de adjudicaciones a cambio de mordidas por parte de la trama liderada por el comisionista Víctor de Aldama en relación con las obras dependientes de su departamento. De haber existido estos amaños, considera que los hubiera "detectado", según manifestó en su declaración.

Herrero, a igual que el resto de exresponsables de Transportes citados como testigos en este procedimiento, ya ha pasado ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo antes de tener que acudir ante el alto tribunal. En el Senado dijo desconocer al conseguidor Víctor de Aldama si bien no descartó que no hubiese coincidido con él en algún acto.

Otras fuentes presentes en su declaración han señalado que Herrero ha sido preguntado por el documento con listados de obras presuntamente adjudicadas a dedo a cambio de mordidas que Aldama aportó al Supremo. En este momento Herrero ha explicado que las que aparecen subrayadas en color verde eran trabajos que se tenían que hacer en 2021. Según alguna de las partes, ello sería contradictorio con lo dicho en su día por el actual ministro, Óscar Puente, cuando descartó que las adjudicaciones señaladas por el comisionista pudieran ser afectadas por presuntos amaños. Se da la circunstancia de que Herrero está siendo investigado por al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ávila, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de carreteras por más de 25 millones.

Puente 'despide' al hermano de Koldo, que no renueva en su trabajo en la empresa pública Emfesa

El tercero en comparecer ha sido Alejandro de las Alas Pumariño, el oficial mayor del Ministerio de Transportes que en 2020 se ocupó de controlar las mascarillas compradas por la pandemia que se almacenaban en la sede gubernamental y que, además, era responsable tanto de la seguridad como del registro de personas. El informe de auditoría encargado por el actual ministro, Óscar Puente, sobre esos contratos ponía el foco en la "falta de control inicial" sobre este material.

Según fuentes presentes en la declaración, él no estuvo de acuerdo con el resultado de la auditoría, que le costó el puesto, y ha apuntado que Koldo y el también investigado guardia civil José Luis Rodríguez, encargado de la seguridad, disponían de llave de los almacenes.

Igualmente, ha declarado el presidente de la constructora Azvi, Manuel Contreras, cuya empresa es una de las señaladas por Aldama de haber pagado comisiones a cambio de una contratación de obra pública. La compañía trató, sin éxito, de que el magistrado les permitiera poder querellarse contra el comisionista por estas acusaciones, que considera injuriosas. En su escrito, la dirección de Azvi defendía que la razón esgrimida por Aldama por la que esta empresa depositó 18.000 euros en la cuenta de la mercantil Pilot Club Natación Sevilla S.L., propiedad del comisionista, es falsa.

Azvi explica este pago en el marco de un proyecto que el comisionista investigado por la trama Koldo proyectaba construir en dicho lugar un círculo privado empresarial, deportivo y cultural:el Club Trastámara. En ese momento se exigió a los interesados asociarse mediante la compra de una acción, valorada en 18.000 euros, y en dicha compra se incardinaría el depósito de tal cantidad por parte de Manuel Contreras. El proyecto finalmente no llegó a buen puerto y Aldama ordenó la devolución del dinero.

Durante su declaración como testigo, el empresario también ha explicado que contrató en 2023 a Koldo para abrir mercado para su empresa en Sudamérica, por 6.000 al mes, ya que él estaba muy interesado en conseguir un trabajo que le permitiera visitar determinados países. La relación contractual no duró mucho, y finalmente al concluir le tuvo que abonar además 25.000 euros al exasesor ministerial por gastos.

Se mantienen las medidas contra Ábalos

Por otra parte, Puente ha desestimado de reforma interpuesto por la defensa de Ábalos contra las medidas cautelares de prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte, y obligación de comparecencias quincenales que impuso al exministro el pasado día 20 de febrero.

 Ello se hace sin perjuicio de que las comparecencias acordadas puedan llevarse a cabo ante el Juzgado Decano de Valencia o, de encontrarse en Madrid el investigado en esas fechas, ante la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, como ha pedido el exministro y no se han opuesto ni la Fiscalía ni la acusación popular, según ha informado el alto tribunal. En su auto, el magistrado defiende que las medidas cautelares acordadas son "necesarias" y "plenamente proporcionadas" porque "solo de forma muy ligera, y en todo caso justificada, limitan la libertad ambulatoria del investigado".

En su recurso, el exministro incidía en que ninguno de los inmuebles con los que aparece vinculado hubieran comportado para él beneficio o aprovechamiento alguno. El instructor le responde asegurando que "es importante tener en cuenta que es el conjunto de los inmuebles referidos el que, a juicio de este instructor, presenta una particular potencia incriminatoria, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de este momento procesal".