Congreso
Junts se abre a negociar la regularización de extranjeros para atar el sí de Podemos al traspaso de inmigración
Turull ha reconocido que Cataluña deberá adaptarse a la normativa europea, igual que lo tiene que hacer el Estado, pero ve margen para actuar

Miriam Nogueras y Jordi Turull, durante la rueda de premsa de presentación del pacto sobre inmigración / EFE
Carlota Camps
Tras 14 meses de largas y tortuosas negociaciones con el PSOE, al traspaso de competencias en inmigración aún le queda un largo camino por recorrer, empezando por la aprobación en el Congreso de los Diputados. Y, de momento, Podemos ya ha avisado de que, si Junts no apoya la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de medio millón de migrantes, no contará con sus votos. "En el momento en el que se apruebe esa regularización extraordinaria de personas migrantes, podríamos tener otro tipo de disponibilidad", ha advertido este miércoles el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Fernández, en una entrevista en RNE, en la que también ha acusado a los posconvergentes de ser miembros de un "partido abiertamente anti-inmigración".
De momento, fuentes posconvergentes consultadas por EL PERIÓDICO no cierran la puerta a negociar la ILP. Aseguran que primero quieren "analizar bien" la propuesta y también "marcar los criterios desde Cataluña". Una diferenciación territorial que el partido liderado por Carles Puigdemont reclama siempre que se abordan cuestiones relacionadas con la inmigración, motivo por el cual quisieron impulsar la ley para la delegación de competencias.
El martes, al darse a conocer el acuerdo, la secretaria general del partido, Ione Belarra, aseguró que antes de empezar a negociar, Junts tenía que demostrar que "no es un partido racista", unas declaraciones que enervaron a los posconvergentes. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha respondido ya públicamente a su homóloga asegurando que sus palabras le habían dejado "perplejo".
"Yo creo que no se ha leído la ley ni las ponencias de Junts en el último congreso. Yo pensaba que era un meme de inteligencia artificial [...] Que nos acuse de racistas... me quedé perplejo", ha afirmado Turull en una entrevista en RAC1. También ha mantenido que pensaba que la secretaria general de los morados era una persona "algo más documentada" y ha defendido que, con el traspaso de las competencias, se dan solo "herramientas", sin determinar las políticas posteriores, que a su juicio dependerían de la Generalitat.
Turull también ha revelado que ya ha enviado un mensaje a Belarra para esclarecer la situación y explicarle la intención de la ley ya registrada en Congreso. Está por ver si su respuesta permite abrir una negociación que salve tanto la ILP como la delegación de competencias en inmigración a Cataluña.
Una ley catalana
Tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO, JxCat quiere que el Parlament haga "su propia legislación", una vez las competencias sean efectivamente delegadas, para asegurar el conocimiento de catalán de los extranjeros cuando se les conceda un permiso de residencia. "Tiene que haber una tarea parlamentaria para dar fuerza [a la delegación]. Es bueno que la Generalitat haga su propia legislación", ha defendido el secretario general en una entrevista en Cataluña Ràdio.
Turull ha reconocido que Cataluña deberá adaptarse a la normativa europea, igual que lo tiene que hacer el Estado, pero ve margen para actuar. Además, ha explicado que una sentencia reciente del TJUE dio la razón a Holanda y sentó jurisprudencia a la hora de reclamar el conocimiento de la lengua del país para acceder a un permiso de residencia. "Esto nos va de lujo", ha enfatizado.
Actualmente, en Cataluña el catalán ya es un criterio que la Generalitat tiene en cuenta a la hora de emitir los expedientes de arraigo social, un procedimiento clave a la hora de legalizar a extranjeros. Este conocimiento lingüístico se demuestra habiendo superado, como mínimo, un curso de 45 horas o un test. Sin embargo, los posconvergentes consideran que la supervisión del conocimiento de la lengua que se incluye en estos expedientes no es suficiente y no se está aplicando como debería.
"Cuando hablamos de arraigo se tiene que poder acreditar el conocimiento de la lengua, esto está de acuerdo con la normativa europea", ha subrayado Turull, que también ha dado por hecho que la Generalitat deberá destinar más recursos a este ámbito porque "nadie nace aprendido".
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