El caso Monedero destapa la "intervención política" de Podemos en su tribunal interno: "Lo usan para purgar a quien no se alinee con Galapagar"

La gestión de las denuncias internas contra Juan Carlos Monedero por presunto acoso sexual dentro de Podemos han dejado al descubierto el funcionamiento del tribunal interno del partido, la Comisión de Garantías Estatal, un órgano "intervenido políticamente" y empleado por la dirección para hacer "purgas políticas": "Lo usan para expulsar a quien se oponga a la línea de Galapagar", apuntan fuentes del partido conocedoras de su funcionamiento.

Este testimonio es ratificado por otras voces que han tenido aproximación directa al tribunal interno de Podemos. Apuntan a que este 'tribunal interno', encargado de imponer sanciones o expulsar a militantes del partido que incumplan las normas, está en realidad teledirigido por la dirección política. "Hay interlocución directa con la gerencia", señalan, advirtiendo de los estrechos vínculos del órgano, teóricamente imparcial, con una de las figuras de más peso dentro de la organización como es Rocío Val, que ocupa desde 2018 el cargo de gerente de la formación. Se da la circunstancia de que Val también es actualmente miembro de la dirección de Podemos, el Consejo Ciudadano Estatal.

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Este vínculo, según relatan estas fuentes, se traduce en contactos recurrentes por parte de la Comisión de Garantías con la propia Val, con la Secretaría de Organización Estatal o con cuadros afines. En estas conversaciones se dan "instrucciones" sobre los pasos a seguir por parte del órgano, y se hacen peticiones expresas para dar salida a determinadas cuestiones sobre las que la dirección puede tener más interés político: "Se dan instrucciones sobre casos que tienen prioridad, no por fecha, sino por entidad", resumen estas fuentes. Órdenes como "hay que sacar este caso', 'este otro no es prioritario".

En este sentido, hay quien asegura ser testigo de situaciones en las que se ha "pactado" entre la dirección política, la gerencia y el órgano el cuándo se dicta una resolución y el sentido de la misma. La gerencia de Podemos también tiene acceso, según advierten, a todas las denuncias e informes tanto de la Comisión de Garantías Estatal como de las autonómicas, e interviene en ellas, llegando a clasificar algunas causas en función de a quién pueda afectar.

Este 'tribunal interno' saltó a primera plana al conocerse la denuncia por supuesto acoso sexual contra Juan Carlos Monedero que llegó al equipo de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Este escrito, donde se relataban "tocamientos" y "manoseos" por parte del fundador del partido, fue remitido al 'tribunal interno'. El partido defiende que este órgano intentó contactar sin éxito con la denunciante para iniciar denuncia mediante un formulario e interpreta que el no obtener respuesta implica que "la víctima decidió no continuar". Ione Belarra o Irene Montero se han escudado en el "respeto a la voluntad de la víctima" para justificar la inacción del partido, que mantuvo a Monedero en los chats de dirección y sigue siendo militante.

Pero lo cierto, aseguran estas voces, es que ni siquiera de haberse formalizado una denuncia existirían garantías de un procedimiento imparcial, al considerar que el órgano responder a su juicio a un "interés político". Una comisión que, creen, está viciada de origen, puesto que sus miembros se votan junto a la dirección política en la Asamblea Ciudadana Estatal y se presentan con una de las candidaturas. La actual Comisión de Garantías se vinculaba en las primarias de 2021 a la lista encabezada por Ione Belarra, sucesora de Pablo Iglesias a los mandos del partido. Y sucederá lo propio en la próxima asamblea, que tendrá lugar el 12 de abril, donde saldrá previsiblemente elegido un nuevo 'tribunal' alineado con la dirección.

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"Utilizan Garantías para ejecutar una purga política", relatan voces próximas al órgano, que advierten a esta circunstancia como "un mal heredado del antiguo PCE". También se emplea como un arma política, puesto que "al tener una sanción no puedes presentarte a primarias" en el partido, de manera que se convierte también en un modo de eliminar rivales internos dentro de la organización. "Lo usan para expulsar a quien se oponga a la línea de Galapagar", defiende otro dirigente. En el caso de Monedero, la cúpula morada empleó la denuncia como un arma política para neutralizar su acercamiento a Sumar y asegurarse de que no habría oposición a la línea oficial del partido.

El comodín "daño a la imagen" de Podemos

Un cuadro próximo al órgano en 2022 relata cómo Asturias fue uno de los escenarios más recientes de este modo de operar. El exdiputado autonómico Andrés Ron fue el primer expulsado de Podemos en la federación, donde el partido terminó echando a una quincena de dirigentes por no ser de la tesis estatal. El motivo de aquella primera denuncia fue por un mensaje en redes y el motivo de expulsión, el de "propagar noticias falsas".

Una infracción grave, según el artículo 97,2.c de sus estatutos, que tipifica la infracción de "propagar noticias falsas o manipuladas que desprestigien a Podemos, sean descalificatorias de la organización o de sus órganos". Aquella expulsión fue la primera de una cascada de salidas forzosas que llevaron a retirar el carné de Podemos a la única diputada que tenía la formación, Covadonga Tomé, por defender una alianza con Sumar.

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El comodín del "daño a la imagen del partido", señalan desde la organización, era un habitual en las expulsiones que se empleaban de manera discrecional. Prueba de ello, advierten, fue la salida de una docena de cargos de Podemos en Asturias que se encerraron en la sede del partido en Gijón con la candidata de Podemos a las autonómicas de mayo de 2023, Covadonga Tomé, en protesta por la decisión de la dirección de expulsar a varios miembros de su lista. Entre los motivos de su posterior expulsión, casi un año después, estaba la ocupación forzosa de una sede del partido y el daño a su imagen.

Distinta reacción se vio en Fuenlabrada, donde los dirigentes locales también se atrincheraron en la sede del partido poco antes de las elecciones de mayo del 2023. Lo hicieron en protesta por la "coalición impuesta" tras el acuerdo firmado la dirección autonómica para concurrir con IU a las elecciones en la Comunidad de Madrid. En aquel caso, no hubo procedimiento alguno. Y lejos de ser expulsadas, algunas de esas personas se encuentran a día de hoy en la nueva dirección autonómica de Podemos, liderada desde hace un año por la eurodiputada Isa Serra.