Una palabra encalló durante días el pacto PSOE-Junts en inmigración: así se cerró la delegación de competencias a Cataluña

Nada menos que 419 días hicieron falta para cerrar el pacto para el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración, desde que se acordó como contrapartida a los primeros decretos ómnibus de la legislatura de Pedro Sánchez, hasta que la ley que lo debe hacer posible fue el pasado martes finalmente registrada en el Congreso de los Diputados. Entre medio, una negociación larga y tortuosa, con ultimátums incluidos, que ha necesitado de múltiples encuentros presenciales, en España y en Suiza, y también de videollamadas. "Ha sido, con diferencia, el acuerdo más complicado, casi más que el de Bruselas para la investidura", relata uno de las participantes en la negociación a El Periódico.

La última videollamada fue el fin de semana antes de darse a conocerse el acuerdo. En ella participaron los principales negociadores a lo largo del proceso, que son el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el principal encargado de generar confianza con Junts; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha entrado a formar en acción cuando las conversaciones encallaban; y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha velado por la cuestión técnica. Por parte de Junts, el propio Carles Puigdemont; el secretario general del partido, Jordi Turull, principal interlocutor con Cerdán; y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Pero, en esta enésima cita, también estuvo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En aquel momento, el texto de la ley ya estaba cerrado, pero quedaba ponerse de acuerdo en la manera de explicarlo. "Era tan importante el texto como pactar qué quería decir cada artículo. Nos dedicamos unos días a ello. Si con el redactado de un artículo no entendíamos lo mismo, volvíamos a negociar para aclararlo", revela otro de los participantes.

Para los posconvergentes este no era un tema menor. Querían evitar a toda costa los choques interpretativos de otras ocasiones, como le pasó a ERC con el debate entre financiación singular y concierto económico, tras la investidura de Salvador Illa.

Junts presionó para que el pacto dijera que los Mossos "actuarán", no "estarán", en las fronteras

El papel de los Mossos

En este acuerdo cada palabra se analizó hasta la extenuación. Prueba de ello es que en los días finales de la negociación, el debate se centró solamente en "una palabra". Se trata de la quinta línea del artículo 9 de la ley, relativa al papel de los Mossos d'Esquadra en las fronteras. Junts presionó para que saliera el término "actuarán" en lugar de "estarán", como quería el PSOE. "Los Mossos d'Esquadra, como policía integral, actuarán en los puestos habilitados para el acceso de personas extranjeras en puertos y aeropuertos, en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", reza el pacto finalmente sellado.

Sánchez presenta el pacto en inmigración con Junts como una muestra de la "normalización" en Cataluña

Desde el primer minuto de la negociación, el control de las fronteras se convirtió en el principal escollo, hasta el punto de que Junts llegó a pedir públicamente el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según los posconvergentes, el titular de la cartera encargada de la seguridad trató "de impedir tanto como pudo que los Mossos tuvieran más competencias". También la capacidad de la policía catalana para hacer devoluciones de extranjeros fue otro de los puntos tensos de las conversaciones.

La cuestión de confianza

A mediados de noviembre, justo cuando se cumplía un año del pacto de investidura, Junts aseguró que al acuerdo solo le quedaban "flecos" por resolver y dio por hecho que estaría listo antes de terminar el año. Pero, finalmente, no solo pasaron las fiestas navideñas, sino que el pacto no vio la luz hasta después de Carnaval.

El principal escollo que hubo en diciembre fue por los permisos de residencia y trabajo. Tal y como reveló el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en El Periódico, el Gobierno quería dejar en una "encomienda de gestión". Este desencuentro, sumado al resto de carpetas pendientes -la oficialidad del catalán en la UE y la "amnistía política"-, llevaron a Puigdemont a plantarse y a reclamar a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza.

A pesar de ser una propuesta sin efectos jurídicos, ya que solo el presidente del Gobierno puede presentarla, tensó la situación hasta el punto de que, en enero, Puigdemont paralizó todas las negociaciones sectoriales y reclamó una reunión extraordinaria con el mediador internacional para verificar el cumplimiento de los acuerdos. La discrepancia llegó a su punto más álgido cuando Junts tumbó el decreto con el escudo social del Gobierno, que incluía el aumento de las pensiones y las bonificaciones al transporte público.

Tras la última reunión en Suiza, los posconvergentes temieron que todo saltara por los aires

La entrada del mediador

El papel del mediador fue clave para evitar la ruptura que hubiera supuesto la votación de la cuestión de confianza. Tras la última reunión en Suiza, celebrada el pasado 21 de febrero, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo emitió un comunicado reclamando a Junts que retirara su propuesta y evitara una derrota parlamentaria para Sánchez que, en su opinión, hubiera supuesto un "retroceso difícil de superar". Los posconvergentes admiten que en aquella reunión en el país helvético temieron que todo terminara saltando por los aires y reconocen que renunciaron a la propuesta sin tener nada asegurado. "No sabíamos si saldría, solo lo veíamos probable", explica un dirigente de Junts.

La negociación ha sido larga, intensa, y dura por momentos. Sin embargo, las dos partes ha tenido siempre voluntad de entendimiento, lo que ha ayudado a que finalmente el acuerdo llegara a buen puerto. Para los posconvergentes, el pacto para la gestión de la inmigración era importante para reducir trasvase de voto hacia Aliança Catalana, mientras que a los socialistas le interesaba para enderezar la legislatura.

Turull se mensajeó con Junqueras tras firmar el pacto con el PSOE sobre inmigración

La negociación no termina

No obstante, a pesar de estos 14 meses de negociación, a la delegación de competencias en inmigración a Cataluña aún le queda un largo camino por recorrer, empezando por su aprobación en el Congreso de los Diputados. Durante este tiempo, Junts solo ha negociado con el PSOE, pero ahora le tocará hablar con el resto de formaciones políticas. De momento, Turull ya se ha puesto en contacto con Ione Belarra, para que Podemos levante el veto a la ley. También se mensajeó con Oriol Junqueras, una vez firmado el acuerdo.

Hasta la fecha, Sumar no ha levantado la voz, pero previsiblemente reclamarán a los posconvergentes su apoyo a la reducción de la jornada laboral a cambio de sus votos. Se abre, pues, una nueva negociación clave para la estabilidad del Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo