Un exmagistrado del Constitucional y una exvocal del CGPJ conservadores optan a la sala del Supremo que revisa decisiones del Gobierno

El que fuera magistrado del Tribunal Constitucional Antonio Narváez, fiscal de carrera actualmente en el Tribunal Supremo; y la exvocal del Consejo General del Poder Judicial y abogada del Estado Nuria Díaz Abad, ambos designados con el aval del PP en sus anteriores destinos, forman parte del grupo de más de veinte juristas de reconocido prestigio que optan a una de las dos plazas que fueron convocadas el pasado mes de enero para entrar en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal por el llamado quinto turno. Se trata de una sala clave y de especial incidencia política por ser la encargada de revisar acuerdos del Consejo de Ministros o nombramientos, además de otras decisiones de la administración.

Este quinto turno es al que pueden optar personas ajenas a la carrera judicial, como pueden ser fiscales, catedráticos y abogados, siempre que puedan acreditar prestigio y reconocida competencia y habiendo desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años.

En esta ocasión, se trata de cubrir dos plazas que fueron convocadas por el órgano de gobierno de los jueces el pasado 15 de enero, debido a la jubilación del magistrado Eduardo Espín y al fallecimiento de Ángel Aguallo, ambos de lo Contencioso. El Consejo ya reforzó recientemente la composición de esta Sala tras el acuerdo alcanzado entre sus sectores conservador y progresista, lo que permitió la incorporación de 14 nuevos magistrados, seis de ellos mujeres. Ahora, los aspirantes a formar también parte de ella deberá presentar sus proyectos de forma pública antes de que el Consejo del Poder Judicial acuerde quien obtiene finalmente los puestos.

Contra el fiscal general

Narváez formó parte del bloque conservador del Tribunal Constitucional antes de la renovación que dio lugar a la actual mayoría progresista bajo la presidencia a Cándido Conde-Pumpido. Y ello pese a que fue el actual presidente del órgano de garantías quien le ascendió a fiscal de Sala de lo Contencioso durante su etapa como fiscal general del Estado. A finales del pasado mes de enero, firmó junto a otros doce miembros de la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que integra a los fiscales de más alta categoría de la carrera, la carta en la que reclamaban la dimisión del fiscal general del Estado por no contestar al juez del Tribunal Supremo durante su comparecencia como investigado por una presunta revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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Durante la etapa de Conde-Pumpido en Fiscalía General, Narváez fue el encargado de impulsar la aplicación de la Ley de Partidos Políticos en los sucesivos procesos de ilegalización de las formaciones herederas de Batasuna, ilegalizada cuatro años antes, siguiendo la estela ya emprendida por el Ministerio Público respecto de formaciones como Herritarren Zarrenda, y Auzkera Guztiak. Por esta razón, en mayo de 2023, ya en su actual puesto como fiscal de lo Contencioso del Supremo, sorprendió la contundencia con la que se expresó en un informe en el que se rechazaba de plano la posibilidad de aplicar a Bildu la Ley de Partidos de cara a una posible ilegalización, según informó este periódico.

Durante su etapa de magistrado en el Tribunal Constitucional formó parte del bloque conservador que tumbó relevantes decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, como fue el decreto de estado de alarma que obligó al confinamiento por covid del que se acaban de cumplir cinco años. También fue ponente de recursos como los presentados por Vox contra la paralización de la actividad el Congreso a cuenta de la pandemia, que fueron estimados.

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Por su parte, Nuria Díaz Abad formó parte a propuesta del PP del Consejo del Poder Judicial que tardó casi cinco años en renovarse una vez concluyó su mandato. Se trataba de la vocal con perfil más europeísta. Abogada del Estado, fue destinada a los ministerios de Fomento y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, antes de ser la jefa de los Servicios Jurídicos del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2003-2013). Durante su etapa en el órgano de gobierno de los jueces fue una de las vocales más críticas con la designación de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado, y así lo reflejó en su voto particular contrario al aval de idoneidad.

Al puesto también se presentan, según las fuentes jurídicas consultadas, catedráticos de derecho Contencioso-Administrativo de importante prestigio, como Juan Francisco Mestre, y la exconsejera andaluza de Justicia, Begoña Álvarez Civantos.