Tribunales

Un condenado por la Gürtel asesora la estrategia judicial de Mazón en la dana

El jefe del Consell recurre al abogado y ex número dos de Camps en el PP, David Serra, aunque también está tanteando a otros letrados para su defensa

David Serra llegando a la Audiencia Nacional en 2018.

David Serra llegando a la Audiencia Nacional en 2018. / EFE

Mercedes Gallego

El abogado David Serra, número dos del PP en la Comunidad en la etapa de Francisco Camps y condenado en la pieza de la trama Gürtel que enjuició la financiación ilegal del partido, es en estos momentos el principal asesor de la estrategia judicial del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ante la posibilidad de que resulte imputado por su gestión de la dana en la causa que instruye una jueza de Catarroja.

Aunque ninguna decisión de las adoptadas hasta ahora por la magistrada (con la salvedad de invitarle a declarar como investigado si voluntariamente así lo estimara), está dirigida a él, aforado mientras no dimita no solo como presidente sino también de diputado, ello no impide que Mazón esté buscando a quién encargar su defensa por si la precisara a corto o medio plazo, como todo apunta a que podría ocurrir.

Junto al apoyo profesional de Serra al presidente, que se remonta a antes del 29-O pero que se ha intensificado tras la apertura de diligencias penales por las 228 vidas que se llevó al riada, el jefe del Consell está tanteando a letrados que pudieran ocuparse de su representación legal, para lo que se ha producido ya algún encuentro en Alicante con la presencia de Serra, de otro socio de su bufete y de varios abogados más.

Serra, quien también fue diputado por Alicante entre 2007 y 2011 y presidente de Nuevas Generaciones en Valencia, fue condenado en 2018 a tres años y ocho meses de prisión por dos delitos electorales y uno de falsedad documental.

La Audiencia Nacional consideró “acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2008”, aunque al final pudo sustituir su ingreso en la cárcel mediante el pago de una multa de 150.000 euros y trabajos en beneficio de la comunidad, que cumplió en Cáritas.

El ex vicesecretario regional del PP ejerce la abogacía en Estudi General Advocats i Asessor Sociedad Limitada Pofesional, un bufete radicado en València, aunque con despacho también en Alicante, en el que figura como apoderado con fecha de nombramiento el 2 de enero de 2020.

La mujer de uno de los socios del bufete dirige una sociedad que depende de la Diputación

El nombre de su mujer, la diputada popular Magdalena González la Red, también miembro de la junta directiva del partido, está sonando con fuerza para ocupar la vicepresidencia segunda de las Cortes, vacante desde la dimisión de Gabriela Bravo el pasado enero.

La mujer de otro de los socios del bufete es desde el pasado año la directora de Geonet Territorial S.A., una sociedad pública dependiente de la Diputación y vinculada a Suma cuyo cometido es «proporcionar a los ayuntamientos y al conjunto del sector público y privado herramientas y servicios geoespaciales para la gestión territorial», según figura en su página web.

En el consejo de administración donde se trató el nombramiento de la actual responsable de Geonet, que presidió Toni Pérez y al que únicamente asistieron los cuatro representantes del PP y el de Suma, se aprobó por unanimidad. No estuvieron presentes PSOE, Compromís ni Vox.

Desde el despacho aseguran que, si alguien les pide una opinión jurídica, se la dan 

Adjudicaciones

Además, el Ayuntamiento de Finestrat, cuya Alcaldía ocupa Juan Francisco Pérez Llorca, Síndic del grupo popular en las Cortes y secretario general del PP en la Comunidad, adjudicó el pasado noviembre al bufete del que Serra es apoderado el servicio de asesoramiento jurídico municipal por un importe de 192.000 euros durante un periodo de cuatro años.

El Consistorio de Polop hizo lo mismo mediante tres contratos menores que, en total, rondan los 30.000 euros y, según recoge la información depositada en el Registro Mercantil, también le han adjudicado los servicios jurídicos ayuntamientos como el de Benissa, de donde es natural Serra, o el de Monforte del Cid, este gobernado por IU.

Fuentes próximas a Serra se limitaron a señalar que "no son los abogados de Mazón ni defienden a nadie" en la causa de la dana precisando, en relación los socios del bufete, que "se dedican profesionalmente al mundo del Derecho, trabajan para todos los colores y, si alguien les pide una opinión jurídica, se la dan. Solo eso".

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