Las dudas sobre el reparto de menores migrantes ponen en riesgo el apoyo de Junts

La asimetría y cuestionada fiabilidad de los datos aportados por las comunidades autónomas al Gobierno sobre el número de menores migrantes no acompañados que atienden en la actualidad, y sobre las plazas disponibles en sus respectivos sistemas de acogida, van a provocar un retraso de varios días en la presentación de una propuesta, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, sobre el reparto efectivo de este colectivo entre todos los territorios. Esta circunstancia podría suponer un contratiempo en uno de los elementos centrales de este proceso, el del aval del Congreso al real decreto-ley que establece todo este mecanismo de distribución de 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta, una autorización parlamentaria que va a votarse el próximo día 10 en la Cámara Baja.

Ese riesgo se debe a que el Gobierno central es muy probable que no tenga para entonces culminada su propuesta de reparto y no se sabrá al detalle la cifra que corresponderá a cada comunidad autónoma y, en consecuencia, los niños y niñas que saldrán de Canarias y Ceuta con destino a Cataluña. Según distintas fuentes, esa duda pone en una disyuntiva a Junts, el grupo parlamentario con el que el Gobierno pactó hace unas semanas la ponderación de los criterios que se tienen en cuenta para la distribución y cuyos siete escaños en el Congreso son determinantes para lograr el visto bueno parlamentario al decreto. Cabe recordar en este sentido que dicho acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la formación liderada por Carles Puigdemont suponía que, en atención al esfuerzo histórico y reciente de Cataluña en la acogida de menores que migran solos, esta comunidad solo recibiría en torno a 30 niños y niñas de los que saldrán de los dos únicos territorios con emergencia migratoria demostrada. En la actualidad acoge a 2.242 niños y niñas con una tasa de sobreocupación del 101 % de sus recursos

Los ex convergentes vendieron en su día como un triunfo que el reparto teórico surgido de dicho acuerdo, pero sin la cifra global de cuantos niños hay en el conjunto de territorios, y sin una propuesta concreta oficial por parte del Gobierno, cualquier proyección tiene que ser tomada con cautela, según reconocen desde el grupo catalán. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha señalado no obstante que pese a la asimetría con que las comunidades han respondido a la información solicitada, los datos de acogidas y de plazas disponibles en la actualidad no son muy diferentes a los que maneja su departamento de manera previa, de forma que la distribución final a que dé lugar no distará mucho de las proyecciones oficiosas que ya se han realizado.

Según las informaciones aportadas por las diferentes comunidades, la mayoría de ellas se declaran ya sobreocupadas, dando datos imprecisos, o claramente inflados, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que en lugar de comunicar los niños en acogida y las plazas disponibles de su sistema, ha ofrecido un dato que distorsiona todo el formato de conteo y análisis, el de los menores que han pasado por sus centros a lo largo de todo el año: 2.442. Rego ya advirtió el pasado martes que si Madrid o las otras comunidades con datos imprecisos o falseados, o que no los ha aportado, como ha sido el caso de Aragón, no aclaran su situación verdadera, se les aplicarán los últimos de los que dispone la propia Administración central, correspondientes a diciembre de 2023.

En el ámbito político, la cuestión no pasa inadvertida para el Gobierno a sabiendas de lo extremadamente suspicaces que son los líderes de Junts, también su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. De entrada, el Ministerio de Juventud e Infancia intentará tener ya en su poder antes del día 10 las precisiones que necesita de las comunidades autónomas, así como una proyección real sobre el reparto. El objetivo sería contrastar con Junts que ese dato, aunque fuera de manera oficiosa y sin propuesta formal, certifica una distribución similar a la que maneja el grupo catalán. Pero Rego ha reconocido que no está garantizado que esa información vaya a estar disponible antes de la votación, en cuyo caso se da por hecho que habrá conversaciones con los ex convergentes para atar su apoyo pese a las dudas que surjan respecto a la distribución final. La formación catalana recela sobre todo de los obstáculos que están poniendo algunas comunidades del PP, también con sus anuncios de recursos ante el Tribunal Constitucional, y que la presión política y mediática afecte a la aplicación práctica de la medida tal como los pactó con el Ejecutivo de Sánchez.

Apurando los plazos

El apoyo de Junts es imprescindible para convalidar el decreto porque sus siete votos conformarían mayoría en contra si se suman a los del PP y Vox, como ya ocurrió en julio de 2023 cuando se debatió la toma en consideración de la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Desde el Ejecutivo se tiene confianza, más allá de los datos con que cuente el día 10, en que el partido de Puigdemont mantenga su compromiso y no ponga demasiados problemas a su aval. Algunos medios catalanes, no obstante, especulan con la posibilidad de un aplazamiento de la votación ante un riesgo hipotético de derrota parlamentaria. Pero esta salida se descarta no solo porque el asunto está ya incluido en el orden del día del pleno de esa semana, sino sobre todo porque el plazo legal de un mes para la convalidación del acuerdo del Consejo de Ministros concluye el día 18, en plena Semana Santa.

El Gobierno tiene asegurado el respaldo de todos los grupos que apoyaron esa primera propuesta legislativa sobre la materia, aunque algunos han señalado que no es la solución para la situación de fondo sobre el problema de los menores que migran solos, y para las comunidades autónomas que ya sufren emergencia migratoria. Otras de las cuestiones que se pueden plantear en el pleno es que se tramite como proyecto de ley, lo que podría retrasar algunas cuestiones de la puesta en marcha del decreto, que además queda pendiente también de que la Comisión Interministerial de Inmigración concluya la creación del grupo de trabajo para el desarrollo reglamentario del mismo, y posteriormente de la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia para trasladar el reparto a las comunidades autónomas.

“Espero que sean más los partidos políticos que apoyen este decreto ley que los que a priori tenemos”, afirmó este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien insistió en “tender la mano” al PP “para que comprenda que este decreto-ley no es para determinados territorios, es para cualquiera que tenga presión migratoria”. “El PP no debe quedarse al margen de una decisión tan histórica y tan de Estado”, recalcó.

Torres: "Cumpliremos con el TS en cooperación con Canarias"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó este miércoles que el Gobierno central cumplirá con el mandato del Tribunal Supremo (TS) en relación con los más de mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, pero que lo hará “en cooperación con la comunidad autónomas de Canarias”, encargada de su acogida en estos momentos. Torres aseguró que “tenemos un auto del TS que expone claramente que los peticionarios de asilo que están en Canarias deben estar en el Sistema Nacional de Acogida en cooperación con la comunidad autónoma y vamos a llevar a práctica ese resuelvo” del Alto Tribunal.

Recordó que este jueves se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la capital tinerfeña y que ambas partes “vamos llevar propuestas”, resaltando que “este es el camino, el de la colaboración”. “No sé si serán necesarias más reuniones pero, por supuesto, que acatamos el auto, aunque previamente ya habíamos aprobado un real decreto-ley que da respuesta todos los menores que están por encima de la contingencia migratoria de Canarias. Estoy convencido que avanzaremos en un acuerdo entre las dos administraciones”, afirmó el ministro.

El Ejecutivo central cree que la solución sobre este grupo de menores migrantes es incluirlo en las derivaciones que se hará a todas las comunidades autónomas, para que sean estas las que se encarguen de ellos, pues considera que de esta manera se garantizan sus derechos, y se propone firmar un convenio con la comunidad autónoma para que parte de esos menores que requieren protección internacional se queden en las Islas, pero con financiación estatal.

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