Las comunidades del PP plantan a Bolaños en la Conferencia Sectorial de Justicia en Barcelona

Los siete consejeros de Justicia de las autonomías gobernadas por el PP que tienen esa competencia transferida han decidido no participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia que se ha celebrado este viernes en Barcelona, a pesar de haber viajado a la capital catalana. Las comunidades populares han escenificado un plante al ministro del ramo, Félix Bolaños, y al resto de consejeros autonómicos minutos antes de empezar la reunión, convocada en el Recinte Modernista de Sant Pau para poner en marcha la nueva ley de eficiencia judicial, y que se ha desarrollado solo con los representantes de Catalunya, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias.

Las comunidades del PP han justificado su ausencia en que el Gobierno se ha negado a incluir en el orden del día un punto específico sobre la financiación de la nueva ley de eficiencia judicial, aunque el ministro Bolaños ha explicado que les habían respondido estos días atrás que en la reunión podrían hablar de "cualquier cuestión que tenga que ver con esta ley", es decir, también de financiación. Aseguran los consejeros populares que no se ha hecho ningún estudio económico y, por tanto, la reunión no valía de nada.

Argumentos contrapuestos

Para tratar de neutralizar el argumento de los populares, Bolaños defendió antes del comienzo de la reunión que el Estado ya ha transferido 325 millones de euros a las siete autonomías con competencias en Justicia para financiar la aplicación de la ley, que requerirá una inversión de 15 millones, pero que permitirá un ahorro de 290 millones en los próximos 10 años, según el Gobierno. Los consejeros del PP niegan que el Ejecutivo les haya hecho esa aportación económica y sostienen que los 325 millones a los que se refiere Bolaños son fondos europeos destinados a otras carpetas.

A la queja del PP le ha puesto voz el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha acusado de "cerrazón" al Gobierno: "Nos vamos como vinimos, porque prácticamente lo único que hemos visto es que aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar la ley han sido recogidos ni incorporados al orden del día".

"Es un comportamiento ultra", ha denunciado Bolaños ante la prensa minutos después del plante. "Catalunya vuelve [en referencia a la etapa post-procés] y el PP se va y boicotea la normalidad institucional (...) Se parece tanto a Vox que ni donde gobierna es un partido responsable. No trabajan por los ciudadanos, están abandonados al gamberrismo institucional y la confrontación", ha lamentado el ministro, quien ha acusado a los populares de acudir solo "a los canapés" después de que el jueves sí participaran en la recepción ofrecida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.

Primera fase de la ley

Fuentes de la dirección nacional del PP lamentan que el ministro no haya querido incorporar "temas concretos que urgen y sobre los que convendría llegar a acuerdos". Reiteran que todos los consejeros se lo reclamaron por carta y también este jueves, en la reunión técnica previa, pero no atendió sus demandas. "Sin acuerdos concretos, no sirve de nada una sectorial. Eso no es gobernar", apuntan.

Con la entrada en vigor esta semana de la primera fase de la ley, a partir de ahora para iniciar un procedimiento civil o mercantil será necesario acudir a una mediación que intente acordar una solución entre las partes antes de llegar a la demanda judicial, es decir, a los tribunales, medida que debería ayudar a descongestionar los juzgados. La segunda fase de la norma se iniciará el 30 de julio, cuando comenzarán a instalarse los tribunales de instancia y las oficinas municipales.

El conseller Espadaler ha recordado que, para iniciar la transformación hacia las oficinas judiciales, la Generalitat ha llegado a un acuerdo con el 80% de los sindicatos y ha firmado un acuerdo con los 14 colegios de abogados de Catalunya para garantizar la justicia gratuita para aquellas personas vulnerables que no puedan asumir los gastos de la mediación.