Conde-Pumpido dice estar "preocupadísimo", porque "cuestionar el TC es cuestionar el sistema democrático"

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se ha mostrado este lunes "preocupadísimo" por las críticas que recibe la corte de garantías por parte de "quienes eligen a sus propios magistrados", cuando no comparten el sentido de sus resoluciones. "Cuestionar al TC es cuestionar la Constitución" y cuestionar "su legitimidad para poder dictar sentencias que sometan a los poderes públicos es cuestionar el sistema democrático", afirmó sin mencionar los asuntos candentes a los que se enfrenta, pero que todos los presentes en el Ateneo de Madrid tenían en la cabeza: la sentencia de los ERE y la amnistía. Respecto a la primera, descartó públicamente parar de alguna forma la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciada por la Audiencia Provincial de Sevilla y sobre la medida de gracia verbalizó por primera vez su intención de que el primer recurso se resuelva antes del verano.

Conde-Pumpido reacciona ante los recursos judiciales a Europa que frenan sentencias del Tribunal Constitucional como la de los ERE

Tras lamentar la "soledad" que siente el Constitucional a la hora de cumplir con "su obligación de controlar los tres poderes del Estado" -con referencia expresa al Tribunal Supremo, que ha rechazado las querellas con las que se ha amenazado recientemente a los magistrados de la corte de garantías-, Conde-Pumpido reclamó "respeto institucional", que dijo "echar de menos demasiadas veces", porque en su defensa de la Constitución se enfrentan a "fuerzas muy poderosas, que representan un poder político o mediático con interés en que se declaren unas normas" de una determinada forma.

A continuación entró en materia con el debate interno que ha abierto el propio Constitucional en relación con el principal desafío que tiene entre manos: el paso al frente dado por la Audiencia Provincial de Sevilla para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que el TC español se extralimitó al anular las condenas de los ERE, entre ellas las de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Al tratarse de una decisión inédita, que también ha seguido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con un asunto sobre laudos arbitrales y que el Tribunal Supremo se reserva de cara a la próxima sentencia del TC sobre la amnistía, Conde-Pumpido convocó lo que calificó de "debate interno jurídico" para "reflexionar" sobre la iniciativa de la Audiencia sevillana. Explicó que con ello "no hay intención alguna" de impedir que se eleve una cuestión prejudicial, porque hacerlo forma parte de las relaciones que los distintos tribunales mantienen con el TJUE.

No obstante, añadió: "Hay que esperar si la cuestión se plantea, si el Tribunal de Justicia de la UE la admite a trámite y en función de eso, en el ámbito de diálogo entre tribunales, veríamos si existe algún conflicto constitucional". En este caso este ya se plantearía entre el TC español y el tribunal con sede en Luxemburgo, cuya doctrina el primero respeta y comparte, recordó.

Apuntó a que en 40 años de Constitución las consultas al TJUE "siempre han sido recursos primarios" que se producían "antes de dictar la primera sentencia" y que "las resoluciones del TC tienen fuerza de cosa juzgada y la Constitución da medios" su cumplimiento en su ley reguladora. Añadió que "si en su caso se produce un conflicto", es decir, si el TJUE admite la cuestión y la estima en contra de lo dicho por el Constitucional español habrá que estudiar plantear "un conflicto" entre ambos tribunales, como los que ya se han vivido con otros tribunales constitucionales europeos, como el alemán o el italiano, porque la propia ley europea prevé "respetar los principios inherentes a las constituciones nacionales".

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El del PP antes del verano

En cuanto al otro asunto candente en el Constitucional, el presidente reafirmó su intención de que el TC se pronuncie sobre la constitucionalidad de la amnistía antes del verano, aunque se curó en salud señalando que tiene un trabajo ingente por delante, con 30 asuntos en los que se ha trabajado simultáneamente. La primera impugnación que se resolverá será la del PP, cuya ponencia corresponde a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, y de la que señaló que se trataba de "un buen recurso, muy bien armado".

Recordó que en este asunto se han presentado 80 recusaciones contra magistrados, que ha habido que resolver y en las que aún colean las interpuestas contra el magistrado José María Macías sobre cuya abstención en el resto, una vez estimado el primer incidente, no ha querido pronunciarse. Explicó que el TC tiene entre manos 30 asuntos relativos a la amnistía: 16 en forma de recurso de inconstitucionalidad (el del PP y 15 de comunidades autónomas); seis cuestiones de inconstitucionalidad del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial de Madrid, y ocho recursos de amparo de condenados por el 'procés' a los que no se les ha aplicado la medida de gracia.

Los recursos de los procesados en rebeldía, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, aún siguen en manos del Tribunal Supremo, que todavía tiene que revisar en apelación la decisión del magistrado Pablo Llarena de que no aplicar la amnistía al delito de malversación que considera cometieron.

En este sentido, recordó el centenar de recursos de amparo que el Constitucional resolvió en relación con el 'procés', así como el desafío que para el sistema constitucional supuso la aplicación en Catalunya del artículo 155 por el Gobierno del PP en 2017. Conde-Pumpido, que situó lo vivido entonces al mismo nivel que el golpe de Estado de 1981, destacó que el "instrumento constitucional" que no se había utilizado hasta entonces "resolvió pacíficamente la cuestión".

Ante la posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el TJUE se pronuncien en contra de las resoluciones del Constitucional en relación con el proceso independentista catalán, su presidente señaló que supondría una "mala imagen para España", pero no dejó pasar la oportunidad de señalar que son "escasísimas sus admisiones a trámite" y apenas hay resoluciones que pongan en cuestión lo resuelto en España.