Las empresas catalanas podrán disponer del 25% de los 5.000 millones de euros en avales por los aranceles de Trump

Las empresas catalanas tendrán acceso al 25% de los 5.000 millones de euros en avales que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La cantidad, que va en proporción al peso que representa las empresas catalanas en las exportaciones a Estados Unidos, ha sido fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Junts, aunque ambas partes discrepan a la hora de interpretar lo pactado.

El texto del real decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye una disposición adicional segunda pactada entre el Ejecutivo y los posconvergentes que establece que el Gobierno garantizará que el despliegue de todos los instrumentos financieros se efectúe "con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones de bienes con destino a Estados Unidos de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España en 2024 con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición".

Esta cláusula, según establece el real decreto, se aplicará a los instrumentos financieros "regulados" por este real decreto: la línea ICO de avales de 5.000 millones de euros y distintas herramientas para el apoyo a la internacionalización y la cobertura del riesgo dotadas de 2.700 millones de euros. Sin embargo, el diputado de Junts Josep Maria Cruset, encargado de anunciar el pacto, ha asegurado que el acuerdo afecta a los más de 14.000 millones de euros que contiene el plan en su conjunto.

Además, ha recalcado que se repartirán "en base al peso de las exportaciones a Estados Unidos", donde Catalunya representa un 25%, por lo que le correspondería 3.000 millones de euros. El Gobierno, no obstante, ha matizado lo anunciado por la formación de Carles Puigdemont. El peso de las empresas de cada comunidad autónoma en las exportaciones a EEUU "se va a tener en cuenta", explican fuentes del Ministerio de Economía, pero eso no significa que se haya acordado que el 25% de los 14.100 millones de euros que pretende movilizar el plan frente a los aranceles de Trump vayan a parar a Catalunya.

A petición de las empresas

Fuentes del mismo ministerio subrayan que el texto acordado con los posconvergentes -y en el que aseguran que también estaba de acuerdo el PP - establece que los instrumentos del plan estarán "a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock", lo que supondrá en la práctica que aquellas regiones con empresas más expuestas necesiten más financiación. Pero apuntan que la financiación se otorgará a las empresas que lo soliciten y "no a los territorios".

En este sentido, los mismos interlocutores ministeriales añaden que tampoco es seguro que la cuarta parte de los 5.000 millones de avales a las empresas afectadas, para que ganen liquidez o apuesten por su reconversión, se destinen a Catalunya. Además, en el Gobierno sostienen que la cifra disponible es elevada y que "habrá financiación para todas las empresas que lo requieran". Pero que si llegado el caso es necesario ampliarlo, ya contemplan medidas para que así se produzca.

Pero, ante todo, insisten en que estas ayudas son a demanda. Es decir, las tienen que pedir las propias compañías. No hay, por tanto, un reparto por comunidades en este campo. Si todas las que se ven perjudicadas en España por la drástica decisión de Trump solicitasen estos avales, entonces sí que el 25% del total iría a las empresas catalanas. Pero todavía es pronto, concluye el Gobierno, para dar por hecho este desenlace. Sea como sea, el anuncio del pacto ha provocado el enfado del PP por suponer "un cupo arancelario" para que Pedro Sánchez "agasaje a sus socios parlamentarios".

Ante la confusión que reinó una vez se conocieron estos detalles del decreto, el propio ministro Cuerpo aclaró que "las empresas no van a competir unas con otras por estas ayudas" porque "va a haber ayuda suficiente para todos". Pese a que consideró que el techo de los 5.000 millones en avales ICO es "muy elevado", "lo iremos poniendo a disposición de las entidades por tramos conforme se vaya utilizando" y "lo iremos ampliando".

La fiscalización

Además, el Ejecutivo y los posconvergentes han incluido en el real decreto una serie de medidas para fiscalizar el despliegue de este plan. El Gobierno deberá remitir de manera trimestral al Congreso "un informe desglosado por territorio, sector y beneficiarios para cada uno de los instrumentos financieros" que contiene la norma y el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberá comparecer en la Cámara Baja cada tres meses.