El TC zanja sin acuerdo el debate abierto por Conde-Pumpido ante las consultas a Europa del tribunal de los ERE

El pleno del Tribunal Constitucional ha dado por zanjado el debate jurídico interno abierto por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, sin llegar a alcanzar una postura unánime en defensa de su jurisdicción más allá de admitir la preocupación que suscita en la corte de garantías. Conde-Pumpido abrió las deliberaciones ante las consultas a Europa anunciadas por varios tribunales cuando debían ejecutar las sentencias del propio TC, una posibilidad que hasta ahora solo se planteaba a la hora dictar la inicial, nunca cuando ya se pronunciaba la de la corte de garantías y que paraliza el cumplimiento hasta el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Las diferencias en el TC imposibilitan una declaración institucional que zanje el debate abierto por los ERE

Pese a la importancia del asunto para el correcto funcionamiento del propio Constitucional, los 12 magistrados que componen su pleno no han podido más que expresar su respectivo parecer ante la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunciada por la Audiencia Provincial de Sevilla, en relación con la sentencia de los ERE, que absolvió entre otros a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la cuestión prejudicial ya planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un asunto de laudos arbitrales.

Desde el Tribunal Constitucional se ha informado de que "la reflexión", abierta con una petición de informes internos por parte del presidente en la anterior reunión del pleno, "continúa sobre un tema complejo y en evolución", lo que hace que el debate siga estando "entre las preocupaciones del tribunal", pero sin "haber adoptado decisión alguna".

Los magistrados han discrepado prácticamente en todo a la hora de enfrentarse a si un tribunal puede acudir a Europa antes de cumplir una sentencia del Constitucional, baza que el propio Tribunal Supremo se ha guardado para el caso de que le obligue a aplicar la amnistía a la malversación de caudales, que considera que está entre las excepciones de la propia medida de gracia.

En los cinco informes que el propio Conde-Pumpido y dos de los magistrados de sensibilidad conservadora solicitaron a sus letrados se rechazaba la posibilidad de que el TC pudiera evitar de alguna forma la comunicación existente entre los distintos tribunales y el TJUE, posición que es compartida por la mayoría de los magistrados del Constitucional, como el propio Conde-Pumpido expresó en un acto en el que participó el lunes en el Ateneo de Madrid.

Pero ha habido magistrados que creían en la posibilidad de obligar a cumplir las sentencias del Constitucional a través de un artículo introducido en la ley reguladora del alto tribunal en 2007, pero aún no utilizado o con incidentes de ejecución de sentencia, muy útiles durante el 'procés'. Otros discutían incluso que se hubiera reclamado a la Audiencia de Sevilla la providencia en la que iniciaba el trámite para acudir a Europa.

Ello hizo imposible pactar cualquier resolución a partir de ponencia que había preparado el magistrado Ricardo Enríquez. Llegados a este punto, Conde-Pumpido solo puede esperar a comprobar si el tribunal con sede en Luxemburgo admite alguna de las cuestiones prejudiciales planteadas y, en su caso las estima. En ese caso se abrirá un conflicto competencial entre tribunales, similar al que ya ha mantenido en distintos momentos el TJUE con los Tribunales Constitucionales de Italia y Alemania en distintos asuntos.