El Congreso avala este jueves el plan para el reparto de 4.400 menores con la incertidumbre sobre cómo se aplicará
Jornada histórica en los derechos de los niños migrantes solos, y para la situación de la acogida en Canarias y Ceuta
El ministro Torres defenderá el decreto-ley, ante el que el PP difundía este miércoles el rumor de una posible abstención

Imagen de un menor rescatado a bordo de un cayuico en aguas de La Gomera / Efe
El Congreso avalará con toda probabilidad este jueves el real decreto ley que regula la distribución de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, y otros 400 desde Ceuta, entre el resto de comunidades autónomas. La medida está en vigor formalmente desde que fuera aprobada por el Consejo de Ministros el pasado día 18 de marzo, pero necesita de su convalidación parlamentaria antes de 30 días, y eso es lo que se producirá este jueves si no se producen contratiempos de última hora entre los apoyos previstos. El decreto-ley, que previamente habían pactado los gobiernos central y canario, contará así con la mayoría parlamentaria necesaria para que por fin se viva una jornada histórica en la defensa de los derechos de la infancia migrante, y para atajar la situación de colapso de los centros de acogida de los dos territorios más afectados por la crisis migratoria.
Se corrige con esta previsible convalidación parlamentaria la frustración que supuso para Canarias, y para las entidades que atienden a los más de 5.500 niños, niñas y adolescentes que la comunidad autónoma vienen tutelando desde hace meses, el rechazo del Congreso en julio del año pasado de la proposición de ley presentada por el PSOE, Sumar y CC con el mismo objetivo de reparto obligatorio de este colectivo entre todo el territorio nacional. El real decreto-ley que se pretende avalar ahora reforma el artículo 35 de la ley de extranjería, como también pretendía la iniciativa legislativa de hace nueve meses, y establece una serie de criterios objetivos para esa distribución, pero las tensiones políticas entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, y la oposición de muchas comunidades autónomas a este proceso, sobre todo las gobernadas por los populares, mantiene la tensión y un cierto grado de incertidumbre sobre la puesta en marcha práctica del mismo.
Esta situación se va a reflejar en el debate de este jueves en la Cámara baja, donde en principio la convalidación prosperará con el apoyo de todos los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y CC), con el voto en contra del PP y Vox, y la probable única abstención del escaño de UPN. A última hora la dirección nacional del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo dejaba circular este miércoles el rumor de una posible abstención, pero el Gobierno y otros grupos de la Cámara lo interpretaban como una estrategia para quitarse presión, y dar la idea de que el PP canario, que apoya el reparto de menores migrantes, estaba presionando hasta el último momento para evitar el voto en contra junto a Vox. En este marco, se da por casi segura la ausencia de Feijóo en el debate, aunque sí en la votación prevista para el final de la mañana.
Lo cierto es que los diputados canarios del PP, que descartan cualquier posibilidad de romper la disciplina de voto, aseguraban aún durante el pleno de este miércoles que no había todavía indicación precisa sobre el sentido del voto, reconociendo que el presidente del partido en las Islas, Manuel Domínguez, “trabajaba” para intentar una abstención. La dirección de la calle Génova y el propio grupo parlamentario popular pretenden, sin embargo, quitar relevancia a este debate pese a la beligerencia del partido hacia la medida, que también se expresará con contundencia en el debate de este jueves. De hecho, en uno de los asuntos que ha marcado la vida política española de los últimos meses, el PP evita colocar para defender su posición a uno de sus primeros espadas y lo deja en manos de su portavoz de la comisión de Juventud e Infancia, Cristina Abades.
Cabe recordar que los populares estuvieron representados en las negociaciones que sobre esta cuestión se llevaron a cabo durante varios meses con los gobiernos central y canario, de las que se descolgaron en varias ocasiones antes de abandonarlas definitivamente en diciembre pasado, por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que ahora delega en una compañera alejada hasta ahora del debate público sobre la distribución de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Fuentes populares señalan que el argumento central de su portavoz será el de que es un “reparto político” pactado con Junts para que Cataluña reciba apenas 30 menores migrantes, y que no es lógico que el Gobierno pretenda que las comunidades autónomas asuman acogidas cuando tienen ya sus recursos sobreocupados y, por otro lado, asegure no tener plazas para hacerse cargo de los 1.008 solicitantes de asilo que están en Canarias y que el Tribunal Supremo exige que sean integrados en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y Temporal.
Delegación canaria
El debate de este jueves se produce con todo en un contexto en que la cuestión migratoria, y en particular la de este proceso de reparto contenido en el decreto que se vota ahora, está fuera de foco. O al menos mucho más de lo que los estaba hace meses. La tormenta política y económica por la entrada en vigor de los aranceles aplicados por EEUU al resto del mundo marca desde hace días la actualidad y la agenda política y mediática, y opaca el que es, sin embargo, uno de los temas más sensibles y controvertidos de los últimos tiempos. Forma además parte esencial de la agenda canaria que el Gobierno de Sánchez tiene comprometido con el Ejecutivo regional y con CC como socio parlamentario, y ha centrado buena parte de la actividad del Ejecutivo regional y de su presidente, Fernando Clavijo.
El presidente canario encabezará la delegación canaria desplazada desde las Islas a Madrid para asistir desde la tribuna de invitados al debate y celebrar una convalidación que se espera sin ninguna sorpresa, una vez garantizado el apoyo de Junts, que “no corre ningún peligro”, según afirma un diputado de la formación. Clavijo vuela a Madrid desde Isla Reunión, donde asiste para participar en una conferencia de las RUP. También asistirán otros representantes del Ejecutivo regional, como su consejera de Asuntos Sociales, Candelaria Delgado, y algunos portavoces en el Parlamento de Canarias.
El decreto-ley será defendido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como principal conocedor de todos los entresijos técnicos del mismo, pero también como coordinador de la política migratoria del Ejecutivo. Torres se cuidaba precisamente en los últimos días de una afonía para poder intervenir en el pleno, y todo parece indicar que podrá hacerlo sin problemas. El ministro canario estará acompañado desde la bancada azul por una buena parte del Gobierno, sobre todo por las responsables de los ministerios implicados en el desarrollo del proceso al que la convalidación da cauce, las titulares de Migraciones, Elma Saiz, y de Juventud e Infancia, Sira Rego. Quien no estará con toda seguridad es el propio Pedro Sánchez, que se encuentra en pleno viaje a Vietnam y China enmarcado en el contexto internacional por la guerra arancelaria desatada por la administración de Donald Trump en EEUU, una ausencia que, aunque esperada y comprendida, resulta algo frustrante para el Ejecutivo regional.
Clavijo quiere convertir el debate, con su presencia emblemática, en una llamada de atención al PP para que, independientemente de su voto en el Congreso, no convierta la aplicación del decreto en una guerra contra la medida en los tribunales, instando a Feijóo en este sentido a que frene los recursos de las comunidades del PP ante el Tribunal Constitucional. Será una jornada muy dura para el Ejecutivo regional por la imagen de alianza con el PSOE y con Sánchez en un tema crucial para Canarias, mientras los socios populares se ponen enfrente y tratan de frenar la tan ansiada distribución solidaria.
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