El Gobierno aprueba la reforma para hacer obligatorios los debates electorales y difundir las ‘tripas’ de las encuestas

El Gobierno sigue dando pasos en la tramitación de las medidas incluidas en el denominado plan de acción por la democracia. Este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la ley electoral (LOREG) para hacer obligatoria la celebración de “al menos” un debate electoral entre los candidatos durante la campaña en los medios públicos. En este mismo contexto, los medios de comunicación, tanto públicos como privados, deberán también aportar los microdatos de las encuestas electorales que publiquen. Las denominadas ‘tripas’, para dar cuenta de la metodología de estimación de resultados. 

El objetivo, según defienden en el Ejecutivo, pasa por "dotar de mayor transparencia a los sistemas democráticos europeos", y de ahí que estas dos modificaciones estuviesen previstas en el plan de acción por la democracia que, a su vez, responde a las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea. La reforma matiza que estarán obligados a concurrir a los debates electorales obligatorios las fuerzas políticas que compiten en esos comicios, "salvo causa justificada que sea aceptada por la Junta Electoral competente".

La reforma que el anteproyecto introduce en el artículo 66 de la LOREG fija, por tanto, la participación en los debates electorales de todos los candidatos de las formaciones políticas que obtuvieron representación en las anteriores elecciones equivalentes y abre la posibilidad de que intervengan también representantes de los que la Junta Electoral Central denomina “grupos políticos significativos”. Como tales, se consideran las formaciones políticas que concurren a las elecciones y que, pese a no haberse presentado a las anteriores equivalentes o no haber obtenido representación en ellas, en posteriores comicios en el ámbito territorial del medio de difusión público de que se trate hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5 por 100 de los votos válidos emitidos.

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La financiación de los medios de comunicación y su “transparencia” es otra de las patas del plan, obligando a dar a conocer a sus propietarios y accionistas. Entre los cambios sobre la mesa se prevé topar la financiación pública de los medios de comunicación.

Para ello se promoverá la reforma de la ley de publicidad institucional, que afectará a todas las administraciones y obligará a hacer públicos los recursos que destinan a los medios de comunicación. Una información que en estos momentos ni siquiera hace pública el propio Gobierno de forma sistematizada y ocultando el gasto de las empresas públicas en publicidad institucional.

Transparencia en los medios

El Gobierno establecerá un régimen sancionador para los medios de comunicación que no hagan pública la información sobre sus propietarios y accionistas, así como de la inversión publicitaria institucional que reciben. Según el anteproyecto aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros, para adaptar el reglamento europeo de medios de comunicación, la intención pasa por delegar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la potestad sancionadora. 

El Gobierno apuntó al impulso de otras "medidas de transparencia" a través de una nueva ley de administración abierta, para “mejorar y ampliar la cantidad y calidad de información gubernamental”. La intención pasa asimismo por endurecer los reglamentos del Congreso y el Senado. Con esto último se pretende establecer sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes y actividades o que lo hagan con información falsa o incompleta.