Un exmagistrado del TS ve una posible responsabilidad civil del Estado en la dana por la falta de construcción de infraestructuras

La comisión de investigación de la DANA en el Senado, impulsada por el PP, sigue avanzando con la comparecencia de expertos. Este miércoles ha sido el turno del catedrático de Derecho Civil de la Universidad de València y exmagistrado del Tribunal Supremo, Javier Orduña, que ha señalado que la falta de construcción de infraestructuras en el barranco del Poyo durante años provocó la inundación de varias localidades y, por tanto, se podría derivar de este hecho una posible responsabilidad patrimonial civil del Estado.

"El mal funcionamiento de los servicios públicos produce una responsabilidad de las administraciones públicas", ha dicho el exmagistrado del TS, elegido por el PP para comparecer en la comisión, antes de sostener que había varios proyectos previstos en el barranco del Poyo que durante los últimos 15 años han estado paralizados. "Si se hubiese hecho esas obras, yo lo que sí puedo decir es que la magnitud de la catástrofe hubiera sido menor", ha asegurado, antes de reiterar que "hubiesen paliado la terrible crecida".

Con este argumento ya establecido, Orduña ha continuado diciendo que existe una "relación causal" entre la no construcción de esas infraestructuras y lo ocurrido el 29 de octubre del pasado año, pues los 228 fallecidos "murieron como consecuencia directa de la inundación" y "el factor que mató fue la inundación". Preguntado sobre si el retraso en el envío de la alerta no tuvo también implicaciones, ha dicho que habrá que analizar qué datos se tenía en el momento para tomar esa decisión.

La emergencia nacional

Durante casi tres horas, Orduña ha ido respondiendo a las preguntas de los senadores sobre qué administración tenía la responsabilidad de hacer frente a la catástrofe ocurrida. En un inicio, el exmagistrado del TS ha sido tajante a la hora de afirmar que la competencia fundamental en materia de seguridad pública le "compete de forma exclusiva" al Estado y que era el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien podía decretar la emergencia de interés nacional.

Sin embargo, a lo largo de su comparecencia y ante las preguntas de los distintos grupos, Orduña ha acabado matizando y ha asegurado que "hay una concurrencia de responsabilidades" que pueden estar repartidas entre el Estado, las autonomías e, incluso, los ayuntamientos y que la declaración de la emergencia nacional también la podría haber solicitado la Generalitat Valenciana.

La construcción de presas

También ha comparecido en la Cámara Alta el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), Juan Valero de Palma Manglano, que ha admitido que las ayudas del Gobierno están bastante avanzadas y ha aplaudido la buena relación que mantienen con el Ministerio de Transición Ecológica a la hora de abordar las consecuencias de la dana. No obstante, sí ha pedido al Ejecutivo actual y los futuros que se sigan construyendo presas y que los temas del agua sean tratados como "una cuestión de Estado".

Pese a las insistentes preguntas de los parlamentarios del PP sobre las implicaciones de que no se hubieran construido las infraestructuras proyectadas para el barranco del Poyo, Valero ha sostenido que es necesario analizar caso a caso la necesidad de hacer presas y ha pedido seguir con el actual plan e ir analizando futuras obras de cara a los próximos años.