La defensa de la vicepresidenta Montero niega que la pareja de Ayuso sea un "ciudadano particular" e insiste en que admitió dos delitos

La Sala Primera del Tribunal Supremo debe determinar si la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atentó contra el derecho al honor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, al llamarle "delincuente confeso" o se limitó a ejercer su derecho a la libertad de expresión dentro de la discrepancia habitual entre partidos políticos. En la vista celebrada este jueves la abogada del empresario, Guadalupe Sánchez, alegó la existencia de un "plan concertado" del Gobierno para llamar "delincuente confeso" al empresario por ser pareja de "otro cargo público", mientras que la defensa de Montero, ejercida por la Abogacía del Estado, negó que se trate de un "ciudadano particular" y recordó que fue su "núcleo más cercano", en concreto, su abogado, quien admitió la comisión de dos delitos fiscales para tratar de llegar a un acuerdo con la fiscalía que le evitara ir a juicio.

El juez Hurtado rechaza aplazar la declaración del fiscal general y niega que la pareja de Ayuso sea "un defraudador confeso"

En la demanda -la primera formalizada de todas las anunciadas contra miembros del Ejecutivo- González Amador reclama 40.000 euros a Montero por las distintas manifestaciones que realizó a los medios de comunicación, en las que le llamaba "delincuente confeso" y decía que el ático en el que reside con la presidenta madrileña se había pagado mediante fraude fiscal.

Entre los argumentos utilizados por Guadalupe Sánchez ante la Sala de lo Civil figuraba un correo electrónico de diciembre de 2024 remitido por error por la Secretaría de Estado de Comunicación a los medios sobre González Amador. Con él la letrada pretendía esgrimir "un plan concertado" por parte del Ejecutivo para llamarle "delincuente confeso", en las que se enmarcarían unas de las declaraciones por las que demanda a Montero, aunque son anteriores al mail. El presidente de la Sala, Ignacio Sánchez Gargallo, rechazó reclamar otros argumentarios que el Ejecutivo pudiera haber preparado en relación con la causa por delito fiscal en la que está imputada la pareja de Díaz Ayuso.

La letrada también esgrimió los autos del juez Ángel Hurtado en la causa en la que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos en los que recogía el "daño reputacional" sufrido por el empresario al conocerse el contenido del correo que su abogado remitió a fiscalía para intentar alcanzar un acuerdo. En él admitía la comisión de dos delitos fiscales, lo que dio pie a que se le llamara "delincuente confeso", lo que motivó el anuncio de numerosas demandas.

Crítica malsonante

Por su parte, tanto el fiscal Javier Muñoz Cuesta como el abogado del Estado José María Molero, que ejerce la defensa de Montero, enmarcaron las declaraciones de la ministra en la libertad de expresión, que no obliga a que la opinión que se vierte sea verdad, lo que en este caso, supone que no sería necesario que González Amador ya hubiera sido condenado.

El fiscal apeló a la presencia de medios de comunicación en la propia vista para alegar el "interés general" del caso, lo que hace que lo dicho por la política pueda considerarse una "crítica agria, molesta, malsonante", pero no una vulneración del derecho al honor. El abogado del Estado resaltó que no se puede considerar a González Amador "un ciudadano particular" al uso, puesto que su nombre y profesión son conocidos y su "núcleo más cercano", su representante legal, fue quien manifestó que había cometido dos delitos fiscales.

El representante del ministerio público y el de los Servicios Jurídicos del Estado apelaron al sentido habitual de "confeso" para descartar la existencia de vulneración del derecho al honor alguna. Argumentaron que a la vista del contenido del correo electrónico remitido por el abogado de González Amador la expresión utilizada por Montero y otros miembros del Gobierno debe situarse en su uso coloquial y en el "debate político", no en el "jurídico".