La Audiencia Nacional abre una investigación para determinar si el apagón fue ciberterrorismo

La justicia empieza a investigar el cero energético que sufrió ayer todo el territorio peninsular español. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado incoar diligencias previas para investigar si el apagón en la red eléctrica española pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas que encajarían en un delito de terrorismo de los artículos 573.1 y 2 del Código Penal.

En su auto, el magistrado acuerda como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Concretamente, el juez quiere que le aclaren qué motivó "la pérdida súbita, durante cinco segundos, 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento". Del mismo modo, solicita a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.

El juez explica que el incidente ocurrió ayer sobre las 12.30 hora española y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria, transporte, etc., lo que supuso “una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos”.

Explicación del Gobierno

La resolución también recoge la explicación facilitada por el Gobierno de que “se han perdido” de forma súbita durante 5 segundos 15 GW de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 por ciento de la luz que se estaba consumiendo, siendo “algo que no había ocurrido jamás”.

El juez Calama indica que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, “el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles”. Por tanto, resulta necesaria, según el juez, la apertura de una investigación judicial.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica asimismo que, conforme al artículo 573 del Código Penal los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.

En su resolución, el juez Calama también examina la legislación nacional y europea en materia de protección de infraestructuras críticas y lucha contra el ciberterrorismo y que, en el caso de España, llevó al legislador a introducir en el Código Penal este fenómeno dentro de los delitos de terrorismo. En concreto, en el artículo 573. 2 en el que inicialmente encajarían los hechos “en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal”.

Así, argumenta que "nuestra sociedad se basa cada vez más de un complejo sistema de infraestructuras en el que se sustentan los sectores productivos, gestión de servicios, sistema financiero y desarrollo de la vida ciudadana en general" que son interdependientes entre sí, "lo que puede desencadenar problemas de seguridad en cascada a través del propio sistema, con la posibilidad de ocasionar fallos inesperados y graves en servicios básicos para la población, como sucedió en el día de ayer".

"Este tipo de infraestructuras son especialmente atractivas para el terrorismo, por los graves daños que pueden ocasionarse para la población", advierte el magistrado de la Audiencia Nacional. Por ello, recuerda ya en el año 2004, el Consejo de la Unión Europa aprobó el Programa europeo de protección de infraestructuras en infraestructuras críticas, que daría después lugar a otra normativa de 2008 sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección, que han tenido reflejo en nuestro ordenamiento político.

Cita igualmente es su auto un informe Ciberamenazas y tendencias de 2017 del Centro Criptológico Nacional que afirmaba que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros. Así ocurrió en el caso de los ciberataques a compañías de electricidad de Ucrania que, en 2016 ocasionaron un apagón, provocando que millones de personas se quedaran sin energía eléctrica, agrega.

Postura del Gobierno

El Gobierno, por el momento, afirma no tener "información concluyente" de que lo ocurrido ayer en España haya sido un ataque terrorista, aunque en su comparecencia pública el presidente Pedro Sánchez ha hecho alusión a la investigación abierta por la Audiencia Nacional y la ha enmarcado en "el orden el lógico de las cosas en un estado democrático como el nuestro".

Para el presidente "es imprudente" simplemente señalar una u otra hipótesis. "Lo importante es tener un conocimiento exacto de qué sucedió en esos 5 segundos -- en los que se produjo la desconexión energética-- y a partir de ahí tomar las decisiones que sean necesarias".