El Estado impone sus criterios para el reparto de menores

El Estado impone los criterios para el reparto de los menores migrantes ante la imposibilidad de que las comunidades autónomas lleguen a un acuerdo unánime. Las regiones gobernadas por el PP han reiterado su rechazo a la redistribución, pero no se levantaron de la mesa de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia en la que se debían debatir los criterios para llevar a cabo la reubicación de los niños llegados a Canarias y a Ceuta sin el respaldo de un familiar adulto, aunque el debate se desvió y se centró en la falta de información y en la falta de transparencia para fijar las cuotas. Los consejeros populares argumentaron sus posiciones en contra del real decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería y que hace obligatoria la redistribución de los menores por todo el territorio nacional.

El objetivo de la reunión, que arrancó pasadas las 15:00 horas (hora canaria) en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, era acordar la fórmula para calcular la cuota que le toca asumir a cada región, pero el Ministerio de Infancia no pudo poner sobre la mesa una propuesta ante la falta de datos por parte de algunas comunidades autónomas. La mesa de la sectorial rechazó la posibilidad de que los consejeros votaran sobre los criterios, al considerar que no había una "posibilidad real de acuerdo", ya que el decreto ley recoge que los criterios se deben pactar "por unanimidad".

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma de Canarias, que participaron en la redacción del real decreto ley, "no ven problema en votar", puesto que algunas comunidades expusieron su argumentación, pero no el sentido de su voto. A pesar de este apunte y de que varios consejeros insistieron en la necesidad de votar, la mesa consideró innecesaria la votación, aunque tampoco cedieron a la eliminación del punto del orden del día. Las comunidades autónomas recalcaron que "no se puede impedir la votación" y reflejaron su "estupor" ante la negativa a votar.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien presidió el encuentro, antes de entrar en la reunión aseguró que no ha faltado información por parte del Gobierno central a las comunidades sobre la reubicación de los menores, pero sí falta "voluntad política" por parte de las autonomías para llevarla a cabo. Así, recordó que la sectorial es un "espacio de diálogo" para poner sobre la mesa "cualquier modificación" de los criterios de reparto.

En las conclusiones de la conferencia, Rego lamentó “haber perdido la oportunidad de contar con un crisol para armar una propuesta diferente”. Aun así, la ministra defendió que “ley que se va a cumplir”, a pesar de que las comunidades autónomas pueden interponer los recursos “que estimen oportunos” ante el Tribunal Constitucional. “Considero urgente y prioritario que todas las comunidades respondan de manera solidaria”, añadió Rego y aclaró que se seguirá trabajando en una nueva propuesta con las comunidades en una otra conferencia sectorial, en la que también se abordará la financiación.

Ante las críticas de las autonomías por la falta de debate sobre los criterios de reparto, repasó las oportunidades que han tenido los consejeros para abordar este tema. Según relató, en 2024, se les pidió que enviaran propuestas para plantear nuevos criterios, pero no se enviaron; y, además, se bloqueó una propuesta para una acogida voluntaria y la creación de un grupo de trabajo para la reforma de los criterios. En enero de 2025, detalló, se bloqueó del orden del día la creación de un grupo de trabajo para elaborar los criterios. “Ha habido oportunidades para abordar los criterios y no se han aprovechado”, sentenció.

"Ni un minuto más"

Delgado expuso en la sectorial la situación de Canarias y destacó que la llegada de menores migrantes se ha incrementado en los últimos años, lo que ha llevado a que 5.812 niños estén en los centros de acogida bajo la tutela del Gobierno autonómico. "Las condiciones adversas de acogida ha llevado a la aparición de trastornos psicológicos de los menores", afirmó Delgado, quien alertó sobre la escasez de profesionales para su atención. La consejera recordó ante los demás consejeros del ramo que la atención de estos niños ha llevado a una sobrecarga de servicios públicos esenciales como las consultas médicas o la educación.

"Hemos hecho lo imposible para atender esta crisis migratoria", recordó Delgado, quien reconoció que el real decreto "no es perfecto", pero "ha de cumplirse con la solidaridad territorial y con los derechos del menor". La consejera instó a las comunidades a "dar una salida a la situación de estos niños", para lo que les pidió "colaboración, cooperación y ayuda", porque "Canarias no puede seguir en esta situación ni un minuto más".

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