Las indemnizaciones a las víctimas de pederastia y Cuelgamuros marcarán la relación del Gobierno con el nuevo Papa

El Gobierno llegó a un acuerdo con el Vaticano el pasado 25 de febrero para desbloquear el proyecto de resignificación del valle de Cuelgamuros, con el objetivo de transformarlo en un lugar de memoria democrática. Lo hizo tras casi un año de negociaciones y con renuncias que han afeado los socios de Gobierno, al no conllevar una desacralización completa del monumento franquista y pactar la permanencia de los monjes benedictinos, que además seguirán celebrando misas en la capilla. Cerrada esta carpeta, aun a falta de perfilar cuestiones relativas a la elección del futuro proyecto, el principal asunto pendiente entre el Gobierno y el Vaticano tiene que ver con las indemnizaciones de la Iglesia a las víctimas de pederastia, tras la elección en el cónclave del cardenal norteamericano Robert Prevost. El nuevo Papa que ha tomado el nombre de León XIV.

El papa Francisco contribuyó a impulsar las indemnizaciones, frente a resistencias de la Iglesia en España a asumir las condiciones del Ejecutivo para hacerse cargo de las compensaciones económicas. Ahora, fuentes del ministerio de la Presidencia, encargado de las relaciones con la Iglesia, dicen “confiar” en que no cambie esta línea de diálogo y colaboración. Sobre el perfil del Papa, en el Ejecutivo evitan “juicios apriorísticos”. El ministro Bolaños sí destacó en la declaración institucional tras el fallecimiento del Papa su deseo de que la Iglesia pueda continuar “su legado humanista y reformador”. Lo que tampoco escondían estos días fuentes del Gobierno era su predilección por la elección de un Papa reformista, más allá de que fuese de origen español.  

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El objetivo pasa por acordar el régimen de compensaciones a través de un órgano mixto Iglesia-Estado que cuente con las propias víctimas, tenga procesos seguros y respetuosos y pueda “decretar compensaciones obligatorias a cargo de la propia Iglesia”, según explican en el ministerio que dirige Félix Bolaños. Como en el caso de Cuelgamuros, la mediación del Vaticano se considera imprescindible. El encargado de relaciones con la Iglesia ha avanzado tras la elección del nuevo Papa su intención de seguir llegando acuerdos con el Vaticano. "La relación con el nuevo Papa será de cooperación, de lealtad, cuando tengamos diferencias, que seguro que las tenemos, hacerlo con respeto", explicó Bolaños mostrándose convencido de que "tendremos nuevos acuerdos con el nuevo Papa".

Fruto del actual diálogo con la Santa Sede, en el Ejecutivo celebran “acuerdos históricos” que han resuelto asuntos pendientes durante décadas. Además de la resignificación del Valle de Cuelgamuros, se ha acordado y firmado la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia al de otras entidades sin ánimo de lucro o la reversión de inmatriculaciones mal realizadas.

Las prioridades del Gobierno en su relación con la Iglesia están muy definidas, por lo que la apuesta pasa por “mantener nuestras posiciones y prioridades estando dispuestos a un diálogo continuo como el que hemos mantenido estos años, marcado por los buenos resultados y el respeto a las diferencias que podamos tener”, explican las mismas fuentes.

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El Consejo de Ministros ya aprobó en marzo del pasado año un informe para dotar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones aún en los casos prescritos penalmente. Sin avances públicos, está pendiente de crear una subcomisión de estudio a nivel parlamentario. A la espera de que se ponga en marcha, sin garantizarse que sea en este periodo de sesiones, tendrá un plazo de seis meses para establecer sus conclusiones, elevarlas a la comisión de Justicia y, finalmente, llevarse al pleno del Congreso. No antes de 2026.

Delitos prescritos

La pretensión de la subcomisión, que lleva las firmas tanto de PSOE como de Sumar, es más ambigua al pretender plasmar en un informe conclusiones “sobre las medidas a tomar en todos los ámbitos administrativos para garantizar el reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica, así como las acciones de prevención necesarias para evitar nuevos casos de agresiones y abusos”. Todo ello con el enfoque de permitir “el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos en que, por prescripción del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acción penal”.

Tras la aprobación del plan en el Consejo de Ministros, desde la Conferencia Episcopal respondieron con un comunicado rebajando las expectativas de colaboración por parte del Gobierno. "No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", argumentaron. Asimismo, consideraron que el texto presentado "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado".

Garantías para el ‘Memorial de Cuelgamuros’

Sobre el Valle de Cuelgamuros, el Gobierno da por cerrada esta carpeta tras el acuerdo que ha permitido lanzar el concurso de ideas para la elección del proyecto de resignificación, pero desde la Iglesia exigen resolver “cuestiones previas” para garantizar que se respeten los signos litúrgicos y religiosos. El jurado que decidirá sobre la elección del proyecto contará con un miembro de la Iglesia. Concretamente, el delegado de liturgia del Arzobispado de Madrid, Daniel Alberto Escobar. Sin embargo, no tendrá derecho a veto, a diferencia de lo que se planteó en un principio. Los pliegos del concurso para la reconversión del monumento franquista del valle de Cuelgamuros, anteriormente denominado Valle de los Caídos, en un “centro de reinterpretación histórico, artístico y paisajístico”, establecen que las decisiones del jurado se adoptarán por mayoría simple. Siempre que alguno de sus miembros lo requiera, se podrán emitir votos particulares.

El Gobierno prevé que el ‘Memorial de Cuelgamuros’ está listo para inaugurarse a mediados de 2029, pero existe la posibilidad de acordarse prórrogas justificadas durante el proceso. La elección del proyecto ganador se conocerá en septiembre. Para la posterior redacción del proyecto de ejecución se darán otros ocho meses y la licitación de las obras está prevista para finales de 2026. El inicio de las obras está previsto así en la recta final de la legislatura.

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