El PSOE se desentiende de la negociación con Junts sobre la reducción de jornada y deja toda la responsabilidad a Sumar

El Consejo de Ministros aprobó este martes la reducción de la jornada laboral, una medida por la que 12 millones de trabajadores pasarían de las 40 horas semanales a 37,5. Pero su entrada en vigor se anticipa mucho más complicada. En la Moncloa, a diferencia de lo que ocurre en Sumar, la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, son pesimistas sobre las opciones de que el Congreso apruebe la norma, debido a los siete diputados de Junts, que basan su rechazo en el malestar que la iniciativa despierta en las pequeñas y medianas empresas (las llamadas pymes) de Catalunya. 

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Pero los socialistas, tanto en el Gobierno como en la dirección del partido, miran este escenario con muchísima distancia. Apenas se sienten concernidos. La luz verde del Consejo de Ministros vino precedida de choques en público entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y Díaz, quien llegó a llamar "mala persona" a su compañero en la coalición por intentar demorar su aprobación. Ahora, una vez pasada esta pantalla, la Moncloa y el PSOE se desentienden de la negociación parlamentaria, que como casi siempre en esta legislatura tiene en el partido de Carles Puigdemont el principal escollo. Con el PP y Vox en contra, todo en la reducción de la jornada, un compromiso de Sánchez y Díaz incluido en su pacto de coalición, vuelve a pasar por los convergentes. 

"Es un proyecto del Ministerio de Trabajo, así que es Díaz quien tiene que atar los apoyos", señala un ministro del núcleo duro de Pedro Sánchez. "La pelota está en el tejado de Sumar", añade un alto dirigente del PSOE, al tanto de las reuniones que tienen lugar con Junts cada mes en Suiza. En esos encuentros, continúa, el partido independentista ya ha dejado claro que no contempla dar su voto a esta medida.

El factor Podemos

Otro cargo socialista explica que si fuesen ellos, y no Sumar, quienes liderasen las conversaciones con los posconvergentes, estas también tendrían muchas posibilidades de acabar en vía muerta. "No vamos a negociar nosotros con Junts, llegar a un entendimiento, y que luego Sumar conteste que hemos cedido demasiado", dice. Y luego está Podemos, que ya ha anunciado que se descolgará si la reducción de la jornada queda diluida en aras del pacto con el partido de Puigdemont. "Sumar tiene también que comprobar las enormes dificultades a la hora de poner de acuerdo a Junts y Podemos", concluye este interlocutor.    

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Los posconvergentes, mientras tanto, niegan cualquier posibilidad de que el proyecto, tal y como está redactado, salga adelante con su voto. Pero añaden otro dato. En realidad, explican fuentes de la formación independentista, "el primer interesado en que no se apruebe es el PSOE". 

"La reducción de la jornada laboral solo la hemos abordado con Sumar. No con el PSOE, que nunca ha sacado este asunto en nuestras reuniones. Nos molesta que Sánchez y sus colaboradores no lo digan abiertamente. Nos sentimos utilizados por los socialistas, pero en el fondo da igual, porque nosotros no vamos a cambiar de posición si ellos se implican. Nuestro rechazo nos desgasta en España, sobre todo en los medios de izquierdas, pero no en Catalunya, donde todas las pymes están contra", explican fuentes de la cúpula de Junts. 

El escaso margen

Ante este complejo contexto, el PSOE ya reconoce en privado que no cree que la medida salga aprobada. Los socialistas son más optimistas sobre las posibilidades de que haya avances en las próximas semanas para el reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales dentro de la UE, una bandera de Junts, que incluyó esta reivindicación en su pacto de investidura con Sánchez. Pero en el entorno del presidente del Gobierno descartan que los pasos en esta materia puedan llevar a los posconvergentes a respaldar la reducción de jornada. "Son cosas distintas", dicen. 

Díaz, sin embargo, mantiene la esperanza sobre la medida estrella de su departamento en esta legislatura. Al menos, en público. "Ya no hay vuelta atrás. Esta norma llega a la casa de la democracia. Ahora tiene que hablar la soberanía popular", dijo la vicepresidenta segunda el martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que restó importancia al rechazo de Junts, dando a entender que era reconducible, y trasladó toda la presión al PP. Fuentes de su entorno más cercano insisten en que hay "margen" para negociar, pero que la "discreción" es clave.

La tramitación parlamentaria

Los tiempos, por lo menos, los controla el Gobierno. Con la ley ya aprobada por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso, es la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría del PSOE y Sumar, la que tiene en su mano marcar los plazos. La próxima semana empezarán a correr los primeros 15 días para que los partidos registren enmiendas a la totalidad de texto alternativo o de devolución. Junts ya ha avisado de que presentará una iniciativa de este último tipo. Si el PP y Vox la apoyan, la norma decaería.

No obstante, como ocurre con otras leyes impulsadas por el Ejecutivo, la Mesa puede ir prorrogando indefinidamente los plazos para presentar enmiendas a la espera de cerrar los acuerdos necesarios que permitan salvar el primer debate en el Congreso. O, simplemente, dejar la norma aparcada en un cajón hasta que termine la legislatura.

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