Moncloa blinda la investigación del apagón para no precipitar responsabilidades pese a la “fuerte presión”

El Gobierno sigue sin descartar ninguna hipótesis sobre las causas del apagón que el pasado 28 de abril ocasionó la principal crisis energética en la Península. Una falta de respuestas por la que la oposición pone en duda la gestión del Ejecutivo y alimenta la sombra de la sospecha. "No sé si es más preocupante que lo sepa y nos lo oculte o que no tenga ni idea", replicaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno tras una intervención en el Congreso en la que Pedro Sánchez no solo orientó el debate a la batalla entre nucleares y renovables, sino que pidió “tiempo” para esclarecer lo sucedido y “asumir responsabilidades políticas”. Un ministro del núcleo duro del jefe del Ejecutivo reconocía tras el debate el estrés al que están siendo sometidos para dar con las causas, pero también su determinación a “aguantar la presión” política y social que califican de "muy fuerte" para no cerrar en falso la investigación.

“Aguantaremos el tirón y esperaremos”, avanzaba para defender la necesidad de respetar los tiempos de los técnicos e informar solo cuando se tengan certezas. “Es duro, pero no diremos nada hasta que lo sepamos”, añadían estas mismas fuentes para contraponer una investigación “honesta” a la de otras crisis gestionadas por el PP. “No vamos a hacer como el PP, que por presión cerraron en falso investigaciones”, replicaba para concluir que “ejemplos no faltan, como el 11-M, el Yak-42 o el Prestige”.

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Se trata de una decisión política, pero también con un componente económico y hasta de responsabilidad ante Bruselas. Las eventuales indemnizaciones podría ser millonarias, y de ahí que afeen a algunas operadoras privadas por supuestamente orientar responsabilidades o precipitar conclusiones. La desautorización a Red Eléctrica tras descartar la hipótesis del ciberataque da cuenta de ello. Asimismo, la normativa de la Comisión Europea obliga a que en el primer informe factual que deberá remitirle el Gobierno se radiografíe todo hasta el más mínimo detalle. También que se razone y se justifique la aplicación de cualquier medida que se tome al respecto.

Por último, el Gobierno luso sigue de cerca la investigación y, además de solicitar a Bruselas una auditoría, ha forzado la creación de un grupo de seguimiento conjunto con España para identificar las causas. Para ello se ha acordado mantener una reunión semanal al máximo nivel, celebrándose este viernes la segunda cita entre la vicepresidenta Sara Aagesen y su homóloga Maria da Graça. La coordinación entre países se suma a los contactos que se mantienen sobre el suceso con Francia y Marruecos.

Todos estos elementos invitan a la cautela del Gobierno, a blindar la comisión de investigación y disponerse a aguantar la presión ante el desgaste por no ofrecer conclusiones. También que las compañías eléctricas tengan sus propios intereses, por lo que en el Gobierno no esconde su desconfianza, pese a asegurar que todas las compañías están colaborando.

“Cuando te reúnes con las empresas, ninguna te dice que ha pasado algo”, apuntan desde el Ejecutivo para justificar que se desatienda la petición de las compañías para formar parte de la comisión de investigación. “Si nadie te dice nada, tenemos que comprobarlo nosotros”, concluyen ante la falta de explicaciones. Aunque algunas reuniones del comité de análisis se están celebrando en sus sedes, desde el Gobierno se limitan a que las compañías eléctricas tengan “voz”, sin sentarlas en el organismo que lidera la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

“Como un accidente aéreo”

Pese a la desconfianza, se evita en todo momento deslizar responsabilidades. Tampoco contra el operador del sistema, Red Eléctrica, a cuya presidenta, Beatriz Corredor, eligió el Ejecutivo. Por el momento, señalan en Moncloa, “no dudamos de su trabajo”. En público, la defensa es tibia, mientras que en privado se intentan igualmente marcar distancias con una compañía “privada”, pero destacando que no hay motivos por los que retirar su apoyo a la exministra socialista. Al menos, hasta acotar la investigación y poder dirimir responsabilidades.

No se prevé que sea en el corto plazo y ni siquiera en el Ejecutivo crean que pueda tratarse de una única causa o culpable. Puede ser una suma de causas”, explican fuentes conocedoras de las reuniones del comité de investigación. “Cuando se sepa, se sabrá en su totalidad”, añaden para poner comparar la investigación con la de los accidentes aéreos. “Ahora se está analizando la caja negra”, remachan.

Presión por la subida de la luz

La presión sobre el Gobierno para intentar acelerar al máximo la investigación tiene que ver con la repercusión en la factura de la luz por el refuerzo del sistema tras el apagón. Aunque en el Gobierno aseguran que el impacto será mínimo, a falta de cuantificarlo anticipan que esta circunstancia conllevará un “coste adicional”. Además, la intención es mantener este modo de refuerzo hasta que la comisión de investigación pueda acotar con certeza las causas del apagón.

El modo de operación reforzada en el mercado de electricidad busca asegurar estabilidad extra en su funcionamiento tras el apagón masivo. Se trata de contar con un mix de producción más estable para fortalecer las redundancias para evitar problemas tras el colapso histórico. En las últimas jornadas se han seguido registrando en el mercado eléctrico horas con precios de cero euros o incluso negativos, pero también algunos picos con cotizaciones cercanas a los 80 euros por megavatio hora (MWh).

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