En un auto

El Supremo cita a la miss Asturias relacionada con Ábalos y al exdirector de gabinete de Maroto en el caso Koldo

El magistrado Puente tomará declaración como testigos el próximo día 21 a Claudia Montes, a la que advierte con multa en caso de volver a dar plantón al alto tribunal, y a Juan Ignacio Díaz Bidart

Claudia Montes, en una imagen de archivo.

Claudia Montes, en una imagen de archivo. / Marcos León

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, ha citado a declarar como testigos para el próximo 21 de mayo al exdirector de Gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, y a la que fue Miss Asturias y pertenecía al "círculo personal" de Ábalos, Claudia Montes, que esta vez ha sido advertida con multa si vuelve a dar plantón al alto tribunal. 

El magistrado explica que la segunda citación de Montes se ha producido tras recibirse un oficio de la Policía Local de Gijón sobre su paradero, después de que no hubiera certeza de que hubiera podido ser notificada en el domicilio que constaba tras haber sido desahuciada. Puente la cita para el día 21 con expreso apercibimiento de que, en caso de no comparecer, sin motivo previamente justificado, se le impondrá una multa de entre 200 y 5.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 420 de la ley de enjuiciamiento criminal. Su declaración es importante para saber si fue contratada en la empresa pública Logirail por intermediación de Ábalos. El magistrado también ha solicitado información a la propia entidad.

El intructor se ha pronunciado también sobre la batería de diligencias que habían solicitado las acusaciones populares, de las que solo acepta una: tomar declaración como testigo a Juan Ignacio Díaz Bidart, exdirector de Gabinete de la que fue ministra de Industria Reyes Maroto, actual portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

Las acusaciones pedían que declarase para explicar si se produjo una reunión con el socio de Aldama, Claudio Rivas, y la empresaria que afirmó haber llevado efectivo de parte del primero a la sede socialista de Ferraz, Carmen Pano, para tratar de obtener la licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel. La acción popular consideraba que la compra de una casa en la provincia de Cádiz por Have Got Time, para después arrendársela a Ábalos, podría estar vinculada con la obtención de la citada licencia. Aunque quien figura como administradora de la entidad es la hija de Carmen Pano, Leonor González Pano, que también está imputada en el fraude de hidrocarburos, los investigadores consideran que el real es Rivas.

El instructor, por su parte, concluye que la declaración testifical de Díaz Bidart resulta pertinente a los efectos de acreditar la existencia de la mencionada reunión con Rivas y Pano, pero descarta el resto de diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones por no considerarlas pertinentes, útiles ni necesarias a la investigación.

Entre las que no acuerda figura la citación como testigos del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura, del expresidente de RENFE Isaías Táboas, de la exesposa del investigado Koldo García, o del gerente y otros dos empleados de Logirail, Enrique Martínez Torres y a don José Ángel Menéndez, en su condición de “superiores funcionales" de la persona del "círculo personal" de Ábalos, al menos hasta conocer toda la documentación que se ha solicitado a la propia empresa pública.

Air Europa fuera

Tampoco acepta que se solicite diversa información a la SEPI sobre el expediente de Air Europa, lo que de momento significa que el alto tribunal, a diferencia del juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, descarta abrir esta vía de investigación. El juez Puente afirma que, según el último informe de la UCO, Javier Hidalgo, el que era CEO de Globalia -propietaria de la compañía aérea- "pudo haber considerado en un determinado momento que el esfuerzo que estaban realizando Aldama, Ábalos y García resultaba infructuoso o poco operativo, decidiendo explorar otras vías".

"Es evidente, sin embargo, que, tampoco en este caso, la concesión de las ayudas públicas a la empresa solicitante dependía o correspondía a la competencia de Ábalos Meco (ni, claro está, de García Izaguirre). Dicho de otra manera: las conductas que se atribuyen a los aquí investigados y que son objeto de la presente causa especial no se corresponden con la eventualmente ilícita o antijurídica concesión de una licencia de hidrocarburos a Villafuel o con la pretendidamente irregular concesión de ayudas económicas públicas a la empresa Air Europa", afirma el juez, que añade que en la causa no hay indicio alguno" de una cosa o de la otra.

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