Una asociación de fiscales pide al Supremo sentar ya en el banquillo al fiscal general por revelar datos del novio de Ayuso

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), una de las acusaciones populares en la causa por la presunta revelación de datos del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que realice las diligencias pendientes y siente en el banquillo a los dos imputados: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Considera que contra ambos existe "una abrumadora prueba", porque "nadie borra su inocencia", en referencia al borrado del teléfono que realizó el máximo responsable del ministerio público después de que el alto tribunal abriera el procedimiento.

La UCO desvela que el teléfono del fiscal general no conserva mensajes de los días de la filtración de datos del novio de Ayuso

En el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la asociación, representada por el abogado Juan Antonio Frago, solicita recabar más de información sobre dos puntos concretos de la instrucción y proceder a concluirla, una vez que se celebren las dos declaraciones previstas en la causa, la del propio González Amador y la de los peritos de la Guardia Civil que analizaron los teléfonos de los dos imputados, contra los que considera que se ha reunido "un acervo probatorio desmesurado", que permite pasar ya a la siguiente fase: el juicio por un delito de revelación de secretos.

Con las diligencias que propone ahora quiere comprobar si los periodistas que informaron de que la defensa de González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales, al proponer una conformidad con la fiscalía que le evitara el juicio, disponen del móvil del fiscal general del Estado, y conocer el contenido de los tres expedientes de dación de cuenta -con los que se informa al superior, en este caso, el fiscal general-, relativos al ahora querellante Alberto González Amador, que pide que se reclamen a la fiscal jefa Inspectora, María Antonia Sanz.

Según la acusación, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, hizo referencia en su declaración como testigo a que debía haber tres: uno por la Fiscalía Provincial de Madrid, otro por la Superior y otro en la Fiscalía General del Estado. Esta parte considera que la obligación de informar al superior en los asuntos de especial relevancia "nada tiene que ver ni con la tramitación de expedientes de más que dudoso respeto por la protección de datos de los ciudadanos, ni con la fundamentación de por qué respecto de determinados ciudadanos se recopila información y por qué de otros no".

La Guardia Civil apunta al "papel preeminente" del fiscal general en la filtración de datos de la pareja de Ayuso

Explica que los expedientes "deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente" y "aportarán una gran información de las fechas y momentos claves para esta investigación judicial: qué se sabía o no, o qué se dejó de incluir, la motivación real de cada uno de los intervinientes en las comunicaciones y el qué hacía especial o digno de dación de cuenta al querellante, que [...] por aquellas fechas era un ciudadano prácticamente anónimo y cuya única relevancia ha resultado ser de quién era y es pareja, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid". La Apif también se pregunta por qué se encargaba el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, de la dación de cuenta y no su superiora.

Pruebas para el juicio

Entre la "abrumadora prueba" que esta acusación esgrime figura el borrado del teléfono del fiscal general cuando supo que se admitía la exposición razonada elevada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), porque sostiene que "nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente".

Y las declaraciones testificales que se han celebrado, "muy singularmente" la del fiscal que denunció a la pareja de Ayuso, Julián Salto, la de Lastra o Salvador Viada, que vio al fiscal general hablando con la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, durante el registro que la Guardia Civil hizo en su despacho.

También resultan relevantes las testificales de los responsables de prensa de la fiscalía, porque "corroboran [...] la imperiosa necesidad de García Ortiz de, en ilegítimo conocimiento de la información del expediente penal del querellante, sacar tales datos a la luz de manera urgente y detallada", en una nota de prensa.

Añade: "La Inspección Fiscal o la teniente fiscal del Tribunal Supremo no han aportado ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito, lo cual sería deseable dado que los datos estaban solo a su disposición y deja realmente en mala posición la dignidad del ministerio fiscal que demuestra que no ha tenido ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados".