La fiscalía solicita el archivo de la causa contra David Sánchez y Gallardo por no apreciar indicios de criminalidad

"No existen auténticos indicios racionales de criminalidad", sino "conjeturas e hipótesis". Con estos argumentos la fiscalía ha solicitado a la Audiencia Provincial de Badajoz el archivo de la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, por supuesta contratación ilegal del primero como cargo de alta dirección en la institución provincial.

Tampoco cree que hayan cometido delitos los otros 9 procesados, entre ellos el exasesor de Moncloa Luis Carrero.

En su recurso de apelación, el ministerio público señala que la conclusión incriminatoria alcanzada por la magistrada que instruye la causa, Beatriz Biedma, "se contradice con diversos hechos o datos objetivos que han resultado perfectamente acreditados a lo largo de la exhaustiva instrucción" y que la hipótesis incriminatoria asumida por la jueza "incurre en notables contradicciones internas que permiten apreciar una notoria falta de coherencia interna en los planos fáctico y jurídico". Sin embargo, a su juicio, tras el análisis de los miles de correos intervenidos, las declaraciones de los investigados y testigos y de la extensa documentación remitida por la diputación sobre el proceso para crear la plaza no existen indicios de delito.

La fiscalía sostiene que la creación del puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios que se adjudicó a David Sánchez fue una decisión "legítima", que Gallardo no se coordinó con otros cargos y funcionaros para crearla "a la carta" para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno y que "no existe ninguna duda" de que este último no simuló en ningún caso el desempeño de una actividad profesional con el fin de enriquecerse ilícitamente y que ha quedado acreditado que desarrolló las tareas inherentes al puesto de trabajo que se le encomendó.

En este sentido, mantiene la "imposibilidad" de incardinar los hechos en los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, por los que las acusaciones populares, en su escrito provisional, han solicitado tres años de prisión para David Sánchez y Gallardo.

Sobre la creación de la plaza que ocupó el hermano del presidente del Gobierno, la fiscalía señala que los directores de los dos conservatorios, Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez, nunca expresaron su rechazo a crearla y que sus declaraciones durante la instrucción no permiten concluir "ni siquiera de forma indiciaria" que alguno de ellos entendiera que detrás había "motivaciones espurias de ningún tipo".

El ministerio público afirma que el puesto de coordinador de los conservatorios estaba justificado desde el punto de vista "del interés público", que se creó siguiendo el protocolo establecido y que la decisión de atribuirle la condición de alta dirección no solo no supone una irregularidad, sino que "fue de todo punto razonable".

Asimismo, señala que no existen elementos que permitan afirmar, ni siquiera con carácter indiciario, que las entrevistas realizadas a los candidatos a este puesto fueran "ficticias", que los informes que proponían a David Sánchez como candidato "no contienen irregularidad alguna", que no hay pruebas de que la evaluación del tribunal resultó incorrecta -"y mucho menos injusta y arbitraria"- y ni tampoco que pongan en duda que el hermano del presidente del Gobierno fue propuesto y nombrado por ser "el más idóneo para el puesto de trabajo".

Tampoco estima relevante la fiscalía que la entonces diputada de Cultura, Cristina Núñez, no estuviera presente en las entrevistas (sostiene que se ha probado que estuvo al inicio y final de las mismas), ni el correo que envió otra de las candidatas, Cristina de Frutos, por considerar que el proceso de selección fue discriminatorio porque se justificó que se adjudicara a Sánchez por sus respuestas a la entrevista, que a ella no le hicieron. La fiscalía recalca que ninguno de los aspirantes formuló reclamación ni interpuso recurso por estar disconformes ni con las bases de la convocatoria ni con la adjudicación y afea a De Frutos que cuestione la legalidad del proceso 7 años después. "No está en condiciones de decir que el señor Sánchez obtuviese la plaza ilegalmente".

El correo 'hermanísimo"

Además, contrariamente a lo que afirma la magistrada sobre el correo de Valentí con el encabezado "hermanísimo" del 19 de mayo de 2017, considera que no permite concluir que la plaza hubiera sido diseñada con el fin de adjudicársela a David Sánchez, pues, según la declaración del primero, "el rumor era acerca de que pudiera presentarse como candidato", únicamente permite determinar es que alguna persona -cuya identidad no ha sido revelada durante la instrucción- pudiera haber puesto en conocimiento de David Sánchez y de otras personas, con anterioridad a esa fecha, la inminente convocatoria del puesto de coordinador de las Actividades del Conservatorio.

"Solo consta la existencia de un rumor que no se concreta y que no permite conocer, para el caso de entenderse ha habido contactos, entre qué personas se produjeron ni cuál fue su contenido. Mucho mensos que ese contacto generara en las autoridades o funcionarios públicos el propósito de cometer un hecho delictivo", concluye la fiscalía. En este sentido, añade que esa posibilidad se ve "ampliamente diluida" cuando se constata que el procedimiento fue "público y transparente", que las bases de la convocatoria no incluyeron cláusulas dirigidas a beneficiar a un candidato sobre otros ni conste ningún dato que permita entender que el candidato seleccionado no fuera el más idóneo para obtener el puesto de trabajo.

El interés por la vivienda de alquiler

Con respecto a las gestiones que realizó David Sánchez el 26 de junio de 2017, antes de ser contratado por la diputación, para informarse sobre las condiciones de arrendamiento de una vivienda en Badajoz, el ministerio público lo considera "de todo punto normal". En este sentido, argumenta que no entregó ninguna señala, no firmó ningún contrato y se limitó a conocer los detalles del alquiler de una casa, exponiendo que "podría ir a trabajar a Badajoz, sin ofrecer datos concretos".

En su recurso, el ministerio público hace referencia a otras consideraciones que, a su juicio, la magistrada instructora no ha valorado "oportunamente, a pesar de su innegable trascendencia". Así, señala que no ofrece "explicación plausible" sobre las razones que habrían llevado a Gallardo, Cristina Núñez y Elisa Moriano, directora del Área de Cultura en aquella fecha, a crear de forma ilícita la plaza de coordinador de Actividades de los Conservatorios, algo que la fiscalía considera "de todo punto relevante" para valorar si como afirma la jueza, los investigados se concertaron para diseñar una plaza a medida con el único objetivo de satisfacer las aspiraciones profesionales de Sánchez.

En este sentido, señala que el auto impugnado solo se limita a afirmar que "seguramente" el designio criminal surgió a petición de alguna persona o personas del entorno del hermano del presidente del Gobierno, lo que, a su juicio, es "una conjetura carente de toda base fáctica", pues a pesar de la "exhaustiva investigación" llevada a cabo, "No existe ni un solo indicio" de que Gallardo, Núñez y Moriano conocieran la existencia de David Sánchez, "y mucho menos, que fueran conscientes de su voluntad de incorporarse profesionalmente a la Diputación de Badajoz o, por supuesto, de que este u otras personas de su entorno hubieran contactado con cualquiera de las autoridades o funcionarios encausados".

Así, apunta que, al margen de su pertenencia al mismo partido político, no se ha acreditado ningún motivo por el que Gallardo hubiera diseñado un "plan criminal" para beneficiar a David Sánchez en octubre de 2016, cuando el día 1 de ese mismo mes su hermano, Pedro Sánchez, renunció a la dirección del PSOE, después de que no saliera delante su propuesta de celebrar primarias y un congreso extraordinario, y "ya no ostentaba una notable influencia en el seno del partido". A ellos, según el ministerio público, se suma que el presidente de la Diputación de Badajoz mostró su apoyo expreso a la candidatura Susana Díaz, contrincante de Pedro Sánchez.

No concertados

Esta circunstancia, en opinión de la fiscalía, "casa ciertamente mal" con la tesis de que Gallardo y sus subordinadas se habrían conchabado para beneficiar al David Sánchez. "En definitiva, no se alcanza a entender que Miguel Ángel Gallardo pudiera estar dispuesto a delinquir en favor de Pedro Sánchez o de su entorno, cuando no solo no le prestaba su apoyo para liderar el partido, sino que se posicionaba claramente en su contra".

Además, añade que había mecanismo para haberlo contratado de forma directa, sin necesidad de una convocatoria pública, y que no consta que ninguno de los encausados se haya visto beneficiado por esta contratación.

Sobre el cambio de nomenclatura del puesto de coordinador de las Actividades de los Conservatorios a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, la fiscalía, a diferencia de la magistrada instructora, entiende que no consta que la modificación supusiera alteración de alguna de las cláusulas del contrato de trabajo de David Sánchez, ni, por tanto, de las funciones que tenía que desarrollar, "que no se vieron alteradas en absoluto", ni tampoco que él tuviera intervención alguna al objeto de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En cuanto a que se suprimiera la incompatibilidad, lo considera "irrelevante".

El contrato del exasesor de Moncloa

En cuanto a la creación y adjudicación de la plaza de jefe de sección de Centros y Programas Transfronterizos a Luis Carrero, exasesor de Moncloa, la fiscalía mantiene que la amistad o cercanía entre este y David Sánchez no es indicio suficiente para concluir, "ni tan siquiera provisionalmente", que el segundo hubiera haber intervenido de forma ilícita en favor del primero. En este sentido, añade que como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Sánchez podría haber hecho recomendaciones o sugerencias profesionales de personas próximas a su entorno, lo que es "perfectamente lícito, siempre que no implique el ejercicio de presiones morales" en beneficio propio o de un tercero.

En esta caso, según el ministerio público, las conversaciones interceptadas "resultan a todas luces insuficientes para entender que la contratación de Luis Carrero fue ilícita" y que ambos se expresasen con "ligereza" acerca de la cobertura de la plaza no permite afirmar, sin otros datos que lo contrasten, que se creó de manera espuria para beneficiar al exasesor de Moncloa, lo que, según la fiscalía, se ve reforzado al no haber detectado "ninguna irregularidad" en la tramitación del procedimiento.

El despacho

Con respecto al "manido despacho", según refiere la fiscalía, el hecho de que ambos lo compartieran es "a todas luces intrascendente "y no consta que ellos lo solicitaran, sino que fue una cuestión de logística. El ministerio público no da por acreditado que ocuparan la misma estancia para que Carrero auxiliara a Sánchez en su trabajo, y sí que este último tuvo diferentes despachos desde que empezó a trabajar en la diputación, que le fueron asignando.

El ministerio público mantiene que las sospechas embrionarias iniciales no se reflejan en indicios racionales y que las investigaciones policiales, las documentales, las testificales y las declaraciones de los investigados "no conforman un bloque material suficiente para provocar un juicio oral".

Así, considera que más allá de afirmarse que los puestos de trabajo fueron creados a la carta, la jueza no precisa en momento alguno la concreta infracción o infracciones que revelen el amaño en los procedimientos administrativos, a excepción de señalar "algunas irregularidades meramente procedimentales".

La fiscalía considera "absurdo" prolongar este proceso en perjuicio de todas las partes, pues el esfuerzo de las acusaciones está "condenado al fracaso" por la ausencia de delitos, por lo que pide la revocación del auto de transformación a procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz el pasado 28 de abril y el sobreseimiento total de las actuaciones.

La Audiencia Provincial de Badajoz será la que decida si hay juicio o no.

Reacción de Manos Limpias

Manos Limpias, a través de un comunicado, a reaccionado a la petición de archivo de la fiscalía arremetiendo contra el fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, cuya sombre dicen es "muy alargada y bajo su paraguas llenos de agujeros se cobijan fiscales serviles que han equivocado su profesión".

Asimismo, ha anunciado que está estudiando interponer una querella contra la fiscal de Badajoz "por haber ocultado una denuncia que era una de ls pruebas calve contra David Sánchez, escudándose en la disculpa peregrina y falsa de que recibe cientos de denuncias".

"La fiscal se ha convertido en la mejor abogada del imputado David Sánchez", afirma la acusación popular.