En un acuerdo

Pumpido rechaza elevar a la justicia Europea la amnistía como pedían tres magistrados del TC

El presidente descarta paralizar su resolución a la espera de lo que diga el TJUE, aunque deja la puerta abierta a que Espejel, Tolosa y Arnaldo vuelvan a plantear su petición al comenzar las deliberaciones

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la celebración del Día de la Mujer en la sede del TC.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la celebración del Día de la Mujer en la sede del TC. / Gustavo Valiente - Europa Press

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no ha querido esperar siquiera a comenzar las deliberaciones sobre el recurso del PP contra la amnistía y ha dictado un acuerdo para rechazar la petición formulada por los magistrados César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la medida de gracia para comprobar si afecta a los intereses de la Unión ante el temor del sector conservador a que la mayoría el pleno declare su constitucionalidad.

Tras consultar a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, ponente del primer recurso que se resolverá y que marcará el destino de todos los demás, Conde-Pumpido ha optado por la fórmula del acuerdo para poder escenificar el rechazo de la propuesta de los tres magistrados de sensibilidad conservadora y así declarar de forma más oficial que "no es procedente el señalamiento prematuro del debate, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad" del grupo parlamentario popular. Al ser la impugnación más extensa será por la que se comenzará a abordar el asunto más espinoso que tiene en sus manos la corte de garantías.

El acuerdo también descarta, como adelantó EL PERIÓDICO, suspender la deliberación, votación y fallo del referido recurso mientras no se resuelvan las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE por otros órganos de la jurisdicción ordinaria, como reclamaban los tres magistrados del bloque conservador. Entre ellos, se encuentra el Tribunal de Cuentas, que paralizó la sentencia que se disponía a dictar sobre el 1-O y la acción exterior del Govern de Carles Puigdemont y de su antecesor, Artur Mas.

El acuerdo del presidente Conde-Pumpido explica que la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el "tribunal es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica". Es decir, que solo el Constitucional puede pronunciarse sobre si una ley es acorde o no a la carta magna con independencia de lo que puede decir el TJUE sobre los intereses europeos.

En el ánimo de Conde-Pumpido ha pesado intentar neutralizar cualquier retraso en el pronunciamiento del TC en la amnistía, que se prevé para antes de la pausa estival, porque ello afecta a los derechos fundamentales de todos aquellos a los que no se ha aplicado la medida de gracia, como los condenados por malversación por el Supremo, como el presidente del ERC, Oriol Junqueras.

No obstante, el acuerdo del presidente del TC deja abierta la puerta a que se vuelva a plantear la necesidad de consultar al TJUE, ya que señala expresamente que en el trascurso de las deliberaciones los magistrados podrán formular las manifestaciones y proposiciones que estimen procedentes.

El propio Tribunal Supremo tiene previsto acudir al TJUE en el caso de que el Constitucional avale la ley de amnistía, al entender que también podría afectar a los intereses de la Unión, que la legislación europea intenta proteger.

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