El Congreso inicia el trámite para reformar el reglamento y frenar a los activistas ultras pese al rechazo de PP y Vox

El pleno del Congreso de este martes ha votado a favor de que empiece a tramitarse la reforma del reglamento de la Cámara baja que han impulsado el PSOE y la mayoría de sus aliados parlamentarios para aplicar sanciones a los activistas de ultraderecha, esas personas que en los últimos años se han acreditado como periodistas y que dificultan el trabajo de la institución y el trabajo de los representantes de los medios de comunicación.

La votación ha salido adelante con el apoyo de los socialistas y sus socios pese al rechazo de PP y Vox, que han votado en contra. Estos dos partidos rechazan sancionar a los afectados con la retirada de las acreditaciones para poder entrar en la Cámara baja. El portavoz de los populares, Miguel Tellado, considera que sus homólogos han impulsado la reforma porque no quieren responder a preguntas "incómodas". Tras varios encontronazos y episodios en ocasiones violentos con esos activistas, portavoces parlamentarios del PSOE y otros grupos han optado estos últimos meses por no responderles cuando toman la palabra sin que se la hayan dado en las ruedas de prensa. Tellado ha dicho que le gustaría que "todo el mundo pudiese preguntar y todo el que pregunta obtuviese respuestas", obviando los choques de esos supuestos periodistas con los políticos y con otros redactores contra los que han lanzado campañas en redes cuando se han quejado de su comportamiento.

Tellado ha afirmado que lamenta los "señalamientos" a periodistas, pero ha continuado asegurando que ve la reforma como un intento por "acallar a medios de comunicación que son incómodos para el Gobierno". "La realidad es que hoy puede ser para unos medios y mañana puede aplicarse para otros", ha remachado. Esta misma idea es la que ha abonado Pepa Millán, la portavoz de Vox, que también está en contra de cualquier sanción, porque considera que el PSOE y sus socios quieren "purgar" a "periodistas" que considera "desafectos".

Durante el debate de toma en consideración, tanto los socialistas como sus socios han coincidido en acusar al PP y Vox de "proteger y financiar" a los "pseudoperiodistas". Gabriel Rufián (ERC) ha abundado en la idea de que esos activistas "nunca" hacen "canalladas" a miembros del PP o de Vox. "¿Qué problema hay en que paseemos a nuestros hijos?", ha preguntado en referencia a que él ha sido grabado y seguido por la calle mientras iba con su familia. "¿Eso es periodismo incómodo?", ha preguntado a los diputados de las derechas. "Son sicarios a su servicio", ha remachado.

Revocación de la credencial

La modificación del artículo 98 para castigar a los activistas que se salten las normas incluyen infracciones leves, graves y muy graves, y estas últimas pueden sancionarse con la suspensión de la credencial para entrar en el Congreso de entre 3 meses y 5 años y hasta la revocación definitiva de la credencial.

El texto de la proposición de la reforma señala que "durante la presente legislatura, las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento".

Varios asociaciones de periodistas habían solicitado al Congreso que adoptaran medidas para evitar esos comportamientos inaceptables en la sala de prensa y en los pasillos del hemiciclo y también se sancionen las campañas de señalamientos que esos activistas han promovido en las redes sociales contra algunos periodistas que les han plantado cara en el día a día.