Gaza

El Gobierno reconoce que el embargo de armas a Israel es más "simbólico" que real

Fuentes de Defensa trasladan que, incluso de imponerse un embargo de forma unilateral, no afectaría apenas a las empresas israelíes por su amplio mercado internacional

La ley admitida a trámite por el Congreso sería más un elemento de presión política que económica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante de una reunión con el presidente de Palestina, Mahmud Abás, el pasado mes de septiembre en La Moncloa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante de una reunión con el presidente de Palestina, Mahmud Abás, el pasado mes de septiembre en La Moncloa. / José Luis Roc

Madrid

El Congreso dio este martes el primer paso para prohibir la compraventa de armas a Israel. El viraje del PSOE para apoyar la proposición de ley de Sumar, pese a los informes contrarios de Economía, permitió su admisión a trámite con el apoyo del resto de socios de la investidura. Los socialistas justificaron su voto favorable por coherencia, tras redoblar la ofensiva contra la invasión de Gaza y el bloqueo de ayuda humanitaria, pero tan solo 24 horas después ya rebajan el impacto real que pueda tener la medida. Fuentes del Ejecutivo reconocen que el embargo es más bien “simbólico” porque “en la práctica es muy difícil” de aplicar. “El mundo no tiene fronteras”, señalan para incidir en que si el material no entra directamente desde Israel podrá hacerlo “por otras vías”.

Este mismo martes, diez países de la UE se mostraron en contra de revisar el acuerdo de asociación con Israel, como pidió España, y a lo que accedió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Otras fuentes de Moncloa matizan, precisamente, que las relaciones comerciales con Israel están enmarcadas dentro de la normativa comunitaria para plantear dudas sobre la materialización del proyecto de ley de forma unilateral por España. Eso sí, subrayan que su posición respecto al conflicto de Gaza y el comercio de armas “es clara y fuera de toda duda”.

La iniciativa sobre el embargo sería así más un elemento de presión política que económica. De hecho, fuentes de Defensa trasladan que, incluso de imponerse de forma unilateral, no afectaría apenas a las empresas israelíes por su amplio mercado internacional. En materia de ciberseguridad, además, son una gran potencia y hay componentes de armamento que solo fabrican empresas israelíes, remarcan.

En el Gobierno ponen el valor la ley, si bien la califican más como un “gesto”. “Hay que ser honestos”, añaden para explicar que en un mundo globalizado y ante una potencia en industria de defensa las acciones unilaterales son una gota en el océano.

Desde Moncloa se ha redoblado la ofensiva cultural contra Israel, abriendo el debate a su expulsión del festival de Eurovisión y mostrándose a favor de que se discuta su participación en competiciones deportivas. Asimismo, han elevado la presión a la UE y celebrado la “receptividad” de otros países a las posiciones que llevan defendiendo desde hace más de un año. La próxima semana se cumplirá un año desde que el Consejo de Ministros aprobó el reconocimiento del Estado de Palestina. Una decisión prácticamente en solitario y a la que ahora sopesan sumarse países como Francia.

Presión de los socios

Un día después de que el Congreso iniciase la tramitación de la ley para el embargo total de armas, los socios del Gobierno han elevado sus exigencias y han pedido que la norma vaya por la vía rápida. En concreto, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG han elevado un escrito a la Mesa para solicitar el trámite de urgencia, que reduciría los plazos de la iniciativa a la mitad. Una decisión que en último lugar depende de los diputados del PSOE en la Mesa, que podrán dar luz verde o rechazar la petición.

Uno de los más críticos con el PSOE y el Gobierno ha sido Podemos, en su estrategia de ejercer como un partido de oposición. Su secretaria general, Ione Belarra, ha exigido este miércoles "convocar inmediatamente un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar por real decreto ese embargo de armas", después de que los socialistas apoyaran este martes la tramitación de la norma. Una "votación sin efecto real" para Podemos, que aprovechó para asegurar que el Gobierno "sigue vendiendo armas a Israel (...) a pesar de las mentiras reiteradas del presidente de Gobierno y sus ministros".

“Receptividad” en la UE

El liderazgo de España en defensa de los intereses del pueblo palestino estaría comenzando así a dar sus frutos, arrastrando a otros países hacia sus posiciones. Enmanuel Macron ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reconocer el Estado de Palestina en el marco de una conferencia internacional que se celebrará el próximo mes de junio en Nueva York. Precisamente, Sánchez había solicitado su celebración para implementar la solución de los dos Estados al conflicto árabe-israelí.

Tras más de 70 días de bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza y la amenaza del Ejército israelí de tomar el control de la Franja con una ofensiva total, la propia UE se ha replanteado el debate sobre las relaciones con Tel Aviv. El artículo dos del Acuerdo de Asociación UE-Israel determina que las relaciones se sustentan en la base del respeto a los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Algo que ahora se ha puesto en duda.

Crímenes de lesa humanidad

La proposición de ley, presentada por Sumar, Podemos y BNG y redactada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (Rescop), modifica la ley 53/2007 sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y regula por ley tanto el concepto de embargo de armas a los países con causas abiertas en tribunales internacionales por genocidio, crímenes de lesa humanidad u otros crímenes de guerra. Una manera de referirse, sin citarla, a Israel, cuyo presidente, Benjamín Netanyahu, tiene una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

La norma regula la suspensión de autorizaciones comerciales para la compraventa de material militar, además de prohibir el tránsito de barcos que porten este material en puertos españoles. La proposición de ley también atribuye a la Secretaría de Estado de Comercio competencias para inspeccionar los buques que atraquen en puertos españoles e interceptar contenido prohibido, que sería inmovilizado y destruido en caso de hallarse. Además, se prohíbe la "colaboración militar y de seguridad con el país objeto de embargo", incluyendo "entrenamientos, intercambio de tecnología o datos y acuerdos de investigación con fines militares".

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