De las manos libres de Ayuso, Moreno y Rueda a las dificultades de los gobiernos del PP que dependen de Vox

Hace dos años, el 28 de mayo de 2023, el PP arrasó en las elecciones municipales y autonómicas y pintó España de azul. Decenas de ayuntamientos pasaron a manos de los conservadores, que también consiguieron volver a presidir la Comunitat Valenciana, Aragón, Baleares, Extremadura y La Rioja. Como reacción a esa debacle del PSOE, Pedro Sánchez anunció al día siguiente que adelantaba las generales. La jugada le salió bien y, tras la llamada a las urnas en julio, el dirigente socialista pudo seguir en la Moncloa, aunque con una debilidad parlamentaria que le está haciendo muy larga y tortuosa esta legislatura. Pero ese es otro tema. En esta crónica vamos a analizar la situación del PP y en qué punto está el poder autonómico que logró en la última ronda de elecciones.

El contraste es total entre las tres grandes mayorías absolutas de Andalucía, Madrid y Galicia, donde sus presidentes tienen las manos totalmente libres, y los territorios en los que el PP necesitó pactar con otros grupos, eligió a Vox y ahora están a la greña. El partido de ultraderecha les dejó en la estacada justo un año después. La estabilidad de las coaliciones duró poco. En julio de 2024, con la excusa de que los dirigentes del PP estaban empezando a negociar para acoger a los menores inmigrantes que Canarias y Ceuta ya no podían atender (algo que todavía no se ha completado), los políticos de Vox dejaron sus cargos en las consejerías de los gobiernos y cortaron cualquier colaboración parlamentaria con los populares. La medida afectó a la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia y Baleares. Esa ruptura se ha ido traduciendo en el día a día de las comunidades en algunos asuntos claves.

Salvo la Comunitat Valenciana, que tiene un preacuerdo con Vox después de que Carlos Mazón haya asumido buena parte de la agenda ultra, las otras cinco autonomías casi dan por descartado tener Cuentas para este 2025. Jorge Azcón, presidente de Aragón, dijo el miércoles en un acto de Prensa Ibérica que ya se está pensando elaborar directamente los Presupuestos de 2026. Él, como Fernando López Miras en Murcia, ni siquiera los han registrado en el Parlamento. Decía justo esta semana Feijóo que si él llega a la Moncloa se compromete a presentarlos cada año (no como Sánchez, que lleva dos sin hacerlo) y que, si se los tumbaran en el Congreso, convocaría elecciones. El paralelismo con lo que están viviendo muchos de sus barones es claro, aunque ellos no opinan por ahora lo mismo que Feijóo y no se plantean llamar a las urnas. 

“Vox está infinitamente más cómodo en la oposición al PP que al PSOE. Donde ganan más votos es haciéndonos oposición a nosotros”, dice un consejero económico que ha estado en contacto con los negociadores de Vox, una idea que también denuncian habitualmente los miembros del comité de dirección del PP. Este consejero cuenta que el pacto estaba hecho a finales de abril y que las conversaciones se cortaron de golpe. 

Hasta la ruptura de julio de 2024, Vox llevó sus batallas ideológicas a los gobiernos en los que tenía influencia. Una de sus obsesiones fue la derogación de las leyes de memoria democráticas autonómicas para sustituirlas por las llamadas leyes de concordia y equiparar a todas las víctimas por igual, no solo a las de la dictadura franquista. Los radicales también exigieron una norma integral de protección de la familia. En los territorios con lengua cooficial, Vox presionó para potenciar el castellano. Mazón aprobó una ley que arrincona el valenciano, según denunció la Universitat de València, y esta semana pasada sacó con los ultras las enmiendas a los Presupuestos que quedarán aprobados el jueves.

La ruptura de los gobiernos, en julio de 2024, ha hecho que la actividad parlamentaria esté prácticamente paralizada en las seis comunidades afectadas. En el hemiciclo de Aragón casi que se brindó cuando se aprobó una de energía gracias a que el PSOE y el Partido Aragonesista votaron junto con el PP.

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En la Región de Murcia, Joaquín Segado, portavoz de los populares, lleva el recuento: desde que Vox dejó el Gobierno autonómico ha votado 47 veces con el PSOE (juntos suman un diputado más que los populares) y se han sacado adelante varias comisiones de investigación que López Miras no quería.

Esta debilidad parlamentaria contrasta con el brío legislativo de las mayorías absolutas que disfrutan Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno y Alfonso Rueda. La Asamblea de Madrid ha aprobado 17 leyes en dos años. En Andalucía, que celebró elecciones en junio de 2022, un año antes que el resto, llevan una veintena. Y Galicia, que empezó la legislatura en febrero de 2024, siete. 

Vox lleva años alentando la llamada “batalla cultural”, esa guerra que considera que hay que dar para desmontar la visión progresista que, en opinión de algunos partidos de derechas y ultraderecha, se ha impuesto en Occidente y que sostiene las ideas de familia, la mujer, libertad, sexualidad, cultura… 

El ascendiente de Vox en las coaliciones y también en los ayuntamientos que compartían obligaba a los dirigentes del PP a encajar esa batalla en su día a día. Tenían que reaccionar a las declaraciones fuera de lugar de sus compañeros de gobierno sobre la negación del cambio climático, la violencia machista o la prohibición de películas, como cuando varios alcaldes del PP se vieron presionados para no emitir según qué largometrajes en que aparecían besos entre dos personas homosexuales. 

La batalla cultural, sin embargo, se ha colado como elemento cara al congreso interno que el PP celebrará en julio. Esta semana, Esperanza Aguirre le ha pedido a Feijóo que pelee por ella, a lo que él respondió que dará “todas las batallas” para “ganarlas”. La que sí la da desde hace años en Madrid, según Aguirre, es Ayuso. Se vio sobre todo antes de la campaña de las autonómicas de 2023, cuando asumió propuestas de Vox como proteger el Valle de Cuelgamuros o rebajar las leyes LGTBI. Resultado: sacó mayoría absoluta y Vox pasó a ser irrelevante.

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