Marlaska y la derecha chocan en el Congreso por la gestión de la dana y de la ciberdelincuencia

El ministro del Interior acudía este lunes al Congreso a instancias del PP, según estaba previsto, principalmente para contarle a diputados y senadores de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional lo que ha dado de sí el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad aprobado en marzo de 2021 ante la avalancha de delitos en el ciberespacio, pero han preferido los populares, y también Vox, dedicar la porción más importante de sus intervenciones al segundo punto del orden del día: si la dana que arrasó el sur de Valencia en octubre era un asunto de competencia autonómica o de responsabilidad estatal.

Y eso ha desencadenado un baile de reproches no solo contra el ministro, también entre los parlamentarios de la comisión. Se ha quejado el socialista Javier Rodríguez Palacios del retraso en el uso del E-Alert por la Generalitat Valenciana: "Las personas que fallecieron... se podrían haber evitado si se hubiera hecho uso del sistema". Ha denunciado Txema Guijarro, de Sumar, al PP y Vox por "fabricar bulos". Y ha sido más contundente Enric Morera, de Compromís, apuntando al presidente valenciano, Carlos Mazón: "¿Por qué tapan ustedes a un señor que terminará procesado por negligencia imprudente?", ha preguntado al PP, y al ministro le ha inquirido -es más sugerencia que pregunta- si la jueza de Catarroja le ha pedido a la Policía que explore los contenidos del móvil de Mazón.

Sobre Mazón también ha aventurado Marlaska, sin nombrarle, un horizonte judicial cuando ha apostado por que alguien "quizá a no mucho tardar tendrá que afrontar la responsabilidad".

De quién era la responsabilidad

El eje de la acusación de la derecha contra Marlaska y el Gobierno es la inacción. Consideran que el desastre tenía dimensiòn nacional, pero que el poder central se apartó: "Cuando, según el Consejo de Seguridad Nacional, se movilizaron 3.000 militares, esta no era una situación cualquiera", ha dicho el diputado popular Rafael Hernando antes de concluir: "Ustedes no actuaron por un puro y miserable cálculo político".

Ha respondido una vez más Marlaska con la distribución de competencias en España en materia de Protección Civil: "Parecen olvidar ustedes que estamos en un Estado autonómico". El ministro ha atajado las acusaciones del PP diciendo: "Yo sí que sé dónde estaba el 29 de octubre: en el Consejo de Ministros, en el Senado, y luego en mi despacho. Sé dónde estaba la delegada del Gobierno, que cambió su agenda. Lo que no sabemos es dónde estaba el señor Mazón, y no entiendo que todavía eso no se explique".

En sus respuestas, Marlaska ha negado a Vox que no hubiera "nadie" -ha dicho el diputado Ignacio Gil Lázaro- del Estado actuando desde el primer momento, recordándole la implicación de más de 10.000 guardias civiles y policías. Y ha retomado el ministro su queja por la ocultación de información sobre las gestiones el 29 de octubre: "Tampoco vamos a poder saber qué pasaba en el Cecopi aquella tarde, porque al parecer no se grabó nada de lo que pasó".

Ciberdelincuencia

Fraudes, estafas informáticas, desinformación, pornografía infantil, guerra híbrida y terrorismo son los campos delicuenciales en los que Interior reconoce las principales amenazas de la ciberdelincuencia en España, y son también el contenido en torno al que ha girado este lunes otro de los choques del titular del ministerio, Fernando Grande-Marlaska, con el Partido Popular.

El ministro ha comparecido ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional relatando que en 2024 el fenómeno de los ciberdelitos se ha reducido un 1,4% con respecto a los datos de 2023. Es el primer retroceso en el número de casos registrado desde 2013, año en el que se inició una tendencia al alza que parecía imparable.

Según Marlaska, los primeros datos de este año, entre enero y marzo, confirman la tendencia con una reducción del 1,2% en los hechos criminales online de los que han tenido conocimiento las Fuerzas de Seguridad del Estado, con respecto al mismo periodo del año anterior.

La reducción general se explica por un descenso en el más importante de los indicadores, el de las estafas informáticas. Según el ministro, "las estafas son el 87,8% de toda la cibercriminalidad". Ese índice se ha reducido un 3,5% en lo que va de año respeto a los primeros meses de 2024.

El PP ha contrapuesto un relato diferente, sobre la base de comparar los datos de ahora con los de 2020: 192.000 fraudes informáticos denunciados entonces, y 413.000 en 2024, comparación que ha llevado al diputado Rafael Hernando a espetarle al ministro: "Me llama la atención su triunfalismo".

En las estadísticas de Interior se cuentan 121.579 infracciones penales relacionadas con la ciberdelincuencia entre enero y marzo de este año.