En el TC
El último intento del PP para retrasar la resolución de la amnistía, destinado al fracaso por "redundante" y "extemporáneo"
Se prevé rechazarlo en el primer pleno de junio, en el que se realizará la primera aproximación de los magistrados a la sentencia de la medida de gracia que prepara la vicepresidenta del TC

El magistrado José María Macías Castaño toma posesión como nuevo miembro del Tribunal Constitucional ante presidente del Alto Tribunal, Cándido Conde-Pumpido. / EFE

El último intento del PP para retrasar la resolución de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional, que esta vez consiste en un escrito en el que insta a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, a apartarse de las deliberaciones, correrá la misma suerte que el de los magistrados conservadores que pidieron que primero se escuchara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fuentes del alto tribunal señalan a EL PERIÓDICO que previsiblemente el escrito será formalmente rechazado en el próximo pleno, el que se celebrará en el TC el 10 de junio, cuando se espera que los magistrados realicen una primera aproximación a la sentencia que prepara la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, para resolver el recurso interpuesto por los diputados del grupo parlamentario popular.
El motivo por el que se puede avanzar el rechazo del incidente anunciado por el partido que preside Alberto Núñez Feijóo es que, según las fuentes consultadas, es "extemporáneo" y "redundante", porque se ha presentado pasados sobradamente los 10 días que da la ley para este tipo de iniciativas desde el momento en que se conoce la composición del tribunal que resolverá sobre el asunto en cuestión, pero, sobre todo, porque Conde-Pumpido ya fue recusado y la iniciativa se rechazó en otoño, por lo que carece de sentido volverlo a intentar. Probablemente, consciente de ello, lo que ha presentado el PP no es tanto una recusación sino un escrito en el que insta a Conde-Pumpido a apartarse voluntariamente.
Con la amnistía el Constitucional ha superado su récord de recusaciones, al haberse presentado alrededor de 80 incidentes contra Conde-Pumpido, Laura Díez Bueso, Juan Carlos Campo y José María Macías. Campo se apartó él mismo de las deliberaciones, al entender que su imparcialidad había quedado comprometida al pronunciarse sobre la constitucionalidad de la amnistía en los informes en los que proponía al Consejo de Ministros la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés' por el Tribunal Supremo.
Todos los incidentes presentados contra Conde-Pumpido y Díez Bueso fueron rechazados. Al primero se le pedía que se apartara porque él mismo lo había hecho de la resolución de los recursos del 'procés', como si que coincidieran los protagonistas pudiera hacer equiparable lo que ocurrió en el otoño de 2017 en Catalunya con la constitucionalidad o no de la primera ley de amnistía dictada en democracia. El motivo de que su esposa, la magistrada Clara Martínez de Careaga, se pronunció sobre la amnistía como vocal del Consejo General del Poder Judicial, como José María Macías, no figura entre las causas previstas en la ley orgánica del poder judicial para recusar a un magistrado. Es uno de los motivos para que se aparte un magistrado, pero que se haya pronunciado su cónyuge no consta como tal, por lo que Conde-Pumpido no se apartará.
El PP ha recuperado ese argumento ahora contra Conde-Pumpido al comprobar que es por el que Macías ha sido apartado de la resolución de las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y la Audiencia Provincial de Madrid, así como del recurso del PP y de todos los presentados por las comunidades en las que gobierna. Fue el motivo por el que se estimó la recusación que presentó contra él el fiscal general del Estado. El PP ya recusó a Conde-Pumpido cuando su recurso fue admitido a trámite el pasado diciembre, dados los errores formales que presentaba y que hubo que subsanar.
A la catedrática de Constitucional Díez Bueso se la intentó apartar por haber sido asesora de Moncloa, pese a que abandonó ese cargo antes de que la ley de amnistía comenzara su tramitación parlamentaria, lo que supuso que la recusación presentada contra ella tampoco prosperara. Eso dejó fuera de los debates en exclusiva a Macías, que, pese a su resistencia a apartarse, solo podrá participar en la resolución de los recursos de amparo de los condenados por el Supremo y de los procesados en rebeldía. De estos últimos solo lo ha interpuesto de momento el 'exconseller' Lluís Puig.
Tanto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como Toni Comín esperan aún que el Tribunal Supremo resuelva el incidente de nulidad de actuaciones que interpusieron después de que la Sala Segunda confirmara que la malversación por la que están procesados entra dentro de las excepciones que la propia ley de amnistía ponía a ese delito. Podrán intentar apartar al magistrado cuando su impugnación sea admitida a trámite.
Si los últimos intentos del sector conservador de retrasar las deliberaciones, fracasan como está previsto, dada la mayoría progresista que impera en el pleno, el Tribunal Constitucional tiene previsto dictar la primera sentencia sobre la amnistía, al resolver el recurso del PP contra la ley, en el pleno monográfico que tiene previsto celebrar entre los días 24 y 26 de junio.
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