Causa contra el fiscal general
El abogado de González Amador señala al Supremo que su cliente eligió la opción de "reconocer los hechos", pero no vio el correo con su propuesta
Carlos Neira explica al juez Hurtado que él envió el mensaje electrónico con un pacto para que la pareja de Ayuso evitara llegar a juicio tanto a la fiscalía como a un abogado del Estado

El exabogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). Neira testifica a petición de la Abogacía del Estado en la causa que investiga al fiscal general del Estado por la presunta revelación de secretos tras la filtración de un correo en el que se ofrecía un pacto a la Fiscalía para reconocer dos delitos fiscales. 27 MAYO 2025 Jesús Hellín / Europa Press 27/05/2025. Jesús Hellín / Jesús Hellín / Europa Press
Carlos Neira, el primer abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declaró este martes en el Tribunal Supremo que tres días antes de enviar el correo de 2 de febrero del año pasado, en el que remitió una propuesta de pacto a la fiscalía por el que su cliente admitía la comisión de dos delitos fiscales, mantuvo una reunión con el empresario en el que le planteó las dos posibilidades que existían, que consistían en "pelearlo" o en "reconocer los hechos", opción por la que este se decantó. No obstante, ha detallado que nunca envió a su cliente el correo con el textual que él remitió a la fiscalía, asumiendo la comisión de dos delitos fiscales, hasta que el asunto se filtró a la prensa.
Neira fue citado como testigo en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, por lo que no le hacía falta representación letrada, y llegó al alto tribunal acompañado del abogado actual del empresario, Gabriel Rodríguez Ramos, lo que ya hacía presagiar que corroboraría lo dicho por el que había sido su cliente en el sentido de que nunca le mostró el correo en el que proponía el acuerdo a la fiscalía. Según declaró el pasado viernes González Amador ante el juez Ángel Hurtado, la difusión de este correo le había supuesto "un destrozo", por el daño económico, pero también reputacional, ya que a raíz de ello le habían llamado "defraudador confeso".
Durante aproximadamente una hora, el letrado que remitió el correo a una dirección genérica de fiscalía y a la Abogacía del Estado, aseguró que había mantenido informado del intento de acuerdo a su cliente, aunque sin mandarle el correo, circunstancia a la que se aferra González Amador para negar que hubiera admitido en algún momento la comisión de dos delitos fiscales.
En la reunión del día 30 el empresario se inclinó por "reconocer los hechos", porque su prioridad es causar el menor daño a su pareja, para lo que entendía más conveniente lo que hiciera "menos ruido" y fuera "más rápido", señalan fuentes presentes en la declaración.
Preguntado sobre a quién envió el correo en el que ofrecía el pacto, Neira señaló que, con "el mandato" de su cliente, el 2 de febrero lo mandó a la cuenta de correo oficial de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. No se lo remitió oficialmente al fiscal del caso, Julián Salto, porque aún no estaba asignado. Por tener una mayor cautela, puso en copia a la decana de dicho departamento, Virna Alonso, y a un abogado del Estado del Departamento Penal. Cuando Salto asume el caso y se muestra proclive al acuerdo se lo hace saber por un correo el 12 de febrero, que luego acaba siendo filtrado por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para dar a entender que la iniciativa del acuerdo partía el ministerio público.
También manifestó ante el Supremo que se trata de un trámite que en su actividad como abogado especialista en temas fiscales ha hecho en muchas ocasiones, y en los textos intenta ser "muy explícito" pues con ello consigue agilizar sus propuestas sin que haya ningún problema.
Perplejo
Un día de ese mes de marzo, cuya fecha no ha podido precisar, un periodista le abordó en la puerta de su casa y le indicó que sabía de la inspección y de la denuncia de la fiscalía. No es hasta el 14 de marzo cuando el abogado del novio de Ayuso sitúa la conversación con su cliente una vez se filtra esta información a la prensa. Según ha declarado, González Amador se mostró perplejo con lo que ocurría y le dijo que el contenido del correo no le gustó, ya que su vida privada "quedaba expuesta", razón por la que se reunieron en su despacho. Allí el abogado explicó al empresario que se trataba de lo que habían quedado en su momento y que la conformidad implicaba el reconocimiento de hechos, con lo que, según el testigo, se quedó conforme.
Al ser preguntado sobre quién pudo tener acceso al correo electrónico más allá de la fiscalía y el abogado del Estado, el abogado ha señalado que nadie más de su despacho vio el texto, y que antes de enviarlo al ministerio público y a los servicios jurídicos del Estado no se lo había mostrado a nadie.
Conocido por la prensa
El abogado también ha afirmado que el redactor de 'El Mundo' que informó de la existencia de sus comunicaciones con la fiscalía la tarde del 13 de marzo del pasado año no se puso en contacto con él ni con nadie de su despacho, por lo que nadie le pudo enviar que la propuesta del pacto partía del ministerio público, como erróneamente apuntaba la información, que fue la que llevó a la fiscalía a emitir la nota de prensa que dio origen al procedimiento.
Además, señaló que a mediodía del 12 de marzo periodistas de 'El País' le enviaron un mail, en el que le preguntaron por "un supuesto pago", pero ha querido matizar que no lo hicieron "por el correo de 2 de febrero, ni por conformidades, ni por reconocimiento de hechos". Los cuatro redactores testificarán el próximo viernes y han aportado un acta notarial en el queda constancia que ellos sabían que González Amador reconocía la autoría de dos delitos fiscales un día antes de que el fiscal general recabara los correos electrónicos por los que se le investiga.
Según fuentes presentes en la declaración, el juez Ángel Hurtado ha afeado bastantes preguntas planteadas por el abogado del Estado, que defiende al fiscal general. Entre ellas, una relativa a si Neira había estado imputado. La justificación de que la formulaba para valorar su credibilidad no convenció al magistrado.
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