Las dudas legales y la financiación, los principales obstáculos para el reconocimiento del catalán en la UE

Los ministros de Asuntos Europeos de los veintisiete debatirán y votarán previsiblemente este martes si reconocen el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, entre las dudas de media docena de países sobre las implicaciones legales y presupuestarias de hacerlo. 

Han pasado casi dos años desde que España solicitara por carta el reconocimiento. Este martes, vuelve a la mesa de los ministros, pero para media docena de países sigue siendo demasiado pronto. Reclaman claridad fundamentalmente sobre las implicaciones legales y presupuestarias de la cuestión. La decisión requiere unanimidad. 

Varias fuentes diplomáticas han explicado a EL PERIÓDICO que un informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE apunta a que “tendrían que modificarse los tratados para añadir estas tres lenguas”. Reabrir los tratados, con el objetivo que sea, es una cuestión extremadamente sensible entre los veintisiete. 

También preocupa la financiación. El Gobierno español se ha comprometido desde un inicio a correr con los gastos extra que suponga la traducción e interpretación a estas lenguas. Un coste que la Comisión Europea estimó en un primer informe en torno a los 132 millones de euros anuales. A ojos de los servicios jurídicos, “el compromiso del Gobierno español de cubrir los costes financieros no es legalmente vinculante”, explican fuentes diplomáticas. A algunos países les preocupa cómo pueda afectar en este sentido un cambio de partido en la Moncloa. 

Prematuro

De reconocerse el catalán, el euskera y el gallego, sería la primera vez lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional son aceptadas como idiomas oficiales de la UE. A algunos países les preocupa que pueda sentar precedente para el reconocimiento de otras lenguas minoritarias como el bretón, el corso, o incluso el ruso, dada la importancia de la comunidad rusoparlante en los países bálticos. 

En este sentido, buena parte de los países destacan la importancia de preservar la diversidad lingüística del bloque, y pocos se oponen de manera frontal. Sin embargo, varias fuentes diplomáticas, esto requiere “una cuidadosa preparación” y coinciden en que llevar la cuestión a voto es “prematuro”. Mientras que Portugal o Bélgica incluso apoyan la propuesta. 

Presiones

A nadie en Bruselas se le escapa la importancia de este voto para el ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, las negociaciones no han tenido lugar en la capital europea. Buena parte de los contactos han sido al más alto nivel. Algo habitual cuando un asunto es de vital importancia para un gobierno. “No he visto nada anormal”, reconocía una alta fuente diplomática.

Sin embargo, según el periódico británico, Financial Times, España habría intentado presionar a otros países “poniendo en cuestión su despliegue de tropas  en los países del este”, extremo que el Gobierno niega.  Según el portal europeo Politico, España usa como argumento que la decisión permitiría desbloquear millones de euros en inversión en defensa, con el respaldo de Junts. Unas acusaciones a las que el ministerio de Exteriores responde asegurando que “el compromiso de España con la seguridad del Este de Europa y la presencia de tropas españolas en países del Este es firme e incondicional”. 

Muchos diplomáticos reconocían la sensibilidad del asunto. Otros lamentaban que una cuestión de política de partidos pueda determinar un cambio significativo para la Unión. Y algunos incluso admitían no estar al tanto de la posición de sus ministros que dependería del debate en el Consejo. Un Consejo que se celebra este martes con una inusual expectación. 

"La pasada semana, muchos países tenían aún dudas legales, prácticas y financieras. Esa es la realidad legal", aseguró una fuente diplomática europea. La realidad política es que se trata de una cuestión clave para España, en la que el gobierno está invirtiendo un capital diplomático importante. "Si hay suficientes garantías legales, podría imaginar que algunos países no querrán bloquear la propuesta por cuestiones políticas", añadió.

El procedimiento

España ha solicitado modificar el Reglamento 1/1958 que delimita las lenguas oficiales de la Unión. Actualmente hay veintitrés idiomas reconocidos. El reglamento sólo se ha modificado en el pasado para incluir progresivamente las lenguas de los nuevos países que se integraban el bloque, con una excepción: la del gaélico. En ese caso se apoya el gobierno en su propuesta.

Este martes, el Consejo de Asuntos Generales de la UE examinará la cuestión. España, o cualquier otro país, podría solicitar la retirada del punto del orden del día, con el respaldo de una mayoría. Esa parece a día de hoy la opción menos probable. La otra opción es que haya una presentación de la propuesta por parte de la delegación española -que estará liderada por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ya que Albares no asistirá- y se inicie una discusión. 

Cómo procederá entonces la presidencia, que ostenta Polonia, es difícil saber. El objetivo es que se vote, pero en caso de que no exista un evidente respaldo, es decir, a veintisiete, podría no haber decisión. “Tenemos que escuchar primero a la habitación”, ha asegurado una alta fuente diplomática en referencia a las potenciales intervenciones de los ministros. Según fuentes del ministerio de Exteriores, el Gobierno sigue trabajando “con todos los Estados miembros para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda que puedan tener". 

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