De una militante del PSOE
Moncloa frena su intención de denunciar la filtración de los mensajes de Sánchez en medio de los audios contra la UCO
El Gobierno se desmarca por completo de la militante socialista que buscaría información comprometedora contra un mando de la UCO encargado de investigaciones que afectan al PSOE
Para no señalar a esta unidad se ha decidido meter en un cajón la denuncia que anunció el ministro de Presidencia y Justicia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, este martes durante el pleno del Senado. / Alberto Ortega / Europa Press
El Gobierno ha seguido los pasos de Ferraz para intentar desmarcarse por completo de la militante del PSOE, Leire Díez, quien se reunió el pasado febrero con un investigado por la Audiencia Nacional, el empresario Alejandro Hamlyn, para obtener información sensible contra un mando de la Guardia Civil que dirige algunas de las investigaciones judiciales que afectan a los socialistas. Ni intermediaria, ni autorizada para hablar en nombre de nadie y “nada que ver” con esta persona, zanjan fuentes de Moncloa. Además de reiterar su confianza en la UCO y la Guardia Civil ante unos audios publicados por ‘El Confidencial’ según los cuales Díez buscaría material comprometedor contra el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, las mismas fuentes dejan que manos de la justicia que se pueda investigar. En este contexto, el Gobierno también ha frenado su intención de denunciar la filtración de unos mensajes privados de Pedro Sánchez, una decisión que precisamente sembraba dudas sobre la UCO.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue quien avanzó públicamente que el Gobierno denunciaría este caso si la justicia no actuaba de oficio, deslizando una revelación de secretos por parte del encargado de custodiar dicha información en los juzgados, en el contexto del caso Ábalos. Ahora, en el Ejecutivo rectifican este ímpetu. “Seguimos esperando”, explican fuentes del Ejecutivo respecto a qué decisión tomar, para reconocer que se trata de una decisión "compleja" y que por el momento no se va a materializar ninguna denuncia. La pelota se vuelve a pasar al tejado de la justicia, evitando visibilizar un choque entre el Ejecutivo y la policía judicial.
Desde el Gobierno descartan también tomar acciones legales contra la militante involucrada en los audios contra la unidad de la Guardia Civil, para dejarlo en manos del PSOE. Eso sí, entienden que si hubiese algún tipo de delito estas grabaciones estarían en un juzgado en lugar de en los medios. El presunto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama, ya deslizó hace meses en una entrevista la existencia de este tipo de material, apuntando el nombre de Leire Díez, en referencia a lo que llamó “cloacas del PSOE”. Desde Vox ya han avanzado que llevarán a esta exteniente de alcaldesa a los tribunales por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
En el PSOE han pasado de desmarcarse de esta militante a elevar el tono contra ella. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, admitió conocer a esta persona y tildó sus acciones de “absolutamente reprochables”. Según los audios difundidos, Díez habría ofrecido un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a cambio de información comprometedora contra la UCO, a quien compara con la “la Camorra”.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado valorar estas informaciones, al ser preguntada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para remitirse al comunicado de respuesta realizado por el PSOE. Los socialistas, en un primer momento, incluso avisaron de acciones legales “ante una publicación que considera difamatoria y claramente destinada a realizar un daño reputacional al partido”. No tanto por negar los hechos, sino su vinculación con su protagonista, subrayando que no está en nómina del partido.
“Discreción en las investigaciones”
Para dejar clara la posición del Gobierno en defensa de la UCO, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. "El ministro del Interior tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, no solo por ser ministro del Interior, sino porque conozco de su profesionalidad", subrayó para además negar que ningún miembro del Gobierno ha señalado a esa unidad como autora de ninguna filtración. Algo que se deslizaría tras la intención de denunciar la filtración de los mensajes de Pedro Sánchez con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, publicados por el diario ‘El Mundo’.
Marlaska también aprovechó para advertir que las informaciones respecto a presuntas investigaciones de la UCO todavía no trasladadas a un juez, “es tanto como decir o imputar a las unidades de investigación el no cumplimiento de sus deberes". Tras ello destacó que entre estas obligaciones están la "neutralidad, la objetividad y, evidentemente, el mantener la discreción absoluta en las investigaciones". Y es que en los últimos días viene saliendo a la luz en diversos medios un presunto informe, en el contexto del caso Koldo, donde se apuntaría al dirigente socialista Santos Cerdán.
El secretario de Organización del PSOE ha salido al paso asegurando que todo lo publicado “es mentira”, como que habría recibido dos vehículos de la trama por interferir en licitaciones públicas. Lo que sí concedió es que como diputado por Navarra “muchas veces he preguntado por obras” en este territorio para concluir que “ninguna de esas es constitutiva de delito”.
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