Las razones de Peinado para involucrar a la cúpula empresarial y tecnológica en su causa contra Begoña Gómez: el turno de Murtra

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez por varios delitos de corrupción, ha involucrado en los últimos meses a la cúpula de las principales empresas tecnológicas en nuestro país en el marco de las pesquisas que tratan de aclarar si la mujer de Sánchez obtuvo financiación por parte de estas compañías para el software de su cátedra en la Universidad Complutense por su condición de esposa del presidente del Gobierno. Se le atribuyen indiciariamente delitos de intrusismo y apropiación indebida. Este miércoles es el turno como testigo, entre otros, del presidente de Telefónica, Mar Murtra, en relación con las decisiones que se adoptaron cuando era el principal responsable de Indra, una de las sociedades que financiaron el curso.

Las inversiones

Esta parte de la investigación se abrió en respuesta a una ampliación de la querella inicial de las acusaciones populares (Hazte Oír, Manos Limpias, Iustitia Europa y Vox, entre otras) contra Gómez por haber inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL., un programa informático que había sido financiado por diferentes empresas para darle uso en la cátedra de Transformación Social Corporativa que ella codirigía. A raíz de esta imputación, desde el pasado mes de diciembre Peinado se ha dirigido a Indra, Telefónica y Google España para que informaran de las cantidades invertidas y ha ido citando a diferentes directivos para que explicaran su colaboración en el proyecto.

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Hasta el momento se conoce que la inversión de Telefónica en el proyecto habría sido de unos 50.000 euros, aunque no en metálico sino en mano de obra, ya que se destinaron tres personas al desarrollo del 'software'. Google invirtió 110.000 euros e Indra abonó otros 128.442 para financiar este sistema operativo, y este mismo miércoles los llamados a declarar para explicar la inversión son los responsables de esta última consultora encabezados por el que fuera su principal responsable y hoy presidente de Telefónica, Marc Murtra. Peinado quiere conocer por qué estaban interesados en este proyecto universitario en concreto.

Directivos llamados como testigos

Además del actual presidente de Telefónica, para ese mismo dia el juez Peinado ha citado, igualmente como testigo, a Manuel Ausaverri, director de estrategia de Indra, y a Fernando Abril Martorell, ex director ejecutivo de la compañía. Estos altos responsables de la consultora tecnológica se han visto involucrados después de que otros directivos y ex altos cargos les identificaran como los verdaderos responsables que estaban al tanto de la inversión en la cátedra de la mujer de Sánchez. 

Peinado les escuchará tras conocer el pasado 14 de mayo la versión de otros directivos como han sido el jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; el responsable institucional y de políticas públicas de dicha tecnológica, Miguel Escassi. También comparecieron el entonces responsable de Minsait y exdirector general de Indra, Luis Abril y el vicepresidente del consejo de Telefónica Audiovisual Digital, Rosauro Varo.

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A su vez, todos estos nombres habían sido mencionados en su momento por otros responsables que ya pasaron por el despacho del juez Peinado el pasado mes de abril. En concreto, fueron aportados por Fuencisla Clemares, exdirectora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'Go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica y por Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra.

Las explicaciones

Varo, que actualmente ostenta la vicepresidencia del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital, llegó a admitir que Begoña Gómez le sugirió personalmente la participación de la compañía en la financiación del sistema informático, cuando coincidió con ella en un acto público por unos premios de sostenibilidad que se entregaron en septiembre de 2021. 

Según su testimonio, ella le contó que estaba liderando la cátedra como directora y en relación con la digitalización de pequeñas y medianas empresas, le comentó: “Puede ser interesante que presente este proyecto a Telefónica”. No obstante, Varo también aseguró al juez que después de este episodio no volvió a saber nada del asunto.

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Por su parte, los cargos de Google que ya han declarado han defendido que la colaboración de su compañía con la plataforma 'Transforma TSC' de la Complutense formaba parte de sus "continuos esfuerzos para apoyar la transformación digital de España". Según los testimonios de Bueno y Escassi, en principio Google iba a dedicarse a la parte analítica digital, pero se dieron cuenta de que el módulo de administración no estaba desarrollado, por lo se decidió ampliar el ámbito de trabajo. Según la tecnológica, en los últimos cinco años su colaboración con la plataforma TSC es similar a la desarrollada en otros 150 proyectos.

Las otras líneas abiertas, Moncloa y Barrabés

Además de investigar la financiación del software, la instrucción del juez Peinado durante los últimos meses también se ha centrado en el nombramiento Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez en Moncloa en la presunta utilización de este puesto para la realización gestiones profesionales para la mujer de Sánchez que nada tendrían que ver con su condición de mujer del presidente del Gobierno. 

Este capítulo ha dado lugar a una pieza separada por posible malversación en la que ya ha declarado como testigo el propio ministro Bolaños y se ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, y en la que este miércoles está citado en la misma condición el que fuera coordinador de personal de Moncloa en 2018, Raúl Díaz. Esta parte de las pesquisas continúa viva tras el 'recorte' dado recientemente a la causa por la Audiencia provincial de Madrid, que ha recordado al juez que otras líneas de investigación, como las dirigidas a aclarar la relación de Gómez con Globalia o una presunta influencia para el rescate de Air Europa quedan fuera del objeto de procedimiento.

Los magistrados de la sala de apelación sí han dejado dentro, sin embargo, todo lo referido a la cátedra y en especial la vinculación de ésta con el empresario también imputado Juan Carlos Barrabés, que fue recomendado desde el curso universitario, en el que colaboraba, de cara a la obtención de determinados contratos públicos.

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