Una jueza amiga de López Aguilar mantiene vivo el 'caso Reparos'

Una jueza amiga de Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y actual europarlamentario del PSOE, es una de las magistradas que mantiene vivo el caso Reparos en los tribunales. La magistrada Esther Nereida García está entre los tres jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que firman un auto que reabre esta investigación por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de La Laguna cuando gobernaba Coalición Canaria y que fue archivada hace dos años en la pieza separada que afectaba al exalcalde Fernando Clavijo y en la otra parte, ahora reabierta, que afecta principalmente a ediles de CC entre los años 2015 y 2019.

El auto resuelve a favor de un recurso de apelación presentado por el denunciante de esta causa, el exsenador y exedil socialista en el Ayuntamiento lagunero Santiago Pérez -amigo de López Aguilar-, contra la decisión de sobreseimiento provisional adoptada por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna en 2023 en la parte que afecta al gobierno municipal de La Laguna liderado por Coalición Canaria (CC) cuando era alcalde José Alberto Díaz.

La magistrada Esther Nereida García aparece en unas fotos compartidas en las redes sociales de López Aguilar celebrando un cumpleaños recientemente en compañía de otros miembros de la judicatura y abogacía tinerfeña. En las imágenes se la ve al lado del político grancanario y europarlamentario en un encuentro distendido. A su lado posa también la pareja sentimental de Juan Fernando López Aguilar, Sandra Rodríguez, abogada de Santiago Pérez al inicio de las denuncias presentadas por el exsenador autonómico por el PSOE en relación al caso Reparos y otro procedimiento que fue archivado de forma definitiva, el caso Grúas. En dicho encuentro se celebraba el cumpleaños de una abogada, hermana de la magistrada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife María Vega Álvarez, que igualmente aparece en las fotografías.

Este recurso de apelación solo afecta a la parte del caso Reparos que investigaba supuestas irregularidades durante el mandato del nacionalista José Alberto Díaz, pues la denuncia que afectaba a los años de mandato del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuando estaba al frente del Ayuntamiento lagunero quedó archivada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando éste ya era senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese momento, los cinco magistrados de la Sala –Manuel Marchena, presidente, así como Antonio del Moral, Andrés Palomo, Pablo Llarena y Javier Hernández– descartaron que Clavijo cometiera delito alguno al levantar los reparos del interventor a la prórroga de contratos municipales entre 2011 y 2014, firmados por el político nacionalista cuando era alcalde de La Laguna, entre 2008 y 2015 para garantizar la continuidad de servicios fundamentales para el municipio.

Los otros magistrados que han resuelto a favor de volver a resucitar el caso Reparos son José Félix Mota Bello (presidente) y Marìa Teresa Hernández Sánchez (ponente). Este recurso, que ha sido estimado por la Audiencia Provincial, se fundamenta en una decisión previa del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna que había dictado el sobreseimiento provisional al no observar ninguna irregularidad en los concejales laguneros y apoyándose en la decisión del Supremo de archivar previamente la pieza separada de Clavijo.

La Audiencia Provincial acepta el recurso de Santiago Pérez y pide otra resolución «motivada»

Fundamentos del auto

La apelación, según el escrito presentado por Santiago Pérez, cuestionó dicho sobreseimiento provisional del caso Reparos. En este sentido, la Audiencia Provincial exige ahora que se dicte una nueva resolución «debidamente motivada», criticando la falta de análisis individualizado de unos hechos que ocurrieron hace 10 años. Las personas que volverán a ser investigadas por este procedimiento son el exalcalde José Alberto Díaz así como cinco exediles del Gobierno lagunero: Atteneri Falero, Aymara Calero, Agustín Hernández (CC), Javier Abreu y Mónica Martín (PSOE). También vuelven a estar imputados tres funcionarios: Asier Amador, Rosa García y Carlos Gómez.

La sala, no obstante, señala que no es ahora el momento procesal oportuno para decidir si el archivo de la causa fue correcto, pero sí mantiene que se ha incumplido lo que se había dicho en un auto anterior (23 de enero de 2024), previo al sobreseimiento de mayo. Lo que critica, principalmente, es que el auto que se recurrió no explica bien por qué se debe cerrar la causa.

Hay que recordar dos hechos relacionados con una causa que CC ha calificado de persecución política. A finales de 2023, el recurso presentado por el socialista Santiago Pérez al archivo del caso Reparos ya levantó ampollas en el PSOE, una causa que se abrió por una denuncia suya de 2018 contra Clavijo y otros políticos de CC en La Laguna. Pérez tomó esta decisión de espaldas al partido y a título personal, denunció entonces el PSOE lagunero, que mostró su disgusto con esta decisión «unilateral». Ni la dirección nacional ni la regional apoyaron esta medida. Hoy el PSOE gobierna en La Laguna con CC como socio.

En este recurso del caso Reparos, Santiago Pérez tampoco contó con la asistencia de Sandra Rodríguez, la destacada dirigente socialista y abogada que lo representó en esta misma causa y otra que abrió el político lagunero contra Clavijo, el caso Grúas. Esta causa también fue archivada, como el caso Reparos, al descartarse cualquier indicio delictivo en la gestión del líder de los nacionalistas.

El PSOE había criticado al que fuera su senador autonómico por apelar el archivo de la causa a espaldas del partido

Reproche de Anticorrupción

Otro episodio relevante fue el tirón de orejas de la Fiscalía Anticorrupción a Santiago Pérez por sus ataques al archivo del caso Reparos. En octubre de 2023, la Fiscalía Anticorrupción reprocha al exsenador y exconcejal lagunero del PSOE las críticas a la resolución del Tribunal Supremo de archivar su denuncia contra Fernando Clavijo y otros políticos y otros políticos nacionalistas. Lo hizo en un escrito en el que el fiscal de esta unidad especial Antonio Romeral solicitó que se desestimase el recurso de Santiago Pérez contra el sobreseimiento de la causa.

«Por enésima vez lo reiteramos, el Supremo ha manifestado que no se dan los elementos del tipo [penal en el caso Reparos], dando por finalizado el procedimiento». Fue la respuesta que da Anticorrupción en el mencionado escrito a la insistencia de Santiago Pérez, expresada en su recurso, de considerar el fallo de uno de los máximos tribunales de España como carente de una explicación razonable y suficiente para concluir que ni Clavijo ni los otros responsables municipales cometieron delito alguno.

En el escrito en el que Anticorrupción pidió que se desestimara el recurso de Santiago Pérez, el fiscal aseguró que los argumentos del denunciante son tan erróneos como "imprecisos". Y lo hizo además de forma contundente, con un tono que se puede interpretar como un reproche. "La Fiscalía, en ningún caso, aspira a corregir al Tribunal Supremo en una resolución clara y que además cualquier intento contrario está destinado al fracaso", concluye el fiscal Antonio Romeral.

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