A quién beneficia la ley de amnistía tras el aval del Constitucional: Políticos y ciudadanos afectados

Cuando se acaba de cumplir un año de la promulgación de la ley de amnistía, los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo aún siguen esperando que les sea aplicada, aunque ya saben que la ponencia del Tribunal Constitucional que será votada este mes de junio avala la constitucionalidad de la medida de gracia y rechaza la mayor parte del recurso interpuesto por el PP. El criterio que fijen en esa resolución se extenderá a todos los demás: los interpuestos por las comunidades gobernadas por ese partido y Castilla-La Mancha, y las cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por el propio Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y la Audiencia de Madrid.

El TC cuenta con resolver todos los recursos contra la amnistía entre junio y final de año

Pero la esperada declaración de constitucionalidad de la norma por parte del TC no significa que se les vaya a aplicar a ellos. Al menos no automáticamente, porque el Supremo consideró que el delito de malversación por el que se condenó y el procesamiento en rebeldía del expresidente Carles Puigdemont entraba dentro de las excepciones de la propia ley, lo que ella misma impedía la aplicación, y la propia ponencia no se pronuncia al respecto. Aun así, ellos podrán esgrimir la sentencia ante el Supremo para tratar de agilizar una resolución favorable antes de que se resuelvan sus recursos de amparo, lo que no se espera hasta final de año. También habrá que ver si el alto tribunal decide recurrir a la baza de consultar con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al entender que también afecta a los intereses de la UE, antes de revisar su negativa.

Amnistiados

Pero que los líderes independentistas sean los que están más lejos de verse beneficiados por la ley, no significa que no haya servido para nada. Según Òmnium Cultural, 178 personas imputadas en causas penales vinculadas al ‘procés’ se han visto beneficiadas de la amnistía. La mayoría de los exculpados por la aplicación de la ley del olvido habían participado en las manifestaciones de otoño de 2019 contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los dirigentes independentistas. Sin embargo, quedan aún procesos pendientes de resolver de una forma definitiva.

La entidad soberanista calcula, por otra parte, que han sido amnistiados 164 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. Entre ellos están 46 policías nacionales imputados por las cargas en varios puntos de votación durante el referéndum del 1-0, una decisión que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

En suspenso

Además, los jueces han suspendido la aplicación de la amnistía en 48 casos al elevar cuestiones de inconstitucionalidad al Constitucional o prejudiciales al TJUE. Y respecto a otras 407 personas, Òmnium no tiene constancia de que exista una respuesta judicial o que se haya tramitado la ley del perdón

Entre los procesos que no están cerrados figura el del diputado de ERC Josep Maria Jové, el exparlamentario Lluís Salvadó y la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, pendientes de juicio por haber participado en la logística del 1-O. En julio del año pasado, el Tribunal Superior de Catalunya presentó una cuestión de inconstitucionalidad y otra prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque, a su entender, ley de amnistía vulnera la Constitución y la normativa de la Unión Europea.

La cuestión contra la amnistía del Supremo en manos del TC arrastra a todos los asuntos del 'procés'

Es una de las tres dudas que elevó el TSJC. El Supremo solo elevó una cuestión de inconstitucionalidad, al tener que pronunciarse sobre unos manifestantes de Girona que la emprendieron a pedradas contra los juzgados tras la sentencia del 'procés'. El resto de asuntos en los que tenía que resolver en casación quedaron pendientes del pronunciamiento del TC sobre la remitida. Entre ellos figuraba la revisión de las condenas que tras la derogación de la sedición quedaron reducidas a desobediencia o la impuesta al exalcalde de Sabadell Matíes Secarrant (de Crida per Sabadell), al haber facilitado el referéndum ilegal del 1-O.

La Audiencia de Barcelona también está pendiente de decidir sobre la amnistía de los 40 exaltos cargos de la Generalitat, empresarios e informáticos procesados por los preparativos del 1-O, a los que se les atribuye los delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia y falsedad. La fiscalía ha solicitado que se le aplique la ley del perdón para la mayoría y que solo se siga el procedimiento contra dos acusados, los exsecretarios generales del Diplocat Albert Royo y Rosa Clavell, pero por unos hechos vinculados a una presunta prevaricación.

También acudió al TJUE el Tribunal de Cuentas, que paralizó la sentencia que preparaba sobre el 1-O y la acción exterior del Govern a la espera de lo que acuerde la justicia europea sobre la amnistía la responsabilidad contable por el desvío de dinero público.

Primeros beneficiados

Los primeros amnistiados fueron el 'exconseller' de Interior Miquel Buch, que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación y prevaricación por fichar de asesor a un sargento de los Mossos, Lluís Escolà, que actuó como escolta del expresident Carles Puigdemont en el extranjero y al que también se aplicó la ley de perdón. Ese mismo día, el 25 de junio, el TSJC puso la directa e hizo lo propio con 16 activistas condenados por protestas entre 2018 y 2019; a uno de ellos se le habían impuesto siete años de cárcel. Desde ese día el goteo de personas amnistiadas por jueces y tribunales fue constante sobre todo en los primeros meses de aplicación de la norma.

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