El deporte del 'sindicato mediatico-politico-judicial' de atacar al Tribunal Constitucional

Es posible que la gente crea, dado como está el patio madrileño, que el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, fue elegido, cuando era magistrado de la Sala Segunda del tribunal Supremo, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para incorporarse como magistrado del TC en 2017.

Y la gente tiene que saber que Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) llegó al TC por elección del Senado, tras acuerdo del Partido Popular y el PSOE precisamente en 2017 por un periodo de nueve años que vencen en marzo de 2026. Y en 2023, al renovarse una terna de magistrados, tocaba elegir presidente entre los magistrados de la terna que había entrado en 2017. Conde-Pumpido fue, pues, elegido presidente.

Una cosa que la gente tampoco tiene que saber es que el TC cuenta con probablemente el equipo más prestigioso de letrados en todas las especialidades de Derecho. Esos letrados están asignados a cada uno de los 11 magistrados que componen el llamado tribunal de garantías.

Uno de esos letrados se llama Juan Carlos Duque Villanueva y es el mayor experto en derecho parlamentario de este país. Duque ingresó en 1989, hace 33 años, en el TC como letrado y fue nombrado secretario general adjunto del TC.

Conde-Pumpido le nombró a cargo del grupo de letrados que se encargó de trabajar con la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, en la elaboración del borrador de ponencia en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP de Alberto Núñez Feijóo, un atacante frecuente de Conde-Pumpido y el TC, que se empezará a debatir el 10 de junio con la idea de votar el día de San Juan, el 24 de junio.

"Duque es un primer espada. Es muy institucional, es consciente de las diversas sensibilidades dentro del Tribunal, es quien da rigor jurídico a las decisiones. Es el que tiene la jurisprudencia del tribunal en la cabeza", dice una antigua letrada a EL PERIÓDICO. "El cuerpo de letrados es relevantísimo porque es quien mantiene el funcionamiento del tribunal. Elaboran los informes de admisión a trámite de los recursos y también, no pocas veces, lo que es el borrador de las sentencias", añade. "El ambiente es de compañerismo, pides que te echen un cable y lo consigues. Cada uno lógicamente tiene su idea" precisa.

Algunos letrados tienen formación y categoría que nada tienen que envidiar a la de los propios magistrados. "Muchas veces el magistrado indica claramente el objetivo que debe seguir el letrado, pero también es el letrado el que, en muchos casos, ilumina al magistrado", señala una fuente judicial consultada.

En diciembre de 2017, España estaba bajo los efectos del 'procés' independentista en Catalunya. Juan Carlos Duque visitó en aquellos días El Salvador para participar en un coloquio de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Allí, Duque explicó: "La justicia constitucional a veces es una justicia de riesgo. Habitualmente es muy pacífica porque solo se critican resoluciones que tienen trascendencia política, cuando una decisión judicial es una decisión que tiene consecuencias políticas entonces se abre el plano, y ahí la crítica es inevitable. Entonces, como un poder público el tribunal tiene que ser sometido a la crítica pública, lo que no puede aceptar son presiones, pero la crítica es buena a las resoluciones de los tribunales, una crítica serena, una crítica pensada" apuntó.

A la pregunta de si existe una receta para evitar que intereses sectoriales invadan el tribunal, Duque contestó: "La única receta válida para esta receta es que los poderes se comporten con lealtad institucional, con el respeto a la Constitución, porque cualquier ruptura institucional es una ruptura que va a pagar el Estado".

Según explicó Duque, "la esencia de la jurisdicción constitucional es el límite entre el poder legislativo y la jurisdicción constitucional, porque una de las labores del Tribunal Constitucional es controlar la labor del legislativo. Expulsar la ley que es contraria al ordenamiento constitucional, ahí siempre ha habido fricciones, y lo que tiene que haber es una especie de 'self restrict' [autorestricción] por parte del propio tribunal, es decir, limitarte a tu jurisdicción y actuar dentro de esta".

Precisamente, la ponencia para la que ha trabajado Duque pretende limitarse a considerar la ley de amnistía en la jurisdicción constitucional y rechaza entrar en las denuncias sobre autoamnistía por razones políticas lanzadas contra la ley, motivos que se atribuyen tanto al propio texto legal como al sector progresista del TC.

Duque ha definido, precisamente, que la labor del TC consiste en "expulsar la ley que es contraria al ordenamiento constitucional". Ahora la derecha y la derecha acusan al TC de lo contrario, a saber, de introducir la ley de amnistía que, según ellos, es contraria a la Constitución. Y, por tanto, sin nombrarle, también atacan a los que, como Duque, han colaborado con ello.

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