Sánchez acelera las transferencias a Euskadi mientras sigue parada la delegación de inmigración a Catalunya

El pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y el PNV se ha traducido en un acelerón de las transferencias de competencias a la comunidad autónoma vasca. Sin haberse llegado todavía al ecuador de la legislatura, se han materializado un total de siete. Las mismas que se realizaron a lo largo de toda la legislatura pasada. Además, se ha sumado otra a Navarra -la de tráfico-, que también pactó el Ejecutivo con los nacionalistas vascos. Una hiperactividad que contrasta con el balance del resto de comunidades autónomas.

Las otras comunidades que integran este listado son Catalunya y Galicia, aunque de forma testimonial. La ordenación y gestión del litoral, en el caso de la Xunta, y las becas universitarias, transferida a la Generalitat. El Consejo de Ministros aprobó su cesión de esta última el pasado mes de abril y se hará efectiva a partir de enero del próximo año. La transferida a Galicia se convierte en la primera tras casi 17 años de sequía, con las últimas arrancadas en la época del bipartito de PSdeG-PSOE y BNG.

En la anterior legislatura recibieron nuevas competencias en manos del Estado un mayor número de comunidades, además de las referidas, como fue el caso de Canarias, Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Comunidad de Madrid. Con Catalunya se avanzó en materia de becas y aprobó la cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación estatal cuyo convenio para el traspaso definitivo no se cerró hasta febrero del pasado año.

La delegación de las competencias a la Generalitat en materia de inmigración sigue esperando. PSOE y Junts todavía no han registrado en el Congreso el proyecto de ley para desarrollar su acuerdo, tras el que los posconvergentes retiraron su petición de moción de confianza, ante la falta de apoyos parlamentarios. Más avances se han producido respecto al traspaso de Rodalies, pactado con ERC en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, con la intención de que la futura empresa mixta entre el Estado y la Generalitat comience a operar a partir del 1 de enero de 2026.

El PNV arrancó al Ejecutivo un compromiso para cerrar todas las transferencias pendientes en el estatuto de Gernika. Ahora restarían un total de 25, incluido el régimen económico de la Seguridad Social. Este compromiso se ratificó también en el acuerdo de coalición con el PSE-EE tras las últimas autonómicas.

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El Gobierno vasco está apretando al ministerio de Política Territorial, que dirige Ángel Víctor Torres, para acelerar los plazos. Así, el siguiente bloque de traspasos que se negociará tiene que ver con la gestión de los puertos y aeropuertos de interés general y las políticas pasivas de empleo, además de la Seguridad Social. Esta última es la más compleja.

En el Ejecutivo ya pusieron el freno a esta transferencia desde el principio de la legislatura, pero durante los últimos meses se han producido conversaciones discretas para desencallarlo. Diálogo, discreción en las negociaciones y garantía de que “el Gobierno cumple sus acuerdos”, suelen repetir desde Moncloa. La intención pasa por avanzar por fases, diferenciando las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro, que vinculan a diferentes ministerios.

Mossos y Ertzaintza

Las dos últimas competencias trasferidas a Euskadi, el pasado mes de marzo, fueron las de permisos de trabajo a personas extranjeras y meteorología. Se sumaron a las de gestión de litoral, Cercanías, homologación de títulos extranjeros, producciones cinematográficas y las relativas a funciones y servicios de inmigración. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, hace ahora siete años, Euskadi acumula alrededor de un 60% de las competencias transferidas a las comunidades autónomas.

Más allá de los traspasos, el Gobierno también ha avanzado esta legislatura tanto con Catalunya como con Euskadi en el marco de la Junta de Seguridad para extender competencias de las fuerzas de seguridad autonómicas. En el caso de la Generalitat, se acordó la integración de los Mossos con la Guardia Civil en el sistema de emergencias del 112. La Ertzaintza, por su parte, ha extendido sus funciones en los puertos y aeropuertos, también de forma coordinada con la Guardia Civil.

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