PP y Vox fuerzan que el Tribunal de Cuentas audite a Bildu por recibir subvenciones con condenados por terrorismo en sus listas

La presencia de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu a las elecciones autonómicas de mayo de 2023 sigue coleando en el Congreso. Este martes, PP y Vox han unido sus votos para exigir al Tribunal de Cuentas que fiscalice a la formación abertzale y aclare si debieron recibir más de un millón de euros en subvenciones, pese a incluir a condenados por pertenecer a ETA. La iniciativa ha provocado las críticas de PSOE, PNV y EH Bildu, que consideran que los populares están haciendo un "uso partidista" del Tribunal de Cuentas.

En los comicios del 28 de mayo de 2023, EH Bildu presentó en sus listas electorales a 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre. El revuelo político que se formó llevó a estos últimos siete candidatos a retirarse, mientras que el resto se mantuvo en las listas. El Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización de esas elecciones, apunta que en un principio se mostró contrario a conceder las subvenciones, alegando que el partido no cumplía con el artículo 127.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se detalla la prohibición de otorgar subvenciones a aquellas formaciones que incluyan condenados por terrorismo salvo que "hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".

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No obstante, en el mismo documento, aclaran que en una posterior consulta de la Dirección General de Política Interior obtuvieron dos informes de la Abogacía del Estado. El primero se oponía a conceder la subvención y el segundo, presentado tras las alegaciones de EH Bildu, sostenía que "sí procedía el abono" de las mismas" y que, por tanto, el Tribunal de Cuentas, "sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión", daba el visto bueno a la entrega de las subvenciones. En esos días, el entonces coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, suscribió el compromiso de su formación "con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas".

Debate parlamentario

Sin embargo, el PP considera que el Tribunal de Cuentas cometió una "dejación de funciones" al no entrar en el fondo del asunto, lo que "ha facilitado que EH Bildu cobre una subvención electoral de 1.300.000 euros". El senador popular Eloy Suárez Lamata ha denunciado que el TC debería haber manifestado "su criterio sobre la regularidad de los ingresos o si al menos tenía alguna duda razonable de que hubiera algún incumplimiento". En este sentido, ha señalado que la principal consecuencia es que "se cercenó el derecho al control parlamentario" y que "[Pedro] Sánchez está un poquito más tranquilo" tras el pago a sus socios.

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A excepción de Vox, el resto de formaciones que han intervenido han criticado el paso del PP. La senadora del PNV María Dolores Extano ha denunciado "las urgencias políticas" de los conservadores y ha asegurado que el informe del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones autonómicas de 2023 aún está en trámite. "Esta solicitud no tendría efecto alguno salvo despilfarrar recursos públicos", ha concluido. También lo ha hecho el senador de EH Bildu Josu Estarrona que ha tildado la iniciativa del PP de "otro episodio de las derechas para la instrumentalización de todos los resortes del Estado". Y, por último, el senador socialista Oriol Almirón ha recalcado que la única intención del PP es "mantener abierto un debate sobre la legitimidad" de EH Bildu.

¿Un convicto puede ir en las listas electorales?

Sí. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) recoge en su artículo 6 quiénes pueden presentarse a las elecciones. En su apartado 2, donde se detallan los casos de personas inelegibles, se hace mención a los "condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el periodo que dure la pena" y a los "condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo (...) cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".

Es decir, cualquier persona que haya sido sentenciada por un delito que conlleve la pena de privación de libertad podrá presentarse a las elecciones una vez haya cumplido su condena. Eso sí, el artículo 127.4 detalla que no se devengarán subvenciones cuando "en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".