Proponen procesar al principal socio de Aldama y a la empresaria que dijo haber entregado una mordida al PSOE por sus negocios con una empresa que ocultó 4,7 millones

La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, Margarita Valcarce de Pedro, ha propuesto procesar al empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, -a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le acusa de conformar junto al comisionista Víctor de Aldama la cúspide de una organización criminal que habría cometido un fraude de 182 millones en el IVA de los hidrocarburos-, y a la empresaria Carmen Pano, -que aseguró haber entregado una mordida en Ferraz-, por sus presuntas relaciones empresariales con la firma LSK Servicios Auxiliares. Esta compañía está acusada de ocultar unos beneficios de 4.784.981 euros, según especifica un auto de 25 de abril, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

"En el año 2020, la mercantil LSK Servicios Auxiliares, con la finalidad de defraudar a la Hacienda Pública, no declaró la totalidad de los ingresos percibidos ni consignó en su autoliquidación del impuesto sobre sociedades su auténtica cifra de negocio", indica la resolución, que destaca que esta compañía "se ha deducido gastos y cuotas de IVA y del Impuesto de Sociedades", al mismo tiempo que ha aportado "facturas falsas" de prestaciones de servicios "inexistentes". También se han descontado "gastos privados de lujo y de ocio y vida cotidiana de los socios, como vehículos de alta gama, que se pretenden vincular al uso de la sociedad", explica el auto, que se enmarca en una causa diferenciada del conocido como caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional.

Y en 2021, la mercantil "ni siquiera" presentó la declaración del Impuesto sobre Sociedades, "a pesar de desarrollar una actividad económica que le genera pingües beneficios, ocultando así sus beneficios a la Hacienda Pública que ascienden a la suma de 4.784.981 euros", reitera la jueza, que resalta que la compañía presentó las autoliquidaciones de IVA "con datos ficticios" recogiendo en el primer y tercer trimestre un resultado de cero, mientras que en el segundo y en el cuarto trimestre presentó autoliquidaciones que no recogen la totalidad de los ingresos.

Un fraude de dos millones

Así, la Agencia Tributaria ha podido comprobar que en 2020 la empresa que hizo negocios con Pano y Rivas Ruiz-Capillas facturó por un valor de 3.932.966 euros, y en 2021 se elevó hasta 4.016.134 euros. La suma de las cuotas defraudadas asciende a dos millones de euros, concluye la magistrada. Sin embargo, la defensa de Claudio Rivas resalta que su cliente “no está en absoluto vinculado con dicha sociedad”.

El auto pone de manifiesto, además, que con "idéntica finalidad defraudatoria se emitieron facturas confeccionadas" por estas tres empresas, Everglades Broker, Bludger Combustibles y Ornus Import, que "simulaban operaciones con la mercantil LSK, permitiéndole deducir cuotas de IVA y evitando los ingresos en las arcas públicas". También ofrecían "gastos ficticios con los que minorar la base imponible del impuesto sobre sociedades".

Así en 2020 Everglades Broker emitió facturas por un importe de 18.392 euros; Bludger Combustibles por 7.865 euros y Ornus Import por 26.015 euros. Esta última empresa facturó en 2021 por un importe de 46.018 euros. "Todas estas facturas se refieren a servicios inexistentes siendo por ello facturas falsas", concluye la jueza Margarita Valcarce de Pedro.

En este sentido, la defensa del empresario sostiene que en la acusación contra su cliente únicamente “se plantea que una sociedad de la que el señor Rivas fue administrador podría haber emitido determinadas facturas por valor de 15.200 euros a LSK Servicios Auxiliares por servicios no prestados en el año 2020, lo que se traduce en un impacto en la cuota tributaria presuntamente defraudada de 3.000 euros”.

Además, destaca que “los propios funcionarios de la Hacienda Pública sugieren que las facturas supuestamente emitidas por las sociedades Everglades Broker y Bludger Combustibles parecen haber sido ‘autoconfeccionadas’ por personal de la empresa LSK Servicios Auxiliares, sin la más mínima participación ni connivencia de mi defendido ni de los otros investigados”.

Sin embargo, la jueza Margarita Valcarce de Pedro propone el procesamiento de los mencionados Carmen Pano y Claudio Rivas Ruiz-Capillas, pero también de otros de los implicados en los hechos: Luis Ruiz Guillén, Sergio López de las Heras y las empresas Everglades Broker, Bludger Combustibles y Ornus Import.

La instructora considera que de las diligencias de instrucción practicadas, tanto de las declaraciones de investigados como de las periciales, así como del "exhaustivo informe elaborado por la inspección portuaria y del informe del equipo regional de delito fiscal", se desprenden indicios de la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda pública, en relación con el impuesto sobre el Valor añadido, períodos impositivos comprendidos en los años 2020 y 2021, y con el impuesto sobre sociedades, ejercicios 2020 y 2021, siendo los indicios contra los investigados "suficientes".

La defensa advierte, por su parte, de que esta resolución judicial “no ha adquirido firmeza, ya que ha sido admitido el recurso de apelación interpuesto contra la misma por la defensa de Claudio Rivas y las de otros investigados”.

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