La expresidenta de Adif y el responsable de Carreteras durante la etapa de Ábalos, citados el próximo 21 como imputados en la Audiencia Nacional

El magistrado Ismael Moreno, que instruye parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha citado el próximo 21 de julio a la que fuera presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al que fuera director general de Carreteras Javier Herrero , ambos en calidad de investigados, tras recibir del Tribunal Supremo los "consistentes indicios" contra ellos que se incluían en el informe que le fue remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El oficio detalla que ambos habrían "podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones" asistencia al exministro José Luis Ábalos a través de su exasesor Koldo García.

Su ayuda habría sido destinada a "que las adjudicaciones proyectadas por ellos (Koldo y Ábalos) pudieran llegar a buen término", facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los diferentes expedientes, o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor, les impartía.

Los investigadores detallaban en ese informe que Koldo García "se valía, presuntamente, de la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del director general de Carreteras, Javier Herrero", para la "manipulación" de procesos de contratación.

Conversaciones grabadas

Entre los indicios más potentes, una conversación grabada por Koldo García el 18 de noviembre de 2020, en la que el asesor ministerial pedía con insistencia a la entonces presidenta de ADIF una adjudicación para "LIC (Levantina, propiedad de José Ruz), en un primer momento tratando que fuese de mantenimiento, y ante la negativa de Pardo de Vera, proponiendo que fuera de emergencia".

Ésta le respondió que acababan de adjudicar un contrato a esta empresa hacía poco tiempo y darle otra iba a resultar sospechoso, aunque "se comprometió", según los agentes, "a sopesar las opciones para poder adjudicarle alguna obra a la constructora". "Le hemos dado una de 700.000, hace nada, eh. Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo", contestó Pardo de Vera a García, que "departía directamente" con la dirigente de ADIF.

Pardo de Vera ya declaró ante el juez Moreno su momento, aunque como testigo, en relación con el pelotazo de compra de mascarillas por parte de la trama para el Ministerio de Transportes, y había sido ya citada como imputada --aunque la comparecencia se suspendió-- por "la contratación aparentemente irregular" de Jésica Rodríguez --ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos-- en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

Las viviendas de Pardo de Vera y Herrero fueron registradas por la UCO el pasado 26 de junio por orden del juez Moreno. En dicha fecha, los agentes también se personaron en Adif y Carreteras para hacer una serie de requerimientos.

Joseba pide el archivo

Por su parte, el hermano de Koldo, Joseba García, ha vuelto a pedir que se archive la causa contra él, que también está imputado en la Audiencia Nacional, y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha solicitado un informe a la Fiscalía, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Abunda su defensa que desde la detención de Joseba el 20 de febrero de 2024, y su posterior negativa a declarar el 21 de febrero del mismo año, no se ha ordenado ni practicado diligencias alguna dirigida específicamente a esclarecer su supuesta participación en los hechos. "Más aún, durante el registro de su vehículo y pertenencias, solo se hallaron efectos personales y un teléfono móvil, el cual fue incautado sin que se haya aportado informe pericial alguno que demuestre la existencia de datos de relevancia penal en su interior", añade la defensa, por lo que a su juicio la instrucción ha avanzado sin que existan elementos adicionales que refuercen su implicación en la trama.

Afirma además, sobre el informe de la UCO que analiza los dispositivos de Koldo, que únicamente recoge "serie de hipótesis" sobre su presunta participación en la ocultación del patrimonio del investigado principal. "Sin embargo, tales afirmaciones se construyen sobre apreciaciones subjetivas, careciendo de soporte probatorio concreto", insiste la defensa. "El simple hecho de aparecer como cotitular de determinadas cuentas o de realizar transferencias dentro de un entorno familiar no permite deducir sin más una conducta delictiva", subraya.