Iberdrola pide cambios de legislación y fiscales para prorrogar las nucleares

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, considera necesarios cambios por parte del Gobierno en la legislación actual y en la fiscalidad para que se pueda solicitar la ampliación de la vida útil del parque nuclear español y sea una tecnología «económicamente viable». En el caso de la Central Nuclear de Almaraz, aporta anualmente unos 435 millones de euros en impuestos y tasas.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Galán afirmó este miércoles que con la legislación actual, si no hay ningún cambio, «desde luego no se va a solicitar esta ampliación». En cualquier caso, se mostró convencido de que ese «obstáculo» se podrá superar.

«Está muy claro, la fiscalidad actual hace que este plan no sea económicamente viable, incluso aunque sea la mejor solución económica para mantener las luces encendidas», advirtió el principal responsable de Iberdrola, que es la compañía con una mayor porción de la propiedad de la central de Almaraz (52,7%, por un 36% de Endesa y un 11,3% de Naturgy).

"La solución más eficiente"

Y es que Galán reiteró que, en su opinión como ingeniero, las centrales nucleares son «la solución más eficiente para mantener las líneas conectadas», lo que ha hecho que «todos los países ya estén ampliando su vida». «No solamente en Europa, otros países también están ampliando la duración de los programas nucleares», dijo.

No obstante, apuntó que España tiene la posibilidad de combinar diferentes fuentes de energía para garantizar la seguridad de suministro, aunque estimó que el coste para la ciudadanía será «mucho más caro» que si se mantienen abiertas las centrales nucleares.

«Esto exige de una decisión, pero nosotros no confeccionamos la política energética, esto lo hacen los gobiernos, y el Gobierno tiene que tomar esa decisión», arguyó, reconociendo que, de todas maneras, se está en un «diálogo continuo» con el Ejecutivo.

Voluntad "absolutamente clara"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aseveró por su parte que la voluntad de las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz por la continuidad de la planta es «absolutamente clara». Frente a ello, «lo único que conocemos por parte del ministerio y de la ministra es que hay una negociación paralela para otorgar la singularidad energética a Cataluña», lamentó.

María Guardiola subrayó que las empresas propietarias de Almaraz han enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pidiendo la prórroga de la planta al año 2030, así como «sentarse en una mesa para analizar cuáles son las condiciones que ahora mismo están asumiendo las propietarias, sobre todo en materia de fiscalidad, y que hacen inviable la continuidad de la central nuclear».

Ante esta situación, Guardiola consideró que la ministra tiene que «sentarse de una vez por todas con las propietarias, con las comunidades autónomas», así como «tomar una decisión desde el sentido común y no desde el sectarismo y desde la ideología, sin más».

Finalmente, la presidenta extremeña adelantó que desde el Gobierno regional no se van a resignar: «Vamos a pelear y lo vamos a hacer hasta el final con todas las herramientas que tengamos en nuestra mano para que no se cierre».

Tras la publicación ayer por este diario de la información en la que se recogía que las propietarias de la central extremeña la han puesto ya «en modo cierre», el presidente la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, insistió en que continuará exigiendo tanto al Gobierno central como a las eléctricas la continuidad de la nuclear extremeña.

"Que entren en razón"

«Voy a hacer todo lo posible para que el gobierno y las empresas entren en razón y prioricen los intereses de los ciudadanos, y no los intereses políticos, ni los empresariales, ni los intereses privados». En su opinión, «todos los partidos políticos de Extremadura y todos los ciudadanos de Extremadura tenemos que estar unidos para exigir a las empresas y al gobierno que se pongan de una puñetera vez de acuerdo para que la Central Nuclear de Almaraz no se cierre».

También se pronunció sobre esta cuestión el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que reafirmó que la central es «una comunidad de bienes» que tiene que tomar «los acuerdos al 100 por cien», de manera que «si los socios no están de acuerdo al 100 por cien no se puede hacer nada» y «son las empresas quienes tienen que pedir la prórroga», pero es algo que «están retrasando».

Aagesen niega la singularidad catalana

Por otro lado, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aseguró ayer que el Gobierno «no está negociando ninguna singularidad nuclear» con Cataluña. Asimismo, hizo hincapié en que las tres propietarias de Almaraz «no han presentado ninguna propuesta conjunta», al tiempo que aclaró que no ha tenido «ninguna interacción» con ellas. «Tengo la convicción de que si las empresas quieren hacer una propuesta, desde luego les está costando mucho porque no llegan», esgrimió la ministra, que rechazó una rebaja fiscal que suponga un incremento de la factura de los costes de los consumidores: «No es una vía que desde el Gobierno podamos emprender».

Precisamente, el Grupo Popular registró este miércoles en la Asamblea una propuesta de pronunciamiento contra la posibilidad de un acuerdo de «singularidad nuclear» para Cataluña, que amplíe el plazo de cierre de las centrales nucleares en esta comunidad autónoma, y que calificó como «cuponazo nuclear catalán». Según el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez está negociando la continuidad de las centrales nucleares en Cataluña mientras quiere cerrar la central nuclear de Almaraz, algo que ha calificado como «auténtica vergüenza».