El juez Peinado valora ofrecer a Hacienda ser acusación contra Begoña Gómez para reclamar por su presunta malversación

Una vez el pasado sábado inició la senda que puede llevar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante un tribunal del jurado por malversación, el juez Juan Carlos Peinado tiene pendiente decidir sobre una nueva batería de diligencias de pruebas que han sido solicitadas por las acusaciones populares en relación con las presuntas gestiones privadas de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez. Entre ellas, la de ofrecer acciones a Hacienda para que se persone como acusación y reclame por los perjuicios económicos ocasionados al Estado.

Concretamente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid debe resolver si, como tal como le solicitan las acusaciones bajo la dirección letrada de Hazte Oír, ofrece o no acciones a la Abogacía del Estado, en representación de la Intervención General "para que se persone como acusación particular y actúe en defensa de los intereses patrimoniales del Estado".

El objetivo es reclamar a la mujer de Pedro Sánchez una indemnización por daños y los perjuicios económicos "que se desprendan directamente de los actos ilícitos cometidos e investigados" en esta pieza separada. Se investiga la colaboración de Álvarez en la búsqueda de financiación para la cátedra de Transformación Social Competitiva que la mujer de Pedro Sánchez codirigía en la Universidad Complutense, lo que excedía sus obligaciones públicas y podría haber "afectado gravemente al erario público".

En su escrito, que se extiende a lo largo de 25 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se argumenta a favor de la existencia de indicios de malversación y se solicita otra decena de diligencias de prueba, que incluyen una investigación patrimonial a la trabajadora en Moncloa.

¿Por qué debe volver a declarar Sánchez?

Además, el escrito argumenta en favor de la petición de que el presidente del Gobierno vuelva a ser llamado a declarar como testigo. Se trata de una reclamación que las acusaciones ya adelantaron el pasado sábado, cuando se celebró la vista ante Peinado para comunicar que el asunto irá por el tribunal del jurado, y que las acusaciones consideran "imprescindible"

El objetivo sería el de esclarecer el grado de "conocimiento, supervisión, consentimiento o tolerancia" que, en su doble condición de Jefe del Ejecutivo y esposo de Begoña Gómez, pudo tener Sánchez respecto de las actividades de la asistente.

"Su testimonio es esencial para determinar cuándo y cómo tuvo conocimiento de la contratación de la investigada Álvarez, el alcance real de las funciones que esta desempeñaba, y las instrucciones u omisiones de control interno que se produjeron en relación con la diferencia entre agenda pública y agenda privada", una diferencia que, según apuntan, diferenció la propia Álvarez ante el juez el pasado 10 de septiembre. La trabajadora también apuntó, en todo caso, que la labor de asistencia a la mujer del presidente del Gobierno le llevaba "las 24 horas los siete días a la semana".

Agregan que la comparecencia de Sánchez, que ya fue citado a finales de julio de 2024 y se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa, serviría para "corroborar o desmentir las manifestaciones de las investigadas, esclarecer las eventuales órdenes o consentimientos para la utilización de personal, tiempo de trabajo, vehículos oficiales, escoltas y otros medios públicos en beneficio particular". Incluso para "acreditar el conocimiento directo que necesariamente le corresponde por su cargo y por su relación personal con la principal beneficiaria del desvío de fondos".

Batería de Diligencias

Otras diligencias solicitadas pasan por insistir en un careo entre la asistente y el que fuera su superior Alfredo González Gómez, que quedó en el aire antes del verano, así como un requerimiento "exhaustivo" de todos los correos electrónicos y "cualquier tipo de soportes cruzados" entre Begoña Gómez y su asistente.

En cuanto a esta última, se solicita su vida laboral e incluso una "averiguación" patrimonial que debe incluir información de sus salarios --requerida a Presidencia del Gobierno--una petición a la Agencia Tributaria sobre sus declaraciones de la renta, además de una nueva declaración del exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, que ha entregado 121 correos que acreditan la correspondencia entre ambos.

Finalmente, requieren librar oficio al Ministerio de Félix Bolaños a efectos de que certifique la relación de Puestos de Trabajo desde 2018 hasta la actualidad, "incluyéndose los cambios que se han realizado durante los años citados, relacionados con el puesto de María Cristina Álvarez Rodríguez, sus superiores jerárquicos y sus dependientes jerárquicos".

Suscríbete para seguir leyendo